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Como hemos señalado, desde un punto de vista material la culpabilidad tiene como elemento básico, fundamental, el poder obrar de otro modo del sujeto, esto es, la posibilidad de actuar de modo distinto, acorde con las exigencias del ordenamiento jurídico. Ahora bien, para poder actuar de modo conforme con las exigencias del ordenamiento jurídico es necesario, en primer lugar, que el sujeto pudiese comprender el carácter ilícito de su conducta (de modo que pudiese abstenerse de realizarla, en los delitos de acción, o se viese motivado a actuar, en los delitos de omisión, al conocer el desvalor de su conducta) y, además, que pudiese actuar de acuerdo con dicha comprensión.

No parecen existir dudas en la doctrina sobre que la posibilidad de comprender el carácter ilícito del comportamiento y la posibilidad de actuar conforme a esa comprensión requieren que el sujeto haya alcanzado un determinado grado de madurez en su desarrollo y que posea también unas determinadas cualidades biopsíquicas. Mientras un sujeto no ha alcanzado un determinado grado de desarrollo o cuando un sujeto no tiene unas determinadas condiciones biopsíquicas no se le concede la capacidad para comprender el carácter ilícito de su conducta y/o para actuar conforme a dicha comprensión. Dicho con otras palabras: se considera que es inimputable.

 Ej. 21.1: Puede ocurrir que un niño de nueve años comprenda el desvalor de la apropiación de cosas ajenas, pero seguro que la cuestión no se responde del mismo modo para un niño de cuatro años.
 Ej. 21.2: Rodolfo R. padece un delirio erotomaníaco, creyendo que Paula S. está enamorada de él, sentimiento al que él corresponde. Así, accede a su correspondencia (física y electrónica) provocando múltiples molestias a Paula. El delirio de Rodolfo le impide comprender el desvalor jurídico de sus actos,dado que considera que no está descubriendo los secretos de Paula sino que, simplemente, se están conociendo mejor, «sin que las limitaciones en la intimidad rijan para los amantes verdaderos».

De este modo, de acuerdo con la doctrina ampliamente mayoritaria, se suele definir la imputabilidad como la capacidad de comprender lo ilícito de la conducta y de actuar conforme a dicha comprensión y, por tanto, como capacidad de culpabilidad. La evolución de esta categoría desaconseja comprenderla, sin embargo, como presupuesto de la culpabilidad y nos hace considerarla, directamente, el primer elemento de la reprochabilidad (en esta linea, también MARTÍNEZ GARAY, MOLINA FERNÁNDEZ).

Dado que la culpabilidad es más que la posibilidad de actuar de acuerdo con la comprensión de la norma, no parece correcto considerarla presupuesto de la culpabilidad, esto es, algo que se daría con carácter previo a ella y sería, como tal, algo distinto a la misma —además de que se trata de una exigencia referida al hecho concreto, esto es, que ya está superada su anterior comprensión como un requisito de carácter general—. Por otro lado, desde una perspectiva material, podría pensarse que la culpabilidad es la conciencia de la antijuridicidad, lo que también resulta desacertado. Incluso la existencia de una regulación específica se ha discutido (ANTÓN ONECA, ARDNT), lo que no parece correcto, ya que razones de seguridad jurídica y el temor a exenciones injustificadas de pena legitiman su mantenimiento.

Además, razones didácticas explican que resulte útil seguir hablando de capacidad de comprender el carácter ilícito de la conducta y de capacidad para actuar conforme a dicha comprensión, una vez hechas las correspondientes precisiones. Normalmente los Códigos penales no contienen una definición de imputabilidad, sino que se limitan a regular los supuestos en que se considera excluida la misma. Por esta razón se dice que el ordenamiento jurídico presupone la imputabilidad, dado que solo la excluye en determinadas circunstancias.

El Código penal español no es una excepción a lo que acabamos de decir. En ningún precepto define la imputabilidad o la inimputabilidad, limitándose a regular una serie de causas que doctrina y jurisprudencia consideran que son causas de exclusión de la capacidad de culpabilidad, causas de inimputabilidad. Es el caso de las eximentes de anomalía o alteración psíquica (art. 20.1 CP), de intoxicación plena y síndrome de abstinencia (art. 20.2 CP) y de grave alteración de la conciencia de la realidad por sufrir alteraciones en la percepción desde el nacimiento o desde la infancia (art. 20.3 CP). Sin embargo, a partir del contenido de las eximentes, la definición, el concepto de imputabilidad, podrá extraerse a contrario.

