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Necesidad de regulación y ámbito de aplicación

Para ofrecer un tratamiento completo de la tendencia actual hacia la desmaterialización de valores y títulos y, aunque con alcance restringido a la utilización de crédito y dinero, hay que hacer alusión - siquiera sucinta- a la normativa sobre servicios de pago. Ésta fue introducida en el ordenamiento español a través de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago, que implica la transposición a nuestro derecho de la Directiva 2007/64/(CE) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, sobre servicios de pago en el mercado interior.

La finalidad perseguida por la norma es la regulación de las transferencias, los adeudos directos y las operaciones de pago directo efectuadas mediante tarjeta, facilitando la eficiencia y la seguridad de los pagos nacionales internos y de los pagos en la Unión europea. La normativa contiene, igualmente, una serie de disposiciones orientadas al reforzamiento y protección de los derechos de los usuarios de los servicios de pago, facilitando la aplicación operativa de los instrumentos de la zona única de pagos en euros -llamada SEPA (Single Euro Payment Area) -. Con ello, los tres objetivos fundamentales que persigue la normativa son estimular la competencia entre los mercados nacionales, asegurando la igualdad de oportunidades para competir; aumentar la transparencia en el mercado; y establecer un sistema común de derechos y obligaciones para proveedores y usuarios en el marco de la SEPA.

La Ley de Servicios de Pago excluye de forma expresa su aplicación a los pagos instrumentados a través de letras de cambio, cheques y pagarés. Así, dispone su art. 3.g) que la ley no se aplicará a las operaciones de pago realizadas por los siguientes documentos extendidos por un proveedor de servicios de pago a fin de poner fondos a disposición del beneficiario:

  1. Cheques en papel, sean éstos regulados por la Ley uniforme sobre cheques del convenio de Ginebra de 19 de marzo de 1931, o por el ordenamiento interno de los países que no sean miembros del Convenio siempre que presenten similares caracteres.
  2. Efectos en papel con arreglo al Convenio de Ginebra de 7 de junio de 1930, que establece una Ley uniforme sobre letras de cambio y pagarés, o efectos en papel similares y regulados por el Derecho de los Estados miembros que no sean partes en el Convenio de Ginebra.
  3. Vales en papel.
  4. Cheques de viaje en papel.
  5. Giros postales en papel.

Con esta exclusión la normativa trata que el sistema uniforme de títulos-valores (al menos en su concepción cambiaria) quede inalterado por la aplicación de la norma. En cambio, la norma será de aplicación a los siguientes servicios de pago (art. 1.2):

  1. Los servicios que permiten el ingreso de efectivo en una cuenta de pago y las operaciones de gestión de la propia cuenta de pago.
  2. Los servicios que permiten la retirada de efectivo de una cuenta de pago y todas las operaciones necesarias para la gestión de la propia cuenta de pago.
  3. La ejecución de operaciones de pago, incluida la transferencia de fondos, a través de una cuenta de pago: ejecución de adeudos, ejecución de operaciones de pago mediante tarjeta de pago o similar, ejecución de transferencias incluidas las órdenes permanentes.
  4. La ejecución de operaciones de pago cuando los fondos estén cubiertos por una línea de crédito abierta para un usuario de servicios de pago: ejecución de adeudos domiciliados, ejecución de operaciones de pago mediante tarjeta de pago o similar, ejecución de transferencias, incluidas las órdenes permanentes.
  5. La emisión y adquisición de instrumentos de pago.
  6. El envío de dinero.
  7. La ejecución de operaciones de pago en las que se transmita el consentimiento del ordenante a ejecutar una operación de pago mediante dispositivos de telecomunicación, digitales o informáticos y se realice el pago a través del operador de la red o sistema de telecomunicación o informático, que actúa únicamente como intermediario entre el usuario del servicio de pago y el prestador de bienes y servicios.

De este modo se observa que la normativa trata de dar una cierta cobertura al siguiente paso en la evolución de los instrumentos de circulación de créditos y de pagos. Así, el estadio inicial era la transmisión de la relación causal, con la transmisión del derecho de crédito que se tenía frente a un deudor a otro sujeto que recibiría el pago. Posteriormente, estos derechos se incorporaron a títulos - letra de cambio, pagaré, cheque-, a través de los cuales se representaba el derecho a un crédito o a recibir un pago documentalmente. La siguiente etapa en la evolución está tratando de ser, por un lado, la posibilidad de hacer valer estos títulos en una representación electrónica (dinero electrónico, pagarés electrónicos); de otro, la tendencia es a la sustitución de estos medios a través de la prestación de servicios, los así llamados servicios de pagos considerados por esta norma y disciplinados en la normativa bancaria.

Las entidades de pago

La Ley de Servicios de Pago crea la categoría de «entidades de pago» (arts. 6 y ss. de la Ley), considerándolas como aquellas personas jurídicas distintas de las entidades de crédito y de las entidades de dinero electrónico, a las cuales se ha otorgado autorización para prestar y ejecutar los servicios de pago considerados en la norma, autorización que podrá tener alcance para todos los servicios de pago o para algunos de éstos.

