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Concepto y caracteres

El pagaré cambiario es un título-valor por el cual una persona (denominada firmante) se obliga a pagar a otra (beneficiario) o a su orden, una determinada cantidad de dinero en la fecha y lugar indicados en el título. La literalidad del pagaré, como se observa, es una promesa de pago , es decir, un compromiso directo a cargo del firmante de hacer frente a una obligación pecuniaria a favor del beneficiario o de la persona que resulte legítimo tenedor del documento. Este carácter promisorio es precisamente lo que nos permitirá distinguir el pagaré de los otros títulos de pago regulados en la LCCh, pues la letra de cambio y el cheque contienen mandatos de pago.

Pese a su distinta naturaleza -el pagaré es una promesa de pago, la letra de cambio es un mandato-, el contenido de ambos títulos hace que las diferencias se desdibujen, en tanto que ambos documentos incorporan la obligación de pagar una determinada cantidad de dinero en el momento de su vencimiento al sujeto que aparezca legitimado para exigir la prestación (según las normas de funcionamiento de cada título), permitiéndose la circulación de ambos títulos de crédito mediante endoso, la incorporación de avales de terceros, el pago por intervención, el protesto... Es por ello por lo que la LCCh regula en detalle la letra de cambio, reduciendo la disciplina específica del pagaré (arts. 94 a 97) a realizar una remisión (y modulación) a las normas previstas para ésta.

19El pagaré puede ser definido como un título-valor literal, formal y abstracto, por el que una persona, llamada firmante, se compromete de forma incondicionada a pagar una determinada suma de dinero a su vencimiento a otra, llamada beneficiario. Ha de estar emitido en todo caso a la orden o en forma nominativa, por lo que no podrá ser librado al portador. De este concepto se pueden extraer los caracteres que definen al pagaré: a) Se trata de un título de crédito o de pago por el cual el firmante se compromete a pagar una determinada cantidad de dinero, en euros o en cualquier otra moneda admitida a cotización oficial.

Por este motivo, el derecho incorporado al título ha de tener contenido pecuniario, no pudiéndose instrumentar a través del pagaré la entrega de mercancías.

b) El título contiene una promesa de pago (promesa pura y simple). Así, a diferencia de otros instrumentos de pago, como la letra de cambio o el cheque, el firmante del pagaré no ordena que se realice un pago, sino que se compromete a efectuarlo. Se trata, por tanto, de un compromiso directo a diferencia del que se asume con el mandato de pago, a través del cual se garantiza simplemente el pago por otro sujeto. De este modo, el firmante del pagaré es obligado directo y principal de la relación cambiaria, a diferencia de lo que ocurre en las relaciones jurídicas del cheque y de la letra de cambio, que contienen relaciones de carácter triangular.

c) La promesa de pago cumple los fines de contener un derecho literal y autónomo a través de un título formal , en tanto que ha de reunir los requisitos extrínsecos exigidos por los arts. 94 y 95 LCCh para que pueda ser considerado un pagaré.

d) El pagaré se hará efectivo a su vencimiento, lo que significa que entre la fecha de su emisión (libramiento) y la de la realización efectiva del pago prometido debe mediar un lapso de tiempo. Así, la promesa de pago deberá cumplirse, bien en el momento en que se presente al firmante (pagaré «a la vista»), bien transcurrido cierto plazo desde esta presentación (pagaré «a un plazo desde la vista»), bien en un día concreto del calendario (pagaré «a día fijo o determinado»), bien en un día contado a partir de la fecha de emisión (pagaré «a un plazo desde la fecha»).

e) Del mismo modo, el pagaré deberá hacerse efectivo en el lugar de pago que se determine en el título.

f) El pagaré debe ser emitido a la orden o nominativamente, no teniendo cabida el pagaré cambiario al portador, lo que resulta lógico en tanto que es un título por el que el firmante se compromete a realizar un pago a un sujeto concreto sobre la base de una relación causal que existe entre ambos.

Función económica del pagaré

Ante todo, el pagaré es un instrumento de crédito que permite al deudor aplazar el cumplimiento de su prestación pecuniaria en el pago de la relación subyacente. De este modo, el deudor en la relación causal emite el título comprometiéndose (pagaré) al pago de su deuda en un momento posterior. De este modo, el pagaré presenta la ventaja para el deudor de poder aplazar el pago de su crédito, por su parte, el acreedor adquiere las garantías ejecutivas que ofrece el pagaré y se ve beneficiado -a diferencia de un aplazamiento ordinario de deuda- por la posibilidad de movilizar fácilmente su crédito por la vía del endoso o del descuento.