Si observamos los números 1, 2 y 3 del art. 20 CP podemos ver que en los tres casos se queda exento porque, por determinadas razones, no se puede comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión. De esta forma, no resulta difícil concluir que no se quedará exento cuando uno pueda comprender la ilicitud del hecho y actuar conforme a dicha comprensión —sin que debamos entender que baste con dichas exigencias, pues existen, como veremos, otros supuestos de exención de pena, en la culpabilidad y en la punibilidad—. Esto es, partiendo de la regulación de la inimputabilidad (de la exención de pena por inimputabilidad), llegamos a la imputabilidad (posibilidad de comprender lo ilícito del hecho y de actuar conforme a dicha comprensión).

Esta definición, por lo demás, concuerda con la que se deduce del concepto normativo de culpabilidad que seguimos y resulta más adecuada que otras que se han utilizado en nuestro país.

Así, durante mucho tiempo se consideró la imputabilidad como la «capacidad de entender y de querer», por influencia de la regulación del Código penal italiano (art. 85). El problema principal es que si un sujeto no tiene capacidad de entender y de querer, difícilmente podríamos considerar que actúa partiendo de un concepto finalista de acción: ¿cómo podría actuar dirigiendo la causalidad a un fin previamente fijado si carece de capacidad de querer y, por tanto, de actuar hacia un fin querido? Dicho de otro modo, quedaría ya excluida la acción u omisión como primer elemento del delito.

 Ej. 21.3: Marco N. sufre epilepsia. Una tarde, se encuentra en una cristalería y cuando comienzan las convulsiones derriba una estantería, lo que, a su vez, produce otros daños. El ataque epiléptico fue acompañado de pérdida de conciencia. En este supuesto no puede decirse que Marco N. sea inimputable pues la pérdida de la capacidad de comprender y querer —durante el ataque ha perdido la conciencia— tiene una repercusión anterior en la teoría del delito con su análisis secuencial: los movimientos realizados durante el ataque, las convulsiones, no pueden considerarse acción. De este modo, más que de inimputabilidad, hablaremos de ausencia de acción.

Nuestro Tribunal Supremo utilizó durante un largo período de tiempo el concepto de imputabilidad como capacidad de entender y de querer, aunque también aparece frecuentemente el de capacidad de comprensión de lo ilícito de la conducta y de actuar conforme a dicha comprensión. Incluso los ha utilizado como sinónimos en muchas ocasiones, pese a que no lo son (SSTS 23/11/93 y 15/04/1998). Con todo, modernamente lo más frecuente es que utilice el concepto de imputabilidad como capacidad de comprender lo ilícito de la conducta y de actuar conforme a dicha comprensión (SSTS 09/05/2008, 02/07/2009, 10/03/2009).

La posibilidad de comprender la ilicitud del hecho se refiere al conocimiento de la ilicitud de su comportamiento, esto es, es el conocimiento de la contrariedad del mismo con el ordenamiento jurídico. La conciencia de lo injusto material (de la lesión o el peligro del bien jurídico consecuencia de la conducta prohibida u ordenada) será, por tanto, suficiente. Como no hay diferencias en este punto entre imputables e inimputables estudiaremos esta cuestión en la lección siguiente, al tratar el contenido de la conciencia de la antijuridicidad.

 Ej. 21.4: Si nos fijamos nuevamente en el ejemplo 21.2, podemos ver cómo Rodolfo no tiene conciencia del desvalor de su conducta. Incluso puede entender perfectamente que no se debe acceder a la correspondencia de otras personas (y estar de acuerdo con ello), en cuanto eso es una vulneración de su intimidad. Lo que ocurre es que, por el delirio que padece, considera que el acceso que tiene a la correspondencia de Paula no vulnera la intimidad de la misma, pues entre verdaderos enamorados no se tienen en cuenta las reglas generales. La conciencia de la antijuridicidad, como vemos, va referida a los actos concretos que uno realiza, sin que baste con el conocimiento de reglas generales.