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1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 23 de marzo de 2001, la Letrada del Parlamento de Navarra, actuando en nombre y representación de la Cámara, en virtud de los Acuerdos del Pleno y de la Mesa de 23 y 22 de marzo, respectivamente, interpuso recurso de inconstitucionalidad contra los puntos 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 20, 50, 53 y 56 del artículo primero de la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

En el escrito rector de este proceso constitucional la impugnación de la referida Ley Orgánica se fundamenta en las razones que a continuación se exponen sucintamente:

a) Una vez desarrollados los fundamentos de Derecho de orden procesal, en los que se afirma la legitimidad del Parlamento de Navarra para interponer el presente recurso, y el cumplimiento del plazo para presentarlo, se inician los fundamentos de orden sustantivo con el examen de los distintos preceptos impugnados, todos contenidos en el artículo primero de la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre.

El primer precepto recurrido es el punto 5 de dicho artículo, que da una nueva redacción al apartado 1 del art. 7 de la Ley Orgánica 4/2000, en el que se reconoce a los extranjeros el derecho de reunión pero somete su ejercicio a la circunstancia de haber obtenido autorización de estancia o residencia en España. Según la representación del Parlamento de Navarra el precepto es contrario al art. 21 CE en conexión con la Declaración universal de los derechos humanos, el Pacto internacional de derechos civiles y políticos (1966), y los arts. 9, 11 y 14 del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales (CEDH). Según la clasificación que realizó la STC 107/1984, el derecho de reunión se configura como un derecho de la persona en cuanto tal, derivado de la dignidad humana (art. 10 CE), y por tanto no admite distinción en su ejercicio entre españoles y extranjeros. Al limitar su ejercicio efectivo a quienes hayan obtenido autorización de estancia y residencia en España, el precepto impugnado establece una diferencia esencial de trato que carece de cobertura constitucional por ser incompatible con la configuración del derecho como manifestación colectiva de la libertad de expresión ejercitada a través de una asociación transitoria (STC 85/1988).

b) El punto 6 del artículo primero da nueva redacción al art. 8 de la Ley Orgánica 4/2000, reconociendo a todos los extranjeros el derecho de asociación, si bien restringe su ejercicio a la obtención de la autorización de estancia y residencia en España. La parte recurrente denuncia la inconstitucionalidad del precepto basándose en fundamentos idénticos a los establecidos en el punto anterior, invocando la STC 115/1987 que señala los límites del legislador para establecer condicionamientos adicionales al ejercicio de derechos por parte de los extranjeros de acuerdo con el art. 13.1 CE.

c) El punto 7 del artículo primero da nueva redacción al apartado 3 del art. 9 de la Ley Orgánica 4/2000, estableciendo el derecho a la educación de naturaleza no obligatoria sólo para los extranjeros residentes. El precepto vulneraría el art. 27.1 CE en relación con el art. 39.4 CE, el art. 28 de la Convención de las Naciones Unidas sobre derechos del niño, y el art. 26 de la Declaración universal de los derechos humanos al impedir de facto el acceso a la enseñanza no básica a los extranjeros menores de dieciocho años que no tengan residencia legal en España. El art. 27.1 CE consagra el derecho del niño a ser escolarizado, lo que comprende tanto la enseñanza básica como la no básica (art. 1 Ley Orgánica del derecho a la educación), que forma parte del contenido esencial de este derecho.

d) El punto 9 del artículo primero da nueva redacción al art. 11.1 de la Ley Orgánica 4/2000, que reconoce la libertad sindical de los extranjeros en las mismas condiciones que los españoles, la cual podrán ejercer cuando obtengan autorización de estancia o residencia en España. A juicio de la entidad recurrente el precepto vulnera el contenido esencial del derecho reconocido en el art. 28.1 CE, y es contrario a lo establecido en el art. 23.4 de la Declaración universal de los derechos humanos, al art. 22 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos, y al art. 11 CEDH. El art. 28.1 CE consagra el derecho a afiliarse al sindicato de su elección tanto a españoles como a extranjeros, y por ello sería contrario a la Constitución que se prohibiera su ejercicio a quienes no obtuvieran autorización de estancia o residencia en España. Por otra parte, al contrario de lo que ocurre con el derecho de huelga, el ejercicio del derecho a la libertad sindical no requiere la condición laboral de su titular. No cabe argumentar, pues, que los titulares del derecho a la libertad sindical sean sólo los trabajadores, y que sólo a estos alcanzan los beneficios derivados de su afiliación.

