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1. La alegación en el trámite del art. 52.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) de la existencia de una causa de inadmisibilidad no puesta de manifiesto como posible en el trámite del art. 50 de la misma Ley obliga a que la Sala aborde ese problema antes de entrar en el fondo del asunto, puesto que la apreciación de la concurrencia de tal causa implicaría la necesidad de una Sentencia desestimatoria al convertirse en esta fase del proceso las causas de inadmisibilidad en causas de desestimación. Como la representación del querellado en el proceso a quo ha alegado el incumplimiento del requisito del art. 44.1 de la LOTC, consistente en el agotamiento de la vía judicial previa, causa cuya posible existencia no planteó de oficio la Sección Tercera, que en su providencia de 20 de febrero de 1985 acordó no la apertura del trámite del art. 50, sino la admisión a trámite de la demanda, es forzoso que comencemos ahora por resolver sobre si la demandante de amparo agotó o no la vía judicial previa. El argumento aducido de contrario consiste en que la Sentencia de apelación anuló las actuaciones sólo a partir del Auto de admisión de la querella y que, quedando ésta admitida por el Auto de 19 de febrero de 1982, la querellante debió instar la continuación, tal como se le hizo ver por la providencia del Juzgado de Motril de 22 de febrero de 1985. Esta providencia no dice qué es lo que debió instar la querellante, ni la Ley Orgánica 10/1980, de 11 de noviembre, reguladora del proceso penal a quo por falso testimonio, contiene prescripción alguna inmediatamente posterior al Auto de admisión de la querella y que hubiera sido omitida. Por ello, y, sobre todo, por los considerandos de las dos Sentencias impugnadas, hay que concluir que lo que la querellante debió pedir, en opinión del querellado, para cumplir con el requisito de procedibilidad por ella omitido fue la autorización del órgano judicial ante el que se cometió el presunto delito de falso testimonio para proceder criminalmente en persecución del mismo. Como no lo hizo, no agotó, razona la representación del querellado, la vía judicial previa.

No es cierto que la querellante solicitara tal autorización durante la tramitación del procedimiento penal y que tal autorización se le denegara entonces expresamente. Esta afirmación del querellado en su escrito de alegaciones se basa en el considerando segundo de la Sentencia de la Audiencia de Granada. De ser cierto esto, ni la Sentencia de apelación hubiera podido dejar en pie el Auto de admisión de la querella, ni el querellado podría imputar a la querellante la omisión de un trámite que ésta habría cumplido aunque sin éxito para él. Lo cierto sin embargo es que tal solicitud nunca se produjo. En el folio 126 de las actuaciones penales consta que el representante procesal de la querellante a 23 de septiembre de 1981 solicitó testimonio de determinadas preguntas, respuestas y repreguntas de la declaración del testigo don José Millán González «a fin de ejercitar las acciones penales que asisten a mi representada contra Jean Bueno, y su testigo don José Millán González por el delito de falso testimonio»; la providencia del Juez señor Jiménez Burkhardt a 26 de septiembre se limitó a decir que «no ha lugar» a tal petición (folio 127), con lo cual es claro que, con la debida congruencia denegó lo que se le había pedido y no otra cosa más, esto es, que denegó los testimonios solicitados, pero no la autorización para proceder que no se le había pedido. De modo coincidente con ello, en el folio 124 de las mismas actuaciones, hay una certificación en cuyo punto primero consta que «en los mentados autos no existe Auto o providencia autorizando el ejercicio de acciones penales contra don José Millán González». No sólo es que la recurrente nunca formuló tal petición de autorización previa, sino que en su escrito de interposición del recurso de apelación contra la Sentencia del Juzgado de Motril alegó y razonó sobre la «no necesidad de la autorización a que se refiere la Sentencia», dándole ya entonces al problema trascendencia constitucional al ponerlo en conexión con los arts. 17, 24, 53. 1, 10.2 y 117 de la Constitución en términos sustancialmente idénticos a los de su demanda de amparo.

