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Derecho comunitario e internacional

Los considerandos octavo y décimo del Reglamento nº 1348/2000 tienen la siguiente redacción:

«8)      Con el fin de garantizar la eficacia del presente Reglamento, la posibilidad de rechazar la notificación o el traslado de los documentos se limita a situaciones excepcionales

[...]

10)      Con el fin de defender los intereses del destinatario, conviene que la notificación o el traslado se haga en la lengua oficial o una de las lenguas oficiales del lugar en el que deba efectuarse o en una otra lengua del Estado miembro de origen que el destinatario comprenda.»

El artículo 4, apartado 1, del mismo Reglamento prevé:

«Los documentos judiciales se transmitirán directamente y lo antes posible entre los organismos designados con arreglo al artículo 2.»

El artículo 5 de dicho Reglamento, denominado «Traducción de documentos», dispone lo siguiente:

«1.      El organismo transmisor al que el requirente expida el documento a efectos de transmisión comunicará al requirente que el destinatario puede negarse a aceptar el documento por no estar en una de las lenguas previstas en el artículo 8.

2.      El requirente asumirá los posibles gastos de traducción previa a la transmisión del documento, sin perjuicio de una posible decisión posterior, en su caso, del tribunal o autoridad competentes sobre la responsabilidad de dichos gastos.»

El artículo 8 del Reglamento nº 1348/2000, denominado «Negativa a aceptar el documento», establece:

«1.      El organismo receptor informará al destinatario de que puede negarse a aceptar el documento que deba notificarse o trasladarse si está redactado en una lengua distinta de las siguientes:

a)      la lengua oficial del Estado miembro requerido, o la lengua oficial o una de la lenguas oficiales del lugar en el que deba efectuarse la notificación o el traslado si existen varias lenguas oficiales en dicho Estado miembro

o

b)      una lengua del Estado miembro de transmisión que el destinatario entienda.

2.      Cuando el organismo receptor reciba la información de que el destinatario se niega a aceptar el documento con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1, informará inmediatamente de ello al organismo transmisor por medio del certificado previsto en el artículo 10 y le devolverá la solicitud y los documentos cuya traducción se requiere.»

El artículo 19, apartado 1, del mismo Reglamento dispone lo siguiente:

«Cuando un escrito de demanda o un documento equivalente haya sido remitido a otro Estado miembro a efectos de notificación o traslado, según las disposiciones del presente Reglamento, y el demandado no comparece, se aguardará para proveer hasta que se establezca que:

a)      el documento ha sido notificado o se ha dado traslado del mismo según una forma prescrita por el Derecho interno del Estado miembro requerido para la notificación o traslado de los documentos en causas internas y que están destinados a las personas que se encuentran en su territorio, o bien

b)      el documento ha sido efectivamente entregado al demandado o a su residencia según otro procedimiento previsto por el presente Reglamento

y en cualquiera de estos casos, sea notificación o traslado, sea entrega, la misma ha tenido lugar en tiempo oportuno para que el demandado haya podido defenderse.»

Los demás apartados del artículo 19 del Reglamento nº 1348/2000 se refieren a supuestos específicos relativos al demandado que no comparezca.

El artículo 26 del Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2001, L 12, p. 1), tiene la siguiente redacción:

«1.      Cuando una persona domiciliada en un Estado miembro fuere demandada ante un tribunal de otro Estado miembro y no compareciere, dicho tribunal se declarará de oficio incompetente si su competencia no estuviere fundamentada en las disposiciones del presente Reglamento.

2.      Este tribunal estará obligado a suspender el procedimiento en tanto no se acreditare que el demandado ha podido recibir el escrito de demanda o documento equivalente con tiempo suficiente para defenderse o que se ha tomado toda diligencia a tal fin.

3.      El artículo 19 del Reglamento (CE) nº 1348/2000 […] será de aplicación en lugar de lo dispuesto en el apartado 2 si el escrito de demanda o documento equivalente hubiere de ser remitido de un Estado miembro a otro en virtud de dicho Reglamento.

4.      Cuando no sea de aplicación lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1348/2000 será aplicable el artículo 15 del Convenio de la Haya […] de 1965, relativo a la notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o comercial si el escrito de demanda o documento equivalente hubiere de ser remitido en virtud de dicho Convenio.»

Por otra parte, el artículo 34, número 2, del Reglamento nº 44/2001 dispone que las resoluciones judiciales dictadas en un Estado miembro no se reconocerán en otro Estado miembro «cuando se dictaren en rebeldía del demandado, si no se hubiere entregado al mismo la cédula de emplazamiento o documento equivalente de forma regular y con tiempo suficiente para que pudiera defenderse, a menos que no hubiere recurrido contra dicha resolución cuando hubiera podido hacerlo».