e) Los puntos 12 y 13 del artículo primero de la Ley impugnada dan nueva redacción a los arts. 16.2, 17.2 y 18.4 de la Ley Orgánica 4/2000, relativos a la intimidad familiar y al reagrupamiento familiar, remitiendo a su posterior desarrollo reglamentario. Dicha remisión “en blanco” se reputa inconstitucional por ser contraria a los arts. 18 y 81.1 CE, ya que los preceptos reformados tienen rango de Ley Orgánica (según la disposición final primera de la Ley Orgánica 4/2000), y sin embargo las condiciones de ejercicio del derecho que regulan se remite a la vía reglamentaria, vulnerando la reserva de Ley Orgánica establecida en la misma Constitución. La remisión reglamentaria de las condiciones de ejercicio del derecho afecta a su contenido y límites, y no a aspectos secundarios del mismo, incumpliendo así las exigencias sobre el alcance de dichas remisiones, tal como han sido interpretadas por el Tribunal Constitucional (STC 83/1984).

f) El punto 14 del artículo primero da nueva redacción al inciso final del apartado 2 del art. 20 (antes 18) y al apartado 5 del art. 27 (antes 25) de la Ley Orgánica 4/2000, preceptos que permiten en algunos supuestos (cuando no se refieran a reagrupación familiar o solicitud de permiso de trabajo por cuenta ajena) que no se motive el acuerdo de denegación de visado. Se denuncia que tales preceptos son contrarios a los arts. 24.1 en relación con el art. 9.3 y 106.1 CE por cuanto no se exige la motivación de una resolución administrativa, impidiendo su control jurisdiccional, menoscabando el derecho de defensa y alentando el carácter arbitrario de las decisiones de la Administración.

g) El punto 16 del artículo primero de la Ley impugnada da nueva redacción al apartado 2 del art. 22 (antes 20) de la Ley Orgánica 4/2000, regulando la asistencia jurídica gratuita. El precepto, que limita la asistencia jurídica gratuita para todos los procedimientos y jurisdicciones a los extranjeros residentes, se reputa contrario al art. 119 en relación con el art. 24.1 CE, así como a los arts. 2 y 10.1 CE, al art. 10 de la Declaración universal de los derechos humanos, al art. 14.1 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos, y al art. 6.1 CEDH. La nueva redacción introduce una limitación a un derecho prestacional y de configuración legal que forma parte del contenido esencial del derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el art. 24 CE, y que supone de facto impedir el acceso a la jurisdicción y el derecho a la tutela judicial efectiva de aquellos extranjeros no residentes que carezcan de recursos para litigar. A pesar de que el legislador puede determinar los casos y la forma en que se puede ejercer este derecho (art. 119 CE), no goza de libertad absoluta sino que debe respetar el contenido constitucional indisponible, según declaró la STC 16/1994.

h) El punto 50 del artículo primero da nueva redacción a los apartados 2 y 8 del art. 57 (antes 53) de la Ley Orgánica 4/2000, autorizando la expulsión de los extranjeros condenados por conducta dolosa que constituya delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año. El precepto se juzga inconstitucional por ser contrario al art. 25.1 CE ya que supone una infracción de los principios de reeducación y reinserción social, así como del principio non bis in idem, conectado con los principios de legalidad y tipicidad de las infracciones y sanciones, al establecer que la causa de la sanción administrativa es la misma que la de la sanción penal. Se aduce, además, que debe considerarse contraria a la Constitución una sanción penal o administrativa que viene fundamentada en una cierta “tipología de autor” y no en la realización de una determinada conducta prohibida.

i) El punto 53 del artículo primero da nueva redacción al art. 60 (antes 56) de la Ley Orgánica 4/2000, que regula el internamiento de los extranjeros en los supuestos de retorno. El precepto vulneraría el art. 17.1 y 2 CE, según la interpretación realizada por el Tribunal Constitucional (STC 115/1987), pues no garantiza que más allá de las setenta y dos horas corresponda a un órgano judicial la decisión sobre el mantenimiento o no de la limitación de libertad ya que de su redacción se desprende que el Juez no tendrá posibilidad de decidir otra cosa distinta al internamiento.

j) El punto 56 del artículo primero añade el art. 63 de la Ley Orgánica 4/2000, en cuyo apartado 2 se establece un plazo de alegaciones de 48 horas en el procedimiento preferente de expulsión tras la incoación del procedimiento sancionador. A juicio de la entidad recurrente el precepto sería inconstitucional por vulnerar el art. 24 CE en relación con el art. 6 del CEDH al producir indefensión, como se desprendería de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que se cita al efecto.