Es decir, la querellante no formulo tal petición ni antes de la Sentencia de instancia, ni después de ella, ni después de la apelación, porque en todo momento entendió que no era exigible porque no era constitucional. La afirmación de la inconstitucionalidad de tal exigencia se basa, como veremos, entre otros argumentos, en la inexistencia de precepto legal alguno en apoyo de tal pretendido requisito de procedibilidad. De este modo sucede que la existencia o no de un agotamiento de la vía judicial se confunde con la misma cuestión de fondo puesta de manifiesto por la parte querellante y ahora recurrente con plena coherencia, ya que sólo si la autorización previa constituye un presupuesto de procedibilidad cabe exigirle que la solicite para cumplir con el requisito del art. 44.1 de la LOTC, pero para saber si es necesaria o no tal condición de procedibilidad es ineludible plantear su confrontación con las normas constitucionales alegadas y en particular con el art. 24 de la Constitución. La identidad entre la cuestión de admisibilidad de este recurso de amparo y el fondo del mismo no permite en modo alguno considerar incumplida la exigencia del art. 44.1 a) de la LOTC, al mismo tiempo que nos obliga a analizar ya la cuestión de fondo, no sin antes resolver algunas otras alegaciones hechas por las partes.

2. La representación procesal de don José Millán González, en cuyo escrito de alegaciones se observa una cierta obsesión por la ocultación de hechos, según ella, realizada por la parte demandante del amparo, atribuye a ésta haber ocultado a este Tribunal su condición de extranjera. Sobre esto importa señalar, en primer término, que tal ocultamiento, ni siquiera en grado de intento, no se aprecia en la actuación procesal de la actora, en cuyo poder notarial de representación procesal aportado por ella junto con la demanda como es preceptivo, si bien no se dice expresamente que no sea española, sí que se hace constar el número y fecha de expedición de su permiso de residencia, y en cuyo escrito de alegaciones, cláusula tercera, se declara expresamente su extranjería con varias circunstancias alusivas a tal condición. En segundo lugar es claro que tal supuesto ocultamiento hubiera sido efímero, pues admitido el recurso de amparo y recibidas por este Tribunal (arts. 51 y 52 de la LOTC) las actuaciones judiciales, la ocultación se habría desvanecido, toda vez que en el folio 1 de aquéllas figura junto al nombre y demás datos personales de la allí querellante su nacionalidad alemana. En tercer término hay que señalar, a propósito no ya del ocultamiento sino de la extranjería, que ésta es irrelevante en relación con el derecho constitucional controvertido, que en este caso (al margen de otras alegaciones improcedentes) es el derecho fundamental a una tutela judicial efectiva.

Es verdad, como afirma el representante del querellado, que nuestra Constitución «es obra de españoles», pero ya no lo es afirmar que es sólo «para españoles». El párrafo 1 del art. 13 de la Constitución no significa que los extranjeros gozarán sólo de aquellos derechos y libertades que establezcan los tratados y las leyes, como parece entender la mencionada representación procesal. Significa, sin embargo, que el disfrute por los extranjeros de los derechos y libertades reconocidos en el Título I de la Constitución (y que por consiguiente se le reconoce también a ellos en principio, con las salvedades concernientes a los arts. 19, 23 y 29, como se desprende de su tenor literal y del mismo art, 13 en su párrafo segundo) podrá atemperarse en cuanto a su contenido a lo que determinen los tratados internacionales y la Ley interna española. Pero ni siquiera esta modulación o atemperación es posible en relación con todos los derechos, pues «existen derechos que corresponden por igual a españoles y extranjeros y cuya regulación ha de ser igual para ambos» (Sentencia del Tribunal Constitucional 107/1984, de 23 de noviembre, Sala Segunda, fundamento jurídico cuarto, «Boletín Oficial del Estado» de 21 de diciembre); así sucede con aquellos derechos fundamentales «que pertenecen a la persona en cuanto tal y no como ciudadano» o, dicho de otro modo, con «aquellos que son imprescindibles para la garantía de la dignidad humana que conforme al art. 10.1 de nuestra Constitución constituye fundamento del orden político español» (ibidem, fundamento jurídico tercero).

Pues bien, uno de estos derechos es el que «todas las personas tienen... a obtener la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales», según dice el art. 24.1 de nuestra Constitución; ello es así no sólo por la dicción literal del citado articulo («todas las personas...»), sino porque a esa misma conclusión se llega interpretándolo, según exige el art. 10.2 de la C.E., de conformidad con el art. 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, con el art. 6.1 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 y con el art. 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York de 16 de diciembre de 1966, textos en todos los cuales el derecho equivalente al que nuestra Constitución denomina tutela judicial efectiva es reconocido a «toda persona» o a «todas las personas», sin atención a su nacionalidad. Por consiguiente, en el caso que examinamos, la nacionalidad alemana o española de quien nos pide amparo es irrelevante para otorgarlo o denegarlo.

