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1. Con fecha 9 de enero de 1985 tuvo entrada en este Tribunal la demanda de amparo interpuesta por doña Bärbel Margret Bowitz contra la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 1 de Motril de 8 de junio de 1984 y contra la dictada en apelación de la anterior por la Audiencia Provincial de Granada el 14 de diciembre de 1984.

Los antecedentes de hecho, tal y como se desprenden de la demanda y de la documentación que la acompaña, son los siguientes:

La hoy demandante de amparo interpuso en su día querella por presunto delito de falso testimonio en causa civil contra don José Millán González. Tras la tramitación de la querella por el procedimiento de la Ley Orgánica 10/1980, de 11 de noviembre, el Juzgado de Motril pronunció la Sentencia citada por la que se absolvía al acusado sin entrar en el fondo del asunto, «fundando exclusivamente tal decisión (según se dice en el fallo de la Sentencia) en el hecho de faltar el requisito que en el delito de falso testimonio en causa civil exige inexcusablemente el Tribunal Supremo, consistente.en que para que pueda perseguirse y sobre todo sancionarse tal delito es condición indispensable que el Tribunal Civil que conoció del asunto donde se prestó por los acusados la declaración reputada de falsa, conceda la necesaria autorización para proceder criminalmente contra los mismos».

Contra esta Sentencia apeló la parte querellante, adhiriéndose a la apelación el Ministerio Fiscal. Resolvió el recurso la Audiencia Provincial de Granada por medio de su Sentencia antes citada, en cuyo fallo desestima el recurso y declara la nulidad de actuaciones desde el momento del Auto de admisión de la querella. En el considerando tercero, la Sentencia de la Audiencia niega que la promulgación de la actual Constitución Española afecte a la doctrina del Tribunal Supremo, anterior a ella, relativa a la necesidad de autorización previa para la persecución del falso testimonio en causa civil; a juicio de la Audiencia, tal autorización no supone que puedan conculcarse los derechos que consagran los arts. 17.1 y 24.1, ni tampoco viola lo dispuesto en los arts. 10.2 y 117 de la Norma de normas.

Por su parte, la demandante de amparo lo pide por violación de sus derechos a la seguridad jurídica (art. 17 de la C.E.) y a la tutela efectiva de Jueces y Tribunales. Su argumento básico es que no existe norma legal alguna que imponga como requisito de procedibilidad del falso testimonio prestado en causa civil la autorización previa del órgano juzgador de aquella causa, sino que tal exigencia se funda únicamente en la doctrina del Tribunal Supremo, doctrina por lo demás cambiante y, en todo caso, anterior a la promulgación de la Constitución, cuyo art. 53 declara que sólo por Ley podrá regularse el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas. En el suplico de la demanda se pide que este Tribunal declare inconstitucional la exigencia de autorización previa para querellarse por el delito de falso testimonio, que anulemos las dos Sentencias impugnadas y que se retrotraigan las actuaciones al momento inmediatamente anterior al de pronunciar la Sentencia en la instancia, para que el Juzgado de Motril competente la dicte entrando en el fondo del asunto.

2. La Sección Tercera, por providencia de 20 de febrero de 1985, acordó admitir a trámite la demanda, así como, en consecuencia, dirigir atenta comunicación al Juzgado de Instrucción núm. 1 de Motril para que remitiera las actuaciones del procedimiento regulado por la Ley Orgánica 10/1980 y tramitado con el núm. 100/1982, así como copia de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada en apelación; todo ello con emplazamiento previo de quienes fueron parte en el citado procedimiento.

Remitidas las actuaciones y comparecido el querellado en el procedimiento penal de referencia, la Sección Cuarta, por providencia de 27 de marzo, acordó tener por personado y por parte en el presente proceso constitucional de amparo a don José Millán González a través de su representante; acusar recibo de las actuaciones y dar vista de las mismas a la recurrente, al Ministerio Fiscal y a la representación procesal de don José Millán González, conforme determina el art. 52.1 de la LOTC.

3. En su escrito de alegaciones, la demandante indica algunas precisiones de carácter procedimental y otras relativas al proceso a quo, y por lo que se refiere al fondo del asunto, resume y reitera la fundamentación de su pretensión de amparo.