Con base en los fundamentos transcritos, la representación del Parlamento de Navarra solicita que se dicte Sentencia declarando la inconstitucionalidad de los preceptos impugnados.

2. Mediante providencia de 22 de mayo de 2001, la Sección Segunda del Tribunal acordó admitir a trámite el presente recurso de inconstitucionalidad; dar traslado de la demanda y de los documentos presentados, conforme establece el art. 34 LOTC, al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes y al Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, al objeto de que en el plazo de quince días pudieran personarse en el proceso y formular alegaciones que estimasen pertinentes y, finalmente, publicar la incoación del recurso en el “Boletín Oficial del Estado”. Dicha publicación se llevó a efecto en el “Boletín Oficial del Estado” núm. 131, de 1 de junio de 2001.

3. Por escrito registrado el 31 de mayo de 2001, el Abogado del Estado, en la representación que ostenta, compareció en el proceso y solicitó una prórroga del plazo para alegaciones por ocho días más, que le fue concedida por providencia de la Sección Segunda del Tribunal, de 5 de junio de 2001.

4. Por escrito registrado el 8 de junio de 2001, la Presidenta del Congreso de los Diputados comunicó que la Mesa de la Cámara había acordado, en la reunión celebrada el 5 de junio, no personarse ni formular alegaciones en el presente proceso constitucional, poniendo a disposición del Tribunal las actuaciones de la Cámara que pueda precisar.

5. Mediante escrito presentado el 15 de junio de 2001, la Presidenta del Senado comunicó que la Mesa de la Cámara, en su reunión del día 5 de junio, había acordado dar por personada a la Cámara en este procedimiento y por ofrecida su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC.

6. El Abogado del Estado cumplimentó el trámite conferido mediante escrito presentado en el Registro de este Tribunal el 26 de junio de 2001, en el que suplica que, previos los trámites legales, se dicte Sentencia por la que se desestime el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica 8/2000.

a) El escrito se inicia con una consideración previa señalando que nuestra Constitución no establece una equiparación absoluta en materia de derechos fundamentales entre extranjeros y nacionales, ya que el art. 13.1 CE prevé la posibilidad de establecer un régimen especial, y por otro lado, ello no puede deducirse de las expresiones utilizadas en los preceptos constitucionales, ni siquiera poniéndolos en conexión con los arts. 53.1 y 10 CE. En relación con el primero, porque del mismo no se infiere el ámbito subjetivo de los derechos fundamentales, ya definidos en los textos correspondientes, sino unas medidas de garantía de un derecho preexistente. En relación con el segundo, porque a pesar de que la jurisprudencia constitucional ha aplicado el art. 10 CE para señalar aquellos derechos que son imprescindibles para garantizar la dignidad humana, nunca ha afirmado que todos los derechos fundamentales se hayan de aplicar con igual extensión a todos, al margen de su nacionalidad. La generalización de la equiparación entre españoles y extranjeros hace quebrar la argumentación de la demanda, que va en contra del criterio sostenido por el Tribunal Constitucional (STC 107/1984), y de ahí que no pueda aceptarse la afirmación de que los derechos de reunión, asociación, sindicación y huelga son derechos propios de la dignidad humana.

b) A continuación, el Abogado del Estado señala que al plantear el principal problema constitucional que suscita el presente recurso, a saber, si el legislador orgánico ha excedido su capacidad al establecer restricciones a los derechos de los extranjeros, la parte recurrente ha olvidado tener en cuenta la virtualidad del ordenamiento jurídico al configurar la situación jurídica de aquéllos cuando se encuentran en territorio español. Las impugnaciones formuladas, a su juicio, habrían atendido escasamente al presupuesto general de aplicación de la legislación española (el derecho de permanencia en el territorio español), abordando los derechos fundamentales como derechos extraterritoriales con vigencia universal independientemente de cualquier conexión territorial. De este modo, se habría olvidado que el derecho a residir y circular dentro de las fronteras del Estado no son derechos imprescindibles para la dignidad humana, y por tanto, no pertenecen a todas las personas en cuanto tales al margen de su condición de ciudadano (SSTC 107/1984; 94/1993).