Con ese derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (y no con el del art. 17.1 que se refiere a la seguridad física y en cuanto tal no tiene nada que ver con el caso presente, aunque la demandante considere que ha sido aquí vulnerado) hay que confrontar el presupuesto procesal en un proceso penal por falso testimonio consistente en la exigencia de la autorización previa concedida por el órgano judicial ante el que se prestó la declaración supuestamente constitutiva de aquel delito.

3. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha exigido de modo reiterado la autorización previa del órgano judicial ante el que se prestó la declaración como requisito de procedibilidad para perseguir el delito de falso testimonio, como se comprueba con la lectura de numerosas Sentencias, todas ellas, por cierto, anteriores a la promulgación de la actual Constitución, pues no consta que tras de su promulgación haya tenido que pronunciarse el Tribunal Supremo sobre el mismo problema. Acerca de tal doctrina cabe señalar: a) Que no es unánime, pues la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de junio de 1965, en su considerando primero, declaró que «no hay precepto penal ni procesal que reserve a aquél (id est, al Tribunal a quo) la iniciativa para la persecución de dicho delito, ni que imponga a las partes autorización alguna para la denuncia o querella correspondientes, por lo que no habiendo posibilidad legal de declarar la nulidad de lo actuado por ilegitimidad de su origen, procede entrar en el fondo del asunto». b) Que la falta de precepto legal que imponga ese requisito de procedibilidad es reconocida sin excepción por las Sentencias del Tribunal Supremo que sin embargo lo exigen, alguna de las cuales expone cómo tal requisito, existente en anteriores Códigos Penales, desapareció en el de 1932 y está asimismo ausente en el de 1944 y en las reformas posteriores de éste, pese a lo cual tal supresión legal «no puede en si considerarse como derogación de un criterio jurisprudencial que con anterioridad, y por un precepto legal explícito, pudiera estar judicialmente formulado» (Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de mayo de 1965, considerando segundo); o, como dice otra Sentencia, el problema de la necesidad o no de la autorización judicial «hay que resolverlo, a falta de precepto literalmente aplicable, de acuerdo con la doctrina dominante de esta Sala» (Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de noviembre de 1969, considerando primero); c) Que la justificación de tal exigencia jurisprudencial, sin ser única e invariable a tenor de las diferentes Sentencias, consiste, a juicio del Tribunal Supremo, en que «siendo el delito del falso testimonio contra la Administración de Justicia» se impone la consideración de «que sea ésta, la que intervino jurisdiccionalmente en el asunto de origen, la que en cada caso abra el camino al proceso penal» (Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de abril de 1981, considerando primero); doctrina que la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de noviembre de 1969 enuncia diciendo que tal exigencia es obligada «por tratarse de un delito contra la Administración de Justicia, en donde el bien jurídico protegido no es el de la persona a quien pueda afectar la resolución judicial obtenida por procedimientos irregulares, sino esa misma resolución», y que la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de mayo de 1965 había sin embargo matizado diciendo que al Tribunal ante el que se declaró corresponde emitir el tanto de culpa, «y a su recto criterio debe reservarse la iniciación del proceso que pueda conducir a la sanción de tales hechos atentatorios al primordial interés público de la Administración de Justicia, superior a los privados de que las partes puedan hacer uso conforme al principio dispositivo que inspira el proceso civil».

El contenido de esta línea argumental es sumamente endeble, porque ni el falso testimonio es un delito cualificado por el resultado (art. 329 del Código Penal), lo cual haría razonable la autorización del órgano ante el que se cometió en cuanto que él fue el más o menos inducido a juzgar en un determinado sentido en función o no de la declaración reputada como falsa; ni el bien jurídico protegido en el delito de falso testimonio es sólo el de la Administración de Justicia; ni el interés del particular ofendido, aunque fuera secundario, puede quedar inerme ante la denegación de la autorización judicial previa no exigida por precepto legal alguno. Pero esta última afirmación debe ser razonada más por extenso.

