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Basándose en un contrato de prestaciones profesionales de arquitecto, IHK Berlin reclama al estudio Grimshaw una indemnización por daños y perjuicios tendente a la reparación de un defecto de concepción. En el contrato en cuestión, el mencionado estudio se había comprometido a llevar a cabo la concepción de un proyecto inmobiliario en Berlín.

En la cláusula 3.2.6 del contrato, las partes acordaron lo siguiente:

«Los servicios se prestarán en lengua alemana. La correspondencia entre [IHK Berlin] y [el estudio Grimshaw] y con las autoridades e instituciones públicas se redactará en lengua alemana.»

De los documentos remitidos al Tribunal de Justicia se desprende que el contrato había de regirse por el Derecho alemán (cláusula 10.4 del contrato) y que, en caso de litigio, serían competentes los tribunales de Berlín (cláusula 10.2 del contrato), extremos que fueron confirmados en la vista.

El estudio Grimshaw solicitó la intervención en el proceso del estudio Weiss.

En el escrito de demanda de IHK Berlin, que forma parte del expediente remitido al Tribunal de Justicia, se mencionan las diferentes pruebas propuestas en apoyo de los motivos de la demanda. Tales documentos acreditativos fueron adjuntados a la demanda, conformándose un expediente de unas 150 páginas.

Además, tal como expone el órgano jurisdiccional remitente, el contenido de los referidos documentos se reproduce parcialmente en la demanda. Entre los mencionados anexos se incluyen el contrato celebrado entre las partes, un acuerdo adicional a ese contrato y su respectivo proyecto, un extracto de las especificaciones, numerosos documentos o extractos de documentos, tales como informes técnicos o cuentas, así como varias cartas –incluidas algunas del estudio Grimshaw– que constituyen la correspondencia mantenida con las empresas encargadas de comprobar y reparar los defectos controvertidos en el asunto principal.

Comoquiera que el estudio Grimshaw se negó a aceptar la demanda por no venir acompañada de una traducción al inglés, el 23 de mayo de 2003 se le enviaron a Londres una versión inglesa de dicha demanda y los anexos en alemán no traducidos.

Mediante escrito de 13 de junio de 2003, el estudio Grimshaw denunció la irregularidad de la notificación debido a que los anexos no habían sido traducidos al inglés. Por esta razón, se negó a aceptar la demanda invocando el artículo 8, apartado 1, del Reglamento nº 1348/2000 y consideró que dicha demanda no había sido notificada válidamente. El estudio Grimshaw propuso la excepción de prescripción.

El Landgericht Berlin declaró que la demanda había sido notificada regularmente el 23 de mayo de 2003. El Kammergericht Berlin desestimó el recurso de apelación interpuesto por el estudio Grimshaw. Contra la sentencia que resolvía el recurso de apelación, el estudio Weiss interpuso recurso de casación ante el Bundesgerichtshof.

El órgano jurisdiccional remitente indica que, según la Zivilprozessordnung, un escrito de demanda que haga referencia a documentos anexos forma con ellos una unidad y que el demandado debe recibir toda la información alegada por el demandante que necesite para su defensa. Por lo tanto, no se puede valorar la eficacia de la notificación de una demanda al margen de la notificación de sus anexos alegando que del escrito de demanda ya se puede extraer la información esencial y que el derecho a ser oído se encuentra tutelado por el hecho de que, en lo que atañe al contenido de los anexos, la parte demandada puede aún defenderse suficientemente en el curso del procedimiento.

El órgano jurisdiccional remitente considera que es admisible una excepción al referido principio si la necesidad de información del demandado no sufre un perjuicio relevante; por ejemplo, si un anexo no adjuntado al escrito de demanda es remitido prácticamente al mismo tiempo de la presentación de la demanda, o si el demandado ya conocía todos los elementos antes de la presentación de la demanda.

El órgano jurisdiccional remitente refiere que, en el caso presente, el estudio Grimshaw no conocía todos los documentos, sobre todo los relativos a la detección y reparación de los defectos y sus costes. Se trata de documentos que en modo alguno pueden considerarse detalles insignificantes, puesto que de su valoración puede depender la decisión de presentar una contestación a la demanda.