Los preceptos impugnados, reguladores de los derechos de reunión, manifestación y asociación, no niegan a los extranjeros el disfrute de las libertades públicas que corresponden a los españoles sino que condicionan su ejercicio a la obtención de la autorización de estancia o residencia en España. Ello no implica que el ejercicio de estos derechos supuestamente preexistentes se vea supeditado a una ocasional autorización administrativa, sino que la autorización tiene un significado constitutivo de un derecho de configuración legal, que nace con la propia autorización, dado que ningún extranjero tiene un derecho propio a residir o circular en España. En el presente recurso no se ha impugnado ninguno de los preceptos de la Ley que condicionan la estancia o residencia en España al cumplimiento de los requisitos legales (art. 25), ni se ha cuestionado el reverso de estas normas, es decir, la irregularidad o ilicitud de las situaciones que por falta de autorización determinan el deber de abandonar el territorio. Y si el presupuesto del ejercicio de los derechos fundamentales es la estancia o residencia en España, resulta difícil reconocer estos derechos en quienes no deben estar en territorio español. Los preceptos impugnados vienen a expresar una incompatibilidad material entre la situación legal de los extranjeros no autorizados a estar o residir y el presupuesto práctico de estos derechos, que es la residencia en España. El legislador, haciendo uso de las facultades de configuración legal (art. 13.1 CE) habría optado por una alternativa plenamente ajustada a la Constitución: definir los términos en que los extranjeros pueden ejercitar determinados derechos fundamentales, excluyendo a quienes con su presencia en España empiezan por vulnerar la propia ley española. No resulta pues consecuente admitir como legítima la expulsión del territorio, y al mismo tiempo combatir una restricción de derechos cuyo ejercicio y efectividad sólo es concebible en una situación normal y regular de residencia en España.

c) Las anteriores consideraciones serían aplicables a los derechos de reunión y asociación, de cuyo ejercicio se excluye a quienes se hallen en España en situación ilegal e irregular. La invocación de la STC 115/1987 por la parte recurrente no sería pertinente para el enjuiciamiento de la Ley impugnada, ya que en la propia Sentencia se establecía una distinción entre la competencia para la suspensión de las asociaciones y la legitimidad de las diferencias de tratamiento entre españoles y extranjeros.

d) En relación con la impugnación de la nueva redacción del art. 9 de la Ley Orgánica 4/2000, que reserva la educación no obligatoria a los extranjeros “residentes”, el Abogado del Estado alega que nos hallamos en presencia de un derecho que presupone un cierto grado de vinculación personal o territorial del beneficiario con España y un grado de justificación presupuestaria, y por ello la supresión de aquella palabra implicaría un régimen de absoluta indiferenciación respecto de la legalidad de la situación y del lugar de residencia física. La expresión “todos” del art. 27 CE, prescindiendo de cualquier restricción subjetiva, comprendería a los extranjeros que estuviesen de hecho en territorio español, pero no se sabría cómo podrían excluirse a los que sin estarlo, pudiesen y deseasen ser beneficiarios del derecho. La pretensión de inconstitucionalidad llevaría a una solución discriminatoria en perjuicio de los extranjeros respetuosos con las leyes, que beneficiaría sólo a sus infractores. Por otra parte, ni la Convención de las Naciones Unidas de 1989, ni la Declaración universal de derechos humanos pueden interpretarse en el sentido de que haya un derecho a la “prosecución de la escolarización” hasta los dieciocho años puesto que se refieren a la enseñanza básica, primaria o elemental y no a estudios ulteriores.

e) Por lo que hace a la limitación de los derechos de sindicación y huelga (nueva redacción del art. 11 de la Ley Orgánica 4/2000), la parte demandante los sitúa en el ámbito de las relaciones de trabajo partiendo de que el trabajador extranjero, aun ilegalmente en España, puede ser sujeto de un contrato válido de trabajo (art. 38.3 de la Ley). Para el Abogado del Estado, sin embargo, los extranjeros no autorizados para estar o residir en España no están autorizados tampoco para trabajar válidamente. Y ello porque constituiría un absurdo irreconciliable con el sentido común permitir que quien no está autorizado a trabajar pudiera ejercer el medio de presión sobre el empresario que le otorga el derecho fundamental a la huelga.