Estas entidades, a diferencia de las de crédito y las de dinero electrónico, no podrán llevar a cabo la captación de depósitos u otros fondos reembolsables del público, ni emitir dinero electrónico. De este modo, los fondos que reciban para atender las órdenes de pago y la prestación de los servicios no tendrán la consideración de depósitos ni de fondos reembolsables. Como se aprecia, la posición jurídica que adoptan estas entidades es similar a la del librado en la letra de cambio: reciben un mandato del ordenante de pago para que cumplan uno de los servicios de pago que hemos considerado anteriormente.

La normativa regula el procedimiento para la concesión del carácter de entidad de pago, que corresponde en todo caso al Ministerio de Economía y Competitividad, previo informe del Banco de España y del Servicio Ejecutivo de la Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias. Tal condición de entidad de pago podrá ser revocada en los supuestos contemplados por la norma (art. 7). Se exige de estas entidades, además, que en todo momento mantengan un volumen suficiente de recursos propios en relación con los indicadores de negocio, en los términos que reglamentariamente se establezcan, de modo tal que permita la efectiva prestación de sus servicios de pago.

Las entidades de pago podrán realizar actividades adicionales, además de las estrictamente considerables como servicios de pago. Así, podrán prestar servicios operativos o auxiliares relacionados con los servicios de pago, tales como la garantía de la ejecución de las operaciones, servicios de cambio de divisas, actividades de custodia y almacenamiento y tratamiento de datos.

Podrán igualmente gestionar los sistemas de pago, y desarrollar actividades económicas distintas que autorice expresamente la normativa específica. Finalmente, podrán conceder créditos siempre que estén relacionados con la ejecución de una operación de pago, que sea reembolsado en un plazo inferior a doce meses, que no se conceda con cargo a los fondos recibidos o en posesión a efectos de la ejecución de una operación de pago, y que los fondos propios de la entidad de pago sean en todo momento adecuados para la prestación de tal servicio.

El funcionamiento de las entidades de pago estará sometido a la supervisión del Banco de España, que controlará e inspeccionará el modo en que desarrollen su actividad.

El contrato marco de servicios de pago

El contrato marco de servicios de pago hace referencia a las reglas generales acordadas entre la entidad prestadora de los servicios (entidad de crédito, de dinero electrónico, entidad de pago o la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA -art. 4 Ley de Servicios de Pago-), y su cliente para regular la prestación de estos servicios. La norma regula con cierta profundidad las condiciones de transparencia que ha de tener este contrato marco.

Funcionamiento

A. Autorización de operaciones de pago

La prestación de los servicios de pago inicia con la autorización de la operación por parte del ordenante, que otorga el consentimiento para su ejecución. El proveedor de servicios de pago y el ordenante deberán pactar -normalmente en el contrato marco- el modo en que se dará el consentimiento, así como la forma de notificarlo. Tal consentimiento podrá ser previo o posterior a la ejecución de la orden de pago, según lo acordado entre el ordenante y el prestador del servicio; y podrá ser retirado en cualquier momento anterior a la fecha de irrevocabilidad de la orden.

En la autorización de la operación de pago, el usuario deberá usar el instrumento según las condiciones que hayan pactado y que regulen su emisión y utilización; en particular, en cuanto reciba el instrumento de pago, el usuario deberá tomar todas las medidas razonables a fin de proteger los elementos de seguridad personalizados de que vaya provisto; en caso de extravío, sustracción o utilización no autorizada del instrumento de pago, deberá el usuario notificarlo sin demoras indebidas al proveedor de los servicios o a la entidad por éste designada.

Por su parte, el proveedor de servicios deberá cerciorarse del funcionamiento de los elementos de seguridad personalizados del instrumento de pago, así como de que sólo sean accesibles para el usuario facultado para utilizarlo. Deberá abstenerse de enviar instrumentos de pago que no hayan sido solicitados. Garantizará en todo momento que estén disponibles medios adecuados y gratuitos que permitan al usuario de servicios comunicar con el prestador.

B. Ejecución de una orden de pago

El servicio de pago deberá realizarse en el momento en que se reciba la orden de pago por la entidad prestadora del mismo. Se entenderá que será aquel en el que la orden de pago sea recibida por el proveedor de servicios de pago del ordenante. En el caso de que la recepción se produzca en día inhábil, se entenderá el siguiente día hábil; igualmente, las partes podrán fijar en sus contratos una hora máxima a partir de la cual cualquier orden de pago que se reciba se considerará recibida el siguiente día hábil.

El proveedor de servicios de pago podrá rechazar la ejecución de la orden, comunicándolo a este respecto en tiempo y forma al usuario de los servicios. En cualquier caso, fija la Ley determinados momentos temporales en los que ni el ordenante puede retirar su mandato ni el prestador podrá rechazar la prestación.

Seguidamente la orden deberá ser cumplida conforme lo acordado. Con carácter general, el proveedor de servicios de pago del ordenante, el proveedor de servicios de pago del beneficiario y todos los posibles intermediarios que intervengan en la operación de pago deberán transferir la totalidad del 86importe de la operación de pago, absteniéndose de deducir gasto alguno de la cantidad transferida. No obstante, el beneficiario y su proveedor de servicios de pago podrán acordar que éste deduzca sus propios gastos del importe transferido antes de abonárselo al beneficiario.