En sus alegaciones, el representante de don José Millán González pide Sentencia desestimatoria del recurso de amparo. El esquema de su argumentación es el siguiente: 1) La Sentencia de la Audiencia no puso fin al procedimiento porque en su fallo sólo anuló las actuaciones «desde el momento del Auto de admisión a trámite de la querella interpuesta»; razón por la cual el Juzgado de Motril, cuando recibió las actuaciones devueltas por la Audiencia con su Sentencia incluida, dictó a 22 de enero de 1985 («hecho ocultado por esa parte») una providencia en la que, tras acordar el acuse de recibo, se disponía que se hiciera «saber la llegada de los Autos a la representación del acusador particular, y requiérasele para que en el término de diez días inste lo que a su derecho convenga». Por lo tanto, no ha terminado la fase judicial ni se ha cumplido lo dispuesto en el art. 44.1 de la LOTC porque el acusador querellante «ha hecho que decaiga ese derecho de reapertura por no instar la fase penal para la que fue requerida»». 2) Se ha ocultado la condición de extranjera de la recurrente, lo cual tiene trascendencia en este recurso de amparo constitucional porque «la Constitución es obra de españoles y para españoles solamente, lo expresa bien claramente el art. 13.1 », «los extranjeros gozarán en España... en los términos que establezcan los tratados y la Ley», y no se ha alegado por la recurrente qué Ley o qué tratado ha sido conculcado. 3) A mayor abundamiento, los arts. 17 y 24 de la Constitución no han sido vulnerados. La recurrente ha tenido acceso a los Tribunales, pero ocurre que para el ejercicio de su acción debió cumplir con el requisito de procedibilidad exigido por la jurisprudencia del Supremo; y no puede alegarse con fundamento por la demandante de amparo el art. 53.1 de la Constitución, ya que éste «se está refiriendo no al recurso de amparo sino al recurso de inconstitucionalidad, pues el art. 53.1 remite al 161.1 a)». 4) Tampoco se han vulnerado ni el art. 10.2, cuya alegación carece de fundamentación explícita, ni el 117 de la C.E., cuya alegación carece de trascendencia. Importa hacer constar que la querellante, como dice el considerando segundo de la Sentencia de la Audiencia, «y se ha callado muy hábilmente» la ahora demandante del amparo solicitó la autorización, ésta le fue expresamente denegada «y no recurrió la denegación». 5) Lo que se pretende no es un recurso de amparo por no haber tenido acceso «a la protección del Juez competente», sino «una declaración de inconstitucionalidad sin utilizar este tipo de recurso». 6) Por otrosí, y tras el petitum principal consistente en una Sentencia denegatoria del amparo, pide que si no consta la condición de extranjera de la demandante, que puede aparecer en el poder otorgado «si no la han ocultado al Notario autorizante», se pida al Juzgado de Motril si existe constancia de ello en el procedimiento penal.

El Fiscal ante el Tribunal Constitucional formuló oportunamente sus alegaciones que terminan con la petición de que se otorgue el amparo a la recurrente. Sus principales argumentos son los siguientes: 1) Si bien es cierto que hay numerosas Sentencias del Tribunal Supremo que exigen en estos casos la autorización previa, también lo es que tal requisito carece de base legal, según reconoce la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de junio de 1965, así como la circular núm. 4 de la Fiscalía del Tribunal Supremo de 1946 (pág. 192). 2) Los argumentos jurisprudenciales invocados han sido claramente criticados porque, si bien en el delito de falso testimonio entran en juego intereses públicos, como son los de la Administración de Justicia, también entran en juego los intereses privados de las partes en litigio; por otro lado hay que tener en cuenta que el Tribunal Penal no puede resultar en absoluto condicionado por el juicio formado por el órgano judicial ante el que hipotéticamente se vertió la falsedad. 3) Todos estos problemas de legalidad ordinaria cobran trascendencia constitucional en relación con el art. 24 de la C.E., porque el derecho a la tutela judicial efectiva «resultaría mediatizado si se condicionara a un requisito de procedibilidad no exigible», como sucede con la autorización previa que «no aparece establecida en precepto legal alguno».

4. La Sala, por providencia de 19 de junio, ordenó que, una vez incorporadas a las actuaciones las alegaciones, se entregara «copia de las mismas a las partes». Asimismo fijó para deliberación y votación el día 18 de septiembre próximo.