Body

Necesidad de la institución y función económica

Bastante más próxima al régimen jurídico de los valores, la normativa que actualmente regula el dinero electrónico se encuentra recogida en la Ley 21/2011, de 26 de julio, de Dinero Electrónico, que deroga el Real Decreto 322/2008, de 29 de febrero, que contenía anteriormente el régimen jurídico de las entidades de dinero electrónico, y el art. 21 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero. Esta normativa supone la transposición de la Directiva 2009/110/(CE), de 16 de septiembre de 2009 sobre el acceso a la actividad de las entidades de dinero electrónico, y su ejercicio, así como sobre la supervisión prudencial de dichas entidades, por las que se modificaban las Directivas 2005/60/(CE) y 2006/48/(CE) y se deroga la Directiva 2000/46/(CE). Con estos recientes cambios normativos se persigue mejorar el régimen jurídico hasta entonces existente por lo que respecta a la emisión de dinero electrónico y el marco jurídico de las entidades de dinero electrónico y el modo en que éstas desarrollan su actividad.

Si atendemos a la definición que la propia Ley de Dinero Electrónico ofrece a éste, se descubrirá su profunda vinculación con los instrumentos que estamos analizando en estas lecciones. Así, según el art. 1.2, se entiende por dinero electrónico todo valor monetario almacenado por medios electrónicos o magnéticos que represente un crédito sobre el emisor, que se emita al recibo de fondos con el propósito de efectuar operaciones de pago según se definen en la Ley de Servicios de Pago, y que sea aceptado por una persona física o jurídica distinta del emisor de dinero electrónico. En sentido negativo, no tendrán la consideración de dinero electrónico:

  1. los valores monetarios almacenados en instrumentos que puedan utilizarse para la adquisición de bienes o servicios únicamente en las instalaciones del emisor o, en virtud de un acuerdo comercial con el emisor, bien en una red limitada de proveedores de servicios o para un conjunto limitado e bienes o servicios, es decir, los que tengan un ámbito de utilización restringido (tarjetas de compra, tarjetas de combustible, tarjetas de socio, tarjetas de transporte público...);
  2. el valor monetario utilizado para realizar operaciones de pago exentas según la normativa de Servicios de Pago.

Relaciones con el ámbito cambiario

A través de la relación de dinero electrónico una provisión de fondos en dinero real se transforma en su representación simbólica a través de dinero electrónico , cuyo empleo como medio de pago es gestionado por la entidad emisora. Este dinero electrónico, al igual que los títulos, es una entidad inexistente por sí misma, pero que permite realizar operaciones sobre la base de los derechos que incorpora y representa.

El dinero electrónico técnicamente conforma una representación, o un sistema de débitos y créditos, destinado -aunque no limitado- a permitir el intercambio de valores en un sistema, o como un sistema independiente, pudiendo ser en línea o no. Actúa, de este modo, como instrumento para realizar pagos en entornos virtuales, sirviendo de representación y permitiendo la transmisión de dinero real que se emplea como base (relación subyacente) de la relación electrónica (lo cual recuerda, en cierta manera, a los contratos medievales de cambio - cambium siccum - que empleaban los mercaderes para comerciar con diversas divisas).

Las entidades de dinero electrónico

Según la normativa (art. 2 Ley de Dinero Electrónico), la emisión de dinero electrónico tiene reserva de actividad, pudiendo emitirlo sólo las entidades de crédito, las entidades de dinero electrónico autorizadas según la propia norma, la Sociedad estatal de Correos y Telégrafos, SA, respecto de las actividades de emisión de dinero electrónico a que se encuentre facultada en virtud de su normativa específica; el Banco de España, cuando no actúe en su condición de autoridad monetaria; y la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, cuando actúen en su condición de autoridades públicas. Por tanto, las demás personas físicas o jurídicas que no adopten una de estas formas no podrán emitir válidamente dinero electrónico, pudiéndoseles además, imponer una sanción.

Las entidades de dinero electrónico son aquellas personas jurídicas que no tengan la condición de entidades de crédito a las cuales se haya otorgado autorización para emitir dinero electrónico (art. 3).

A ellas se reserva la denominación «entidad de dinero electrónico», así como su abreviatura «EDE», que podrán incluirla en su denominación social. Para la constitución de estas sociedades será preciso un capital social inicial mínimo de 350.000 euros (art. 6).

Para poder funcionar como tales, deberán cumplir los requisitos establecidos por la normativa y recibir autorización del Ministerio de Economía y Competitividad, previo informe del Banco de España y del servicio ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e infracciones Monetarias. En caso de pérdida de algunas de las circunstancias exigidas, tal autorización podrá ser revocada, debiendo, en consecuencia dejar de prestar los servicios de emisión de dinero electrónico.

Además de la emisión de dinero electrónico, las entidades de dinero electrónico podrán -según el art. 8 de su Ley- prestar servicios de pago (según lo considerado anteriormente, la concesión de créditos en relación con los servicios de pago, la prestación de servicios operativos y auxiliares estrechamente vinculados en relación con la emisión de dinero electrónico o en relación con la prestación de servicios de pago; la gestión de sistemas de pago; otras actividades económicas distintas, que sean autorizadas. Sin embargo, no podrán llevar a cabo la captación de depósitos u otros fondos reembolsables del público.

Emisión y reembolso de dinero electrónico

La función principal de las entidades autorizadas, que como afirmamos no son sólo las entidades de dinero electrónico, es la emisión y el reembolso del dinero electrónico. A estos efectos, los fondos que el titular del dinero electrónico entregue a la entidad de dinero electrónico se cambiarán de manera inmediata por dinero electrónico, no pudiendo constituir depósitos u otros fondos reembolsables del público.

Así, los emisores de dinero electrónico emitirán, al recibo de los fondos, dinero electrónico por su valor nominal. Del mismo modo, los emisores de dinero electrónico reembolsarán al titular del mismo, cuando lo solicite, en todo momento y por su valor nominal, el valor monetario del dinero electrónico de que disponga. Las condiciones de reembolso se estipularán de forma clara entre el emisor de dinero electrónico y el titular del mismo.

Sólo conllevará gastos la restitución del dinero electrónico cuando el reembolso se solicite antes de la finalización del contrato, cuando se resuelva el contrato con anterioridad a la fecha de finalización o cuando el reembolso se solicite una vez transcurrido un año desde la fecha de finalización del contrato. Del mismo modo, la concesión de intereses o cualquier otro beneficio por el tiempo durante el cual un titular de dinero electrónico está en posesión de éste queda prohibida por la normativa.