Las referidas disposiciones figuran asimismo en el Convenio de 27 de septiembre de 1968, relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 1972, L 299, p. 32; texto consolidado en español en DO 1998, C 27, p. 1), en su versión modificada por el Convenio de 9 de octubre de 1978 relativo a la adhesión del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (DO L 304, p. 1, y –texto modificado– p. 77; texto en español en DO 1989, L 285, p. 41), por el Convenio de 25 de octubre de 1982, relativo a la adhesión de la República Helénica (DO L 388, p. 1; texto en español en DO 1989, L 285, p. 54), por el Convenio de 26 de mayo de 1989, relativo a la adhesión del Reino de España y de la República Portuguesa (DO L 285, p. 1) y por el Convenio de 29 de noviembre de 1996 relativo a la adhesión de la República de Austria, de la República de Finlandia y del Reino de Suecia (DO 1997, C 15, p. 1) (en lo sucesivo, «Convenio de Bruselas»).

El artículo 20 del citado Convenio se refiere al procedimiento en rebeldía.

El artículo 27, número 2, de dicho Convenio dispone lo siguiente:

«Las decisiones no se reconocerán:

[…]

2.      cuando se dictaren en rebeldía del demandado, si no se hubiere entregado o notificado al mismo la cédula de emplazamiento o documento equivalente, de forma regular y con tiempo suficiente para defenderse;

[…].»

El artículo 5 del Convenio de La Haya de 15 de noviembre de 1965, relativo a la notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o comercial (en lo sucesivo, «Convenio de la Haya de 1965»), dispone lo siguiente:

«La autoridad central del Estado requerido procederá u ordenará proceder a la notificación o traslado del documento:

a)      ya según las formas prescritas por la legislación del Estado requerido para la notificación o traslado de los documentos otorgados en este país y que se destinen a personas que se encuentren en su territorio;

b)      ya según la forma particular solicitada por el requirente, siempre que no resulte incompatible con la ley del Estado requerido.

[…]

Si el documento debe ser objeto de comunicación o traslado conforme al párrafo primero, la autoridad central podrá solicitar que el documento sea redactado o traducido en la lengua o en una de las lenguas oficiales de su país […].»

El artículo 15, párrafo primero, del mismo Convenio establece:

«Cuando un escrito de demanda o un documento equivalente haya sido remitido al extranjero a efectos de notificación o traslado, según las disposiciones del presente Convenio, y el demandado no compareciere, el Juez aguardará para proveer el tiempo que sea preciso hasta que se establezca que:

a)      el documento ha sido notificado o se ha dado traslado del mismo según las formas prescritas por la legislación del Estado requerido para la notificación o traslado de los documentos otorgados en este país y que están destinados a las personas que se encuentran en su territorio, o bien

b)      que el documento ha sido efectivamente entregado al demandado o a su residencia, según otro procedimiento previsto en el presente Convenio,

y que, en cualquiera de estos casos, sea notificación o traslado, sea entrega, la misma ha tenido lugar en tiempo oportuno para que el demandado haya podido defenderse.»

El artículo 20, párrafo primero, letra b), del Convenio de la Haya de 1965 indica que dicho Convenio no se opone a la adopción de acuerdos entre los Estados contratantes para establecer excepciones al artículo 5, párrafo tercero, en lo relativo a la utilización de los idiomas.

Derecho nacional

El escrito de demanda viene definido en el artículo 253 de la «Zivilprozessordnung» (Código de Enjuiciamiento Civil). Dicha disposición está redactada del siguiente modo:

«1.      El proceso se iniciará mediante la notificación del escrito de demanda.

2.      La demanda deberá:

1)      contener la designación de las partes y del tribunal;

2)      indicar con precisión el objeto y la causa de la acción que se ejercite y fijar con claridad lo que se pida.

3.      La demanda deberá indicar la cuantía del litigio cuando la determinación del tribunal competente dependa de dicha cuantía, salvo si ésta consiste en una cantidad de dinero determinada, y deberá precisar si existen razones que se opongan a que un juez único resuelva el asunto.

4.      Por otra parte, las disposiciones relativas a los escritos preparatorios se aplicarán asimismo a la demanda.»

El artículo 131 de la «Zivilprozessordnung» lleva el epígrafe «Documentos anexos». Dicho artículo tiene la siguiente redacción:

«1.      Los documentos que obren en poder de la parte y a los que haga referencia el escrito preparatorio deberán adjuntarse a dicho escrito, bien los propios originales o copia de los mismos.

2.      En el supuesto de que únicamente revistan interés determinados pasajes aislados de un documento, bastará con adjuntar un extracto que contenga la parte introductoria del documento, el pasaje que se relacione con el asunto, la finalidad, la fecha y la firma.

3.      En el supuesto de que la parte contraria ya conozca los documentos en cuestión o de que éstos representen un volumen considerable, bastará con indicar con precisión de qué documentos se trata y ofrecer a dicha parte la posibilidad de consultarlos.»