El órgano jurisdiccional remitente se pregunta si la negativa del estudio Grimshaw a aceptar el escrito de demanda se ajusta a Derecho. Precisa que ninguno de los órganos representativos de dicho estudio comprende la lengua alemana.

Según el Bundesgerichtshof, el artículo 8, apartado 1, del Reglamento nº 1348/2000 puede interpretarse en el sentido de que no es posible negarse a aceptar una notificación basándose en que los anexos no han sido traducidos.

En efecto, para dicho órgano jurisdiccional la disposición de que se trata no menciona la negativa a aceptar los anexos. Por lo demás, el formulario tipo que, en virtud de la primera frase del artículo 4, apartado 3, dicho Reglamento prevé para las solicitudes de notificación en los Estados miembros de la Unión Europea, únicamente exige indicaciones sobre la naturaleza y la lengua del documento en lo que atañe al acto que ha de notificarse (apartados 6.1 y 6.3), pero no así en lo relativo a los anexos, en relación con los cuales lo único que exige es que se mencione el número de ellos (apartado 6.4).

En caso de que fuera posible negarse a aceptar la notificación del documento por la única razón de que los anexos no estén traducidos, el órgano jurisdiccional remitente alega que, en su opinión, el contrato en que demandante y demandado habían acordado que su correspondencia fuera en lengua alemana no es motivo suficiente para excluir el derecho que asiste al demandado a negarse a la aceptación en virtud del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 1348/2000.

En efecto, la referida cláusula no significa que el demandado entienda la lengua en cuestión a los efectos del citado Reglamento. No obstante, tal como indica el órgano jurisdiccional remitente, la doctrina se encuentra dividida, ya que algunos autores consideran que una cláusula que prevé la utilización de determinada lengua en las relaciones contractuales puede operar como presunción de que se conoce dicha lengua a efectos del citado Reglamento.

Por último, en el caso de que la existencia de una cláusula contractual no justifique la presunción de que se conoce el idioma de que se trate, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si siempre es posible negarse a aceptar la notificación de una demanda cuando los anexos no están traducidos, o bien existen excepciones, por ejemplo, si el demandado ya dispone de una traducción de los anexos o si éstos se encuentran textualmente reproducidos en el escrito de demanda ya traducido.

Añade que también puede darse esta situación si los documentos remitidos como anexos están redactados en el idioma válidamente acordado por las partes en el contrato. El órgano jurisdiccional remitente se refiere al caso de partes vulnerables, eventualmente necesitadas de protección, como los consumidores que, en contratos internacionales, han consentido contractualmente que la correspondencia entre las partes sea en la lengua del profesional.

Ahora bien, el órgano jurisdiccional remitente pone de relieve que, en el litigio principal, el estudio Grimshaw celebró el contrato en el ejercicio de su actividad profesional, por lo que no se aprecia una necesidad especial de protección para este estudio ni, por ende, justificación para reconocerle el derecho de negarse a aceptar la notificación.

En estas circunstancias, el Bundesgerichtshof decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:

«1)      ¿Debe interpretarse el artículo 8, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 1348/2000 en el sentido de que el destinatario no tiene derecho a negarse a aceptar el documento […] cuando únicamente los anexos del documento que debe notificarse o trasladarse no están redactados en la lengua del Estado miembro requerido o en una lengua del Estado miembro de origen que el destinatario entienda?

2)      En caso de respuesta negativa a la primera cuestión,

¿debe interpretarse el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 1348/2000 en el sentido de que el destinatario “entiende” la lengua de un Estado miembro de origen, a los efectos de dicho Reglamento, cuando en el ejercicio de su actividad profesional ha acordado en un contrato celebrado con el requirente que la lengua utilizada en la correspondencia será la del Estado miembro de origen?

3)      En caso de respuesta negativa a la segunda cuestión,

¿debe interpretarse el artículo 8, apartado 1, del Reglamento nº 1348/2000 en el sentido de que el destinatario no puede invocar esta disposición para negarse a aceptar los anexos de un documento que no están redactados en la lengua del Estado miembro requerido o en una lengua del Estado miembro de origen que el destinatario entienda cuando, en el ejercicio de su actividad profesional, celebra un contrato en el que acuerda que la lengua utilizada en la correspondencia será la del Estado miembro de origen y los anexos transmitidos se refieran a dicha correspondencia y estén redactados en la lengua acordada?»