f) El Abogado del Estado responde a la impugnación de los arts. 16.2, 17.2 y 18.4 de la Ley Orgánica 4/2000, en la redacción dada por la Ley recurrida en este proceso, basada en la violación de la reserva de Ley Orgánica del art. 81.1 CE, o alternativamente, en el art. 53.1 CE en relación con el art. 18 CE. Al respecto señala que la pretendida inconstitucionalidad podría ser congruente con la impugnación de los citados arts. 17.2 y 18.4, pero no en relación con el art. 16.2 pues éste no contiene remisión alguna al reglamento.

La disposición final primera de la Ley Orgánica 8/2000, apartado 1, atribuye “rango” de Ley Orgánica a los arts. 16, 17 y 18, al concebir la reagrupación familiar como una suerte de desarrollo del derecho a la intimidad consagrado en el art. 18.1 CE. A juicio del Abogado del Estado, se trata de una concepción desacertada del derecho a la intimidad, tal como ha sido concebido por la jurisprudencia constitucional, ya que nuestra Constitución no reconoce un derecho fundamental a la vida familiar, en los términos del art. 8.1 CEDH tal como ha sido interpretado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En todo caso, éste tampoco ha proclamado una suerte de derecho ilimitado a la reagrupación familiar, si no que su doctrina ha sido establecida solamente en relación con casos de expulsión, y siempre que entrañara un riesgo cierto de quebrar la vida familiar preexistente. Por otra parte, una reagrupación familiar entendida como derecho fundamental del extranjero residente sería incompatible con el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea [art. 63.3 a)].

Partiendo de que el derecho a la intimidad familiar no comprende el derecho del extranjero a la vida en familia, y el consiguiente derecho a la reagrupación familiar, que son derechos de creación legal, el único precepto que podría revestir carácter orgánico es el art. 16.1 de la Ley. La regulación legal de la reagrupación familiar contenida en los demás preceptos debe concebirse como una modalidad de protección jurídica de la familia establecida en el art. 39.1 CE, en coherencia con el art. 16.3 de la Declaración universal de derechos humanos, y el art. 23.1 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos. Otros instrumentos internacionales, como la Carta social europea (art. 19.6), no pasan de invitar a los Estados a facilitar la reagrupación familiar de los trabajadores inmigrantes, limitándose a establecer una directriz o principio rector para los Estados contratantes. Tratándose pues del cumplimiento de un mandato contenido en el art. 39.1 CE, y no del desarrollo o regulación del ejercicio de un derecho fundamental, no opera ninguna de las dos reservas constitucionales invocadas. La errónea caracterización como orgánicos de los citados arts. 17, 18 y 19 no determina su invalidez sino sólo la carencia de fuerza pasiva de las Leyes orgánicas y, por tanto, su modificabilidad por ley ordinaria.

El Abogado del Estado señala que aun suponiendo que la reagrupación familiar de los extranjeros residentes hubiera de estimarse reservada a la Ley, las llamadas al reglamento contenidas en los arts. 16.3, 17.2 y 18.4 no contradicen la doctrina sobre la colaboración del reglamento con la Ley, contenida en diversas resoluciones de este Tribunal, puesto que con ellas no se trata de desarrollar un derecho fundamental sino de regular las condiciones accesorias para su ejercicio. En el art. 16.3 II porque reconoce al cónyuge (y familiares) el derecho a conservar la residencia que hayan adquirido por “causa familiar”, aunque se rompa el vínculo matrimonial que dio lugar a la adquisición, remitiendo al reglamento la fijación del tiempo previo de convivencia en España que se tenga que acreditar en estos supuestos. En el art. 17.2 porque dispone que reglamentariamente se determinarán las condiciones para el ejercicio del derecho de reagrupación, si bien los arts. 16, 17, 18 y 19 contienen una amplia regulación legislativa del derecho de reagrupación familiar, que deja al reglamento una tarea de estricto complemento de la regulación legal. Y los arts. 17.2 y 18.4 remiten al reglamento la regulación de la reagrupación de segundo o ulterior grado, diferenciándola de la originaria, pero es el propio legislador quien ordena un régimen jurídico diferenciado entre ambos tipos de reagrupaciones.