El pagaré se utiliza como instrumento de crédito, por tanto, para aplazar el cumplimiento de la prestación debida por parte del deudor, lo cual se ve favorecido en el tráfico por dos caracteres de su régimen jurídico. En primer lugar, la facilidad de su transmisión, sea por endoso o por descuento, de modo que el acreedor poseedor del título pueda obtener liquidez en cualquier momento. Y, en segundo lugar, por las garantías efectivas del pago que se derivan de ser el pagaré título ejecutivo, pudiendo abrir directamente procedimiento ejecutivo a través del juicio cambiario regulado en los arts. 819 a 827 LEC.

Al mismo tiempo, el pagaré está siendo utilizado para la articulación de pagos contra cuenta corriente con vencimiento determinado. Se trataría en este caso del reconocimiento de una serie de deudas con vencimiento en una fecha determinada y que serán pagadas en el momento de su vencimiento con cargo a la cuenta corriente que se determina en el título. Ha de notarse, sin embargo, que al fijar que el pago se hará con cargo a una cuenta corriente no se está realizando una orden de pago a la entidad bancaria (lo que sería más propio de un cheque) sino que se está determinando propiamente el lugar en el que el deudor realizará el pago (domiciliación). De hecho, a diferencia de lo que ocurre con el pagaré, el cheque no podría utilizarse para hacer frente a esta necesidad ya que no puede postdatarse (sobre la diferencia entre estos pagarés y el cheque postdatado v. RDGRN de 4 de junio de 2009). La circular del Banco de España número 11 de 6 de noviembre de 1990, dirigida a las Entidades miembros del Sistema Nacional de Compensación Electrónica, sobre Sistema Nacional de Intercambios contiene la Norma SNCE-004, por la que se regulan los requisitos de normalización de los pagarés de cuenta corriente.

El pagaré suele emplearse igualmente para desempeñar una función de garantía en la devolución de préstamos. Se suele tratar en estos casos de pagarés nominativos (por tanto, emitidos «no a la orden»), que el firmante entrega en blanco a la entidad prestamista, sin indicar el importe que se compromete a satisfacer. Tal mención se completará en el momento en que haya de hacerse efectiva la garantía ante el impago del préstamo o cuando surja alguna de las circunstancias que dé lugar a su vencimiento anticipado. En tal momento se completará la indicación de la cantidad a pagar con indicación del importe restante del préstamo más los intereses devengados. El motivo de que normalmente estos pagarés de garantía se emitan «no a la orden» se justifica en el intento de conservar la vinculación del pagaré con la relación causal que subyace, evitando que sea empleado como instrumento que circule en el tráfico económico, de modo que se mantenga siempre en las manos del deudor y su acreedor. Con ello, se garantiza que en todo caso el firmante del pagaré puede oponer al prestamista las mismas excepciones que pudiera esgrimir sobre la base de la relación causal. Pudiera parecer que la instrumentación de este pagaré incorporando el derecho de crédito derivado del préstamo en que consiste la relación causal no aporta garantía adicional a la posibilidad de reclamación del importe debido sobre la base de los cauces ordinarios de la relación causal; esta idea, no obstante, se ha de abandonar si se considera que el pagaré vencido conforma un título ejecutivo, por lo que se simplifica en gran medida los cauces para obtener la satisfacción del crédito, presentando ventajas respecto a la exigencia ordinaria de la relación causal.