4. En el considerando primero de la Sentencia del Juzgado de Motril se dice que la autorización para proceder criminalmente «es un requisito de ineludible cumplimiento que obedece a una construcción doctrinal reiteradamente mantenida por el Tribunal Supremo, resolutoria, a falta de precepto literalmente aplicable, del problema». Es innegable que desde 1932 la exigencia de tal presupuesto procesal se deriva de la doctrina del Tribunal Supremo, pero no es del todo exacto el carácter doctrinal de la construcción originaria, ya que en normas anteriores al Código Penal de 1932 sí que tuvo base el Tribunal Supremo para exigir tal requisito de procedibilidad. Tampoco es exacto decir que existe una falta de precepto literalmente aplicable» como si nos halláramos ante una laguna legal que fuese necesario llenar, o ante una situación regulada por el legislador de modo incompleto, cuyas normas, existentes, pero no suficientes o dispersas o no claras, el Tribunal Supremo interpretara integrándolas y construyendo sobre ellas el citado presupuesto procesal, hipótesis en la cual la jurisprudencia del Tribunal Supremo cumpliría una función integradora que habría que considerar en principio lícita (como en supuesto parecido dijimos en nuestra Sentencia 89/1983, de 2 de noviembre, fundamento jurídico tercero). En este caso, por el contrario, lo cierto es que, como se desprende de las Sentencias citadas en el anterior fundamento jurídico, el Tribunal Supremo ha reconocido con reiteración que para exigir la autorización judicial previa no se basa en ninguna norma, y así vienen también a reconocerlo las Sentencias aquí impugnadas. Ocurre, además, que tal norma existió en nuestro ordenamiento, pero fue suprimida a partir del Código Penal de 1932. Ni los Tribunales sentenciadores en el proceso penal previo a este de amparo han tenido norma legal alguna con fundamento en la cual exigir la autorización previa, ni la doctrina del Tribunal Supremo, único apoyo de las Sentencias aquí impugnadas, tiene tampoco fundamento legal alguno.

Este Tribunal ha dicho que «el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva comprende el de obtener una resolución fundada en Derecho, que podrá ser de inadmisión cuando concurra alguna causa legal para ello y así lo acuerde el Juez o Tribunal en aplicación razonada de la misma». El contenido normal de este derecho es, según hemos señalado, el de obtener una resolución de fondo, salvo cuando exista alguna causa impeditiva prevista por la Ley que no vaya en contra del contenido esencial del derecho, que ha de respetar el legislador (arts. 81 y 53 de la Constitucion) (Sentencia del Tribunal Constitucional 68/1983, de 26 de julio, fundamento jurídico sexto, Sala Primera). De modo casi idéntico, esta misma Sala ha insistido en el carácter legal de la causa impeditiva de que el Tribunal a quo entre a dar una resolución de fondo, al señalar que el contenido del derecho a la tutela judicial efectiva «queda satisfecho con la obtención de una resolución judicial fundada en Derecho, y que tal resolución podrá ser de inadmisión siempre que concurra una causa legal para declararla y así lo acuerde el Juez o Tribunal en aplicación razonada de la misma» (Sentencia del Tribunal Constitucional 104/1984, de 4 de noviembre, Sala Segunda, fundamento jurídico cuarto, BJC, 43, página 1353). Es evidente que esta aplicación judicial razonada de la causa legal no puede consistir en una función repetitiva de la literalidad de la norma, pues, como dijimos en la antes citada Sentencia del Tribunal Constitucional 89/1983, el Juez (y menos el Tribunal Supremo) no puede quedar reducido «a ejecutor autómata de la Ley». Pero esa interpretación implica una norma legal a interpretar cuando se trate de una resolución judicial que niegue la resolución sobre el fondo. Y así ha de ser, porque siendo el derecho a la tutela judicial efectiva no un derecho de libertad, ejercitable sin más y directamente a partir de la Constitución, sino un derecho de prestación, sólo puede ejercerse por los cauces que el legislador establece o, dicho de otro modo, es un derecho de configuración legal; pero ni el legislador podría poner cualquier obstáculo a tal derecho fundamental, pues ha de respetar siempre su contenido esencial (art. 53.1 de la C.E.), ni nadie que no sea el legislador puede crear impedimentos o limitaciones al derecho a la tutela judicial, cuyo ejercicio «sólo por Ley» puede regularse (art. 53.1 de la C.E.).

Como la exigencia de la autorización judicial previa concedida por el Juez ante el que se prestó la declaración presuntamente constitutiva de delito de falso testimonio no viene impuesta por norma legal alguna y sí sólo por doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo (anterior en todo caso a la vigente Constitución), procede declarar que tal exigencia vulnera el derecho fundamental a una tutela judicial efectiva reconocido por el art. 24.1 de la C.E., que no puede verse trabado por decisiones judiciales no apoyadas en normas legales. Por todo lo cual procede otorgar el amparo solicitado y anular las Sentencias que en este caso violaron el derecho fundamental invocado.