g) El Parlamento de Navarra impugna la nueva redacción del art. 27.5 de la Ley de extranjería por vulnerar los arts. 24.1, 9.3 y 106.1 CE al exigir motivación sólo para la denegación de visados de residencia para reagrupación familiar o para trabajo por cuenta ajena. El Abogado del Estado replica que de tal regulación no se desprende que el precepto imponga la no motivación en el resto de casos, y que los preceptos constitucionales invocados no imponen motivación en todo caso de las decisiones administrativas denegatorias de visados por cuanto su obtención no es un derecho reglado del extranjero (ATC 55/1996; STC 94/1993) sino un instrumento de la política de inmigración que ejerce el Estado soberanamente de acuerdo con sus propios intereses y también en base a compromisos internacionales o de las propias políticas de la Unión Europea.

h) En relación con la nueva redacción del art. 20 de la Ley Orgánica 4/2000, que pasa a ser el art. 22, entiende el Abogado del Estado que el reproche se reduce a la inclusión de la condición de “residentes” para obtener la asistencia jurídica gratuita (art. 22.2), partiendo de la doctrina constitucional sentada, entre otras, en las SSTC 16/1994; 97/2001. Al respecto, sostiene que el art. 1.2 de la Ley Orgánica 4/2000 (en la nueva redacción dada por el art. 1.1 de la Ley Orgánica 8/2000) establece que “lo dispuesto en esta Ley se entenderá sin perjuicio de lo establecido en leyes especiales y en los tratados internacionales en que España sea parte”. Dicha cláusula obliga a entender que el nuevo art. 22.2 de la Ley Orgánica 4/2000 deja a salvo las normas más beneficiosas que en materia de asistencia jurídica gratuita pudieran contener los tratados o las leyes especiales, entre éstas el art. 2 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita (LAJG), y por ello no debe atribuirse a aquel precepto eficacia derogatoria de las normas internas o internacionales más favorables en materia de asistencia jurídica gratuita a extranjeros.

En este punto, el Abogado del Estado se remite a las alegaciones vertidas en su día en el recurso de inconstitucionalidad 1555-1996, interpuesto por el Defensor del Pueblo contra el art. 2 LAJG, en su inciso “que residan legalmente en España”, planteando si el legislador español está constitucionalmente obligado a asegurar la asistencia jurídica gratuita a los extranjeros en los supuestos no comprendidos en el art. 22 de la Ley Orgánica 4/2000 en su nueva redacción, o en el art. 2 LAJG. De acuerdo con los convenios internacionales, especialmente el Convenio europeo de derechos humanos y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la respuesta a tal cuestión es que salvo el supuesto del inculpado en un proceso penal, la denegación del derecho a la justicia gratuita supondrá infracción del derecho a la tutela judicial efectiva, del que son titulares los extranjeros, sólo cuando en el caso sea indispensable para lograr un acceso efectivo a la justicia, para ejercer con efectividad el derecho al recurso o, en general, para evitar indefensiones materiales o padecimientos de la igualdad procesal de armas.

Después de realizar un repaso a las leyes españolas que regulan la asistencia jurídica gratuita, el Abogado del Estado señala que la función tanto del art. 22 de la Ley Orgánica 4/2000 en su nueva redacción, como del art. 2 LAJG, es señalar el campo propio de la ley española en el reconocimiento del derecho de justicia gratuita a los extranjeros, quedando fuera del mismo los tratados y convenios internacionales de los que España es parte. Los numerosos convenios internacionales podrían ser invocados como fundamento para que se prestara asistencia jurídica gratuita a extranjeros más allá de lo dispuesto en las normas de Derecho interno, y en consecuencia la falta de reconocimiento del derecho en la legislación interna respecto de los extranjeros que no residan en España no significa que aquéllos queden privados del derecho a la asistencia jurídica gratuita, sino que deben buscar el fundamento de su derecho en una norma convencional internacional. Sería por ello constitucionalmente lícito que el legislador se limitara a reconocer el derecho de los extranjeros residentes en España, y quedasen implícitamente confiadas a la norma internacional las ulteriores extensiones de este derecho a los demás extranjeros, tal como se hace en el art. 22.2 de la Ley Orgánica 4/2000. Tal precepto, sin embargo, no tiene por qué ser interpretado en sentido excluyente o prohibitivo, de manera que la palabra “residente” no prohíbe reconocer, en esos supuestos extremos, el derecho a la justicia gratuita en aplicación directa de los arts. 24.1 y 119 CE.

i) El Abogado del Estado rechaza la impugnación de la nueva redacción a los apartados 2 y 8 del art. 57 de la Ley Orgánica 4/2000, autorizando la expulsión de los extranjeros condenados por conducta dolosa que constituya delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año. A su juicio, resulta dudoso que la expulsión constituya una sanción en sentido estricto, desde la perspectiva de la doctrina constitucional (STC 24/2000), y de ahí que no se produzca la denunciada vulneración del principio non bis in idem, pues los hechos y los fundamentos de la sanción penal y los de la expulsión, que constituyen la base para determinar la existencia de aquella vulneración (STC 204/1996), son completamente distintos.

j) Se rechaza asimismo la inconstitucionalidad de la nueva redacción dada al art. 56 de la Ley Orgánica 4/2000 (que pasa a ser art. 60), que regula el internamiento de los extranjeros en los supuestos de retorno. Para el Abogado del Estado, la fundamentación contenida en la invocada STC 115/1987 avala la constitucionalidad del precepto al establecer que sea la autoridad judicial la que decida sobre la situación personal del extranjero obligado a retornar, y determine el lugar donde deba ser internado.

k) Según el Abogado del Estado, el nuevo art. 63 de la Ley Orgánica 4/2000, cuyo apartado 2 establece un plazo de alegaciones de 48 horas en el procedimiento preferente de expulsión tras la incoación del procedimiento sancionador, no vulnera el art. 24 CE. La entidad recurrente no cuestiona las causas de expulsión que motivan el procedimiento preferente sino la brevedad del plazo, que se reputa insuficiente para una defensa eficaz. Sin embargo, las objeciones a la longitud del plazo no quedarían justificadas dado que el legislador ha instituido un procedimiento más abreviado de expulsión para causas de muy sencilla apreciación o de especial gravedad, pero ha previsto trámites suficientes y un derecho a la resolución motivada, observando así las garantías esenciales de cualquier procedimiento administrativo sin limitar las formas de control y tutela judicial previstas en el ordenamiento jurídico.

l) Finalmente, el Abogado del Estado rechaza la pretensión de la parte recurrente de fundamentar la inconstitucionalidad de los preceptos impugnados en su contradicción con los tratados internacionales ratificados por España en materia de derechos fundamentales. Y ello porque de acuerdo con lo previsto en el art. 10.2 CE, la configuración de los derechos fundamentales en los tratados internacionales no es un parámetro de constitucionalidad de las leyes españolas, pues la citada disposición constitucional está destinada a la interpretación de aquéllos (ATC 195/1991). La constitucionalidad de los preceptos recurridos debe enjuiciarse utilizando como parámetro, en primer lugar, los artículos de la Constitución pero no comparando directamente los términos de los preceptos recurridos con las expresiones contenidas en los tratados internacionales. En la demanda se reconoce que los derechos regulados pueden ser restringidos para los extranjeros, de acuerdo con lo previsto en el art. 13.1 CE y la STC 115/1987, pero se afirma que la restricción contenida en los preceptos recurridos vulnera la Constitución de acuerdo con el alcance que tiene de conformidad con los tratados internacionales ratificados por España. Tal planteamiento no puede prosperar porque los tratados invocados no contienen una previsión expresa sobre el alcance subjetivo que han de tener esos derechos en relación con los extranjeros, ni es posible deducirla de las expresiones que contienen. Por el contrario, en esos tratados sí es posible encontrar el “orden público” como motivo de limitación al ejercicio de los derechos que se regulan en la Ley impugnada.

A lo anterior se añade que los tratados tienen una virtualidad propia que se desenvuelve a través de sus propios mecanismos de defensa, y desde este punto de vista ninguna objeción puede hacerse a los preceptos impugnados pues la Ley Orgánica recurrida dispone en su art. 1 que “Lo dispuesto en esta Ley se entenderá, en todo caso, sin perjuicio de lo establecido en leyes especiales y en los Tratados internacionales en los que España sea parte”, de modo que los preceptos impugnados no pueden haberlos infringido.

7. Por providencia de 6 de noviembre de 2007 se señaló para la deliberación y votación de la presente sentencia el día 7 del mismo mes y año.