Pese a que se deba admitir la validez de estos pagarés en blanco como garantía de relaciones de préstamo en las relaciones entre empresarios, no resulta tan clara su admisibilidad en lo que respecta a la contratación con consumidores de servicios bancarios. Sobre esta cuestión doctrina y jurisprudencia se encuentran divididas [v. considerando que se trata de condiciones abusivas y contrarias a la normativa de defensa de consumidores SSAP Girona (secc.1 a ), de 16 de junio de 2000, Tarragona (secc. 3a), de 17 de abril de 2009, Valencia (secc. 9a), de 29 de septiembre de 2010; en contra, admitiendo que tales cláusulas no son per se abusivas, SSAP Baleares (secc. 3a), de 8 de septiembre de 2010, Sevilla (secc. 2a), de 31 de octubre de 2006]. Se cuestiona de este modo si la incorporación a los contratos bancarios de préstamo personal de una cláusula a través de la cual el prestatario se compromete a firmar pagarés en blanco en garantía de la restitución del importe del crédito pueda constituir una cláusula abusiva en virtud del art. 10 bis LGDCU. Si bien desde la perspectiva estricta de su funcionamiento como documentos cambiarios no cabe duda de la posibilidad de su utilización, existen diversos factores que nos deben llevar a cuestionarnos si se trata de cláusulas abusivas. Así, la incorporación de tal obligación implicaría que ante el incumplimiento o el vencimiento anticipado del préstamo, la entidad bancaria pueda recurrir directamente a un procedimiento ejecutivo a través de un juicio cambiario, sin necesidad del reconocimiento notarial previo de la deuda que abriría el procedimiento ejecutivo sobre la base del préstamo. Al mismo tiempo, la admisión de esta posibilidad que permitiría pasar directamente a la ejecución privaría al consumidor de la garantía de comprobación por el fedatario de que la liquidación se ha practicado adecuadamente (ex arts. 573.2a y 574.1a LEC).

Elementos personales: responsabilidades firmante, beneficiario, tenedor, avalista

La estructura subjetiva del pagaré es mucho más sencilla que la que presentan la letra de cambio y el cheque. Así, como reconocimiento de deuda y promesa de pago, el pagaré se construye como una relación directa entre dos partes: el firmante y el beneficiario o tomador. El primero de éstos reconoce la existencia de una deuda a favor del segundo surgida de la relación subyacente de la que trae causa el título, y se compromete al pago de su importe en un momento posterior. Por su parte, el beneficiario aparece como titular del documento, quien podrá exigir al firmante el pago de la prestación dineraria derivada del documento a partir del momento de su vencimiento. Como consecuencia de esta estructura bilateral, el firmante del pagaré se posiciona como obligado cambiario principal y directo. Como hemos afirmado, la persona del beneficiario tiene que estar determinada en el propio título, por lo que éste deberá emitirse en forma nominativa o a la orden.

Pese a que no se admite el pagaré al portador, análogos efectos pueden conseguirse en la práctica a través de la emisión de un pagaré en que quede sin indicar la persona del tomador, completándose en un momento posterior (siendo de aplicación el art. 12 LCCh). Aunque desde el punto de vista formal fuera posible, ha de descartarse la posibilidad de emitirse un pagaré a la propia orden, es decir, haciendo que coincidan las personas del firmante y del beneficiario. La negación de tal posibilidad ha de descansar tanto en lo absurdo de prometerse a sí mismo un pago, como por la cuestión formal de que el art. 96 LCCh no declara expresamente aplicable al pagaré el art. 4. Sin embargo, el carácter autónomo del derecho incorporado así como la posibilidad de que exista un beneficiario distinto al momento del vencimiento en virtud de un endoso, permitirían sostener la posición favorable a admitir la emisión a la propia orden.

Con anterioridad a la emisión del pagaré, el beneficiario será normalmente acreedor del firmante por una suma igual o superior al importe por el que se emite, crédito derivado de alguna prestación realizada en su favor, llamado en lenguaje cambiario «provisión de fondos» y que, aun siendo ajeno al juego de derechos y obligaciones vinculados al título, representa, sin embargo, un sustrato lógico de la creación de aquél, en cuanto, normalmente, para cancelar, total o parcialmente, esta relación crediticia el firmante crea y emite el pagaré. De ahí que también se le llame «crédito causal», porque da origen al título.

Hay que señalar que, en virtud del art. 1170 CC, la mera entrega del pagaré no implica la cancelación de la deuda extracambiaria o causal existente entre firmante y beneficiario. Así, «la entrega de pagarés a la orden, o letras de cambio u otros documentos mercantiles, sólo producirá los efectos del pago cuando hubiesen sido realizados, o cuando por culpa del acreedor se hubiesen perjudicado», hasta que no suceda eso, la acción para pedir el cumplimiento de la obligación causal queda en suspenso (v. SSTS Sala 1a de 11 de diciembre de 1992, de 28 de noviembre de 2006 y de 20 de noviembre de 2009).

Al tratarse el pagaré de un título-valor de carácter abstracto, son admisibles los llamados «pagarés de favor» -al igual que las letras de favor, quizás más estudiadas-, que son aquellos que emite un firmante a favor de un beneficiario sin estar ambos vinculados por una relación causal subyacente [v. SAP Salamanca (secc. 1a) de 15 de febrero de 2007]. Los problemas de este tipo de documentos se producen cuando, llegado el momento del vencimiento el tenedor le presenta el pagaré al firmante, no pudiendo oponerle éste la excepción de favor -pese a no ser deudor del beneficiario- debiendo, en consecuencia, proceder al pago.

22Otro problema que generan los pagarés de financiación es la tendencia al «peloteo de pagarés», práctica que se produce cuando, ante el vencimiento de un pagaré se libra uno nuevo para el pago del originario. Esta práctica normalmente generará que cada vez el importe sea mayor, como consecuencia de los lógicos incrementos de deuda por el aplazamiento y la falta de liquidación inmediata. A los pagarés que se generan para «el peloteo» se les denomina «pagarés de resaca».

Junto a estos dos sujetos mínimos y naturales de la relación cambiaria articulada a través del pagaré - firmante y beneficiario-, pueden participar otros sujetos en el mismo. De este modo, cuando el pagaré esté emitido «a la orden», el beneficiario podrá transmitirlo mediante endoso a otro sujeto, que pasaría a integrarse dentro de la relación cambiaria como tenedor . Este tenedor, a su vez, podrá transmitir el pagaré a través de nuevos endosos a nuevos tenedores. El pagaré, como título-valor, está abocado a la circulación en el tráfico económico, lo que justifica que cuando es utilizado en las relaciones entre empresarios o profesionales se sucedan sus transmisiones, haciéndose así circular el crédito. El endoso podrá hacerse a favor de otro empresario -tenedor, endosatario-, empleándose, por tanto como instrumento de pago -total o parcial- de una relación causal existente entre ambos; o bien -hipótesis más usual en la actualidad- recurriendo a su descuento en una entidad bancaria. A través del contrato de descuento el tenedor del documento cambiario lo endosa a una entidad bancaria para recibir su importe -lógicamente con una reducción en concepto de comisión de cobro (propiamente, el descuento )- a cambio de la transmisión del documento. A partir de ese momento, el banco tendrá el título y podrá exigir su pago a los obligados cambiarios.

Igualmente, la obligación de pago contenida en el pagaré puede garantizarse mediante la incorporación de avales al documento. El avalista se incorpora de esta manera a la relación cambiaria aumentando las garantías de pago del título.

Elementos formales: promesa de pago, documentación, timbre

El pagaré conforma un título formal en tanto que sólo merecerá la calificación de tal el documento que reúna los requisitos exigidos por la normativa (art. 94 LCCh), a los que se hará alusión más adelante al estudiar el libramiento del pagaré. En cualquier caso, su contenido mínimo ha de incluir la palabra «pagaré» en tanto que compresiva de la promesa pura y simple de pago que asume el firmante y sobre la base de la cual funciona el título.

A diferencia de lo que ocurre con la letra de cambio, que sólo será válida cuando sea expedida en el formato oficial aprobado al respecto (Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, de 30 de junio de 1999, por la que se aprueba el modelo de letra de cambio), no existe tal para el pagaré, de modo que cualquier documento que reúna los requisitos exigidos en el art. 94, merecerá la consideración de tal. Si falta alguno de ellos, el documento tendrá un mayor o menor valor jurídico, pero no podrá ser considerado un pagaré, ni disfrutará de las ventajas que lleva aparejado el título cambiario. Ello no obstante, con fecha de 30 de junio de 1986, el Consejo Superior Bancario aprobó un modelo normalizado de pagaré comercial y otro de pagaré de cuenta corriente que, sin embargo, están desprovistos de carácter imperativo.

El hecho justificativo de que la letra de cambio esté sometida imperativamente a un modelo normalizado y el pagaré no, es debido al impacto que sobre estos títulos tiene la normativa tributaria reguladora del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre). Según su art. 33, están sujetas al pago del impuesto «las letras de cambio, los documentos que realicen función de giro o suplan aquéllas, los resguardos o certificados de depósitos transmisibles, así como los pagarés, bonos, obligaciones y demás títulos análogos emitidos en serie, por plazo no superior a dieciocho meses, representativos de capitales ajenos por los que se satisfaga una contraprestación establecida por diferencia entre el importe satisfecho por la emisión y el comprometido a reembolsar al vencimiento». La Ley del impuesto considera que un documento realiza función de giro «cuando acredite remisión de fondos o signo equivalente de un lugar a otro, o implique una orden de pago, aun en el mismo en que ésta se haya dado, o en él figure la cláusula a la orden». De este modo, la letra de cambio quedaría sometida siempre al pago del tributo, pues implica una orden de pago, mientras que el pagaré sólo se someterá al impuesto cuando sea emitido a la orden. Dado que éstos pueden ser emitidos también nominativamente y con la cláusula «no a la orden», no tendría sentido someter de forma imperativa a todos los pagarés que se emitan al pago del impuesto. En cambio, el pagaré que sí cumpla esta función de giro -y, en consecuencia, haya sido emitido «a la orden»- sí deberá sujetarse al pago del tributo, so pena de la pérdida de su carácter ejecutivo (art. 37.1 de la Ley del Impuesto).

El Reglamento del Impuesto [art. 44.2, a) del RD 898/1995, de 29 de mayo] puntualiza que los pagarés a la orden cumplen función de giro. La jurisprudencia fiscal, sobre estas bases normativas y tras algunas vacilaciones, ha entendido que el pagaré girado a la orden está sometido a la misma tributación que la letra de cambio y que el emitido con carácter nominativo también lo estará salvo expresa incorporación de la cláusula «no a la orden».

Predominio sobre la letra de cambio

El pagaré nace como instrumento del tráfico en la Baja Edad Media como un documento notarial a través del cual se contenía al mismo tiempo un reconocimiento de deuda pecuniaria (confessio) y una promesa de saldarla (promissio). La emisión del documento tomaba como causa una relación subyacente consistente en la toma de una cantidad de dinero que se debía restituir en importe equivalente de otra moneda (cambium siccum) o bien en la misma u otra moneda en otro lugar (cambio trayecticio).

Pese a que en su origen y dada su mayor simplicidad el uso del pagaré fue mayor, pronto fue superado en su uso en la práctica por la letra de cambio, pues ésta no precisaba la intervención notarial y permitía una más ágil circulación de los créditos, así como instrumentar la obligación del pago de intereses a través del propio documento.

Estos títulos, como «vales» o «pagarés» han recibido reconocimiento legal en los principales textos mercantiles desde las Ordenanzas de Bilbao de 1737, las de Málaga de 1825 y los Códigos de Comercio de 1829 y 1885, hasta la derogación de las normas correspondientes del Código (arts. 443 a 543) articulada por medio de la Ley Cambiaria de 1985. Ésta sigue la misma técnica que la Ley uniforme de Ginebra de 1930, la cual ofrecía un tratamiento pormenorizado de la letra de cambio destinando su Título II (arts. 75 a 78) a la regulación del «pagaré a la orden», remitiéndose en tales preceptos al régimen de la letra de cambio. Esta evolución es fruto de la generalización del uso de los documentos cambiarios -principalmente la letra de cambio- a partir del siglo XIX, y de la potenciación de los intercambios internacionales, que pusieron de manifiesto la necesidad de unificar los ordenamientos reguladores, lo que acabó lográndose a través de la Ley Uniforme adoptada por un amplio número de países (a la que, sin embargo, no se adhirieron los ordenamientos del ámbito anglosajón). Esta Ley Uniforme de Ginebra de 1930 y, por ende, la Ley Cambiaria española que se basa en ella, se inclinan más decididamente por un sistema de corte germánico que por el francés, poniendo como fundamento de las obligaciones que derivan de los títulos el que se reflejan en ellos declaraciones de voluntad vinculantes, dotadas de un explícito contenido y apariencia legitimadora, cuya exigibilidad dimana de ellos mismos y no de la causa que determina su emisión, normalmente ignorada e intrascendente y cuyas vicisitudes no afectan a los compromisos recogidos en el documento.

La codificación contribuyó a que el pagaré cayera en un cierto desuso y ocupara una posición relegada frente al predominio de la letra de cambio. Así, la regulación del CCom exigía que en el pagaré se hiciera constar el negocio causal determinante de la emisión (con lo que quiebra el principio de autonomía del título) y, además, sólo llevaban aparejada ejecución los pagarés que se emitieran 24como consecuencia de operaciones de comercio. A diferencia de la letra, el pagaré no estaba puramente configurado como un título autónomo de la relación causal, a la que condicionaba sus efectos.

Con la LCCh, de 16 de julio de 1985, siguiendo los principios uniformes de Ginebra, el pagaré se configura completamente como un título autónomo y se ve beneficiado por su estructura más simple, de modo que progresivamente se va imponiendo en el uso sobre la letra de cambio. Así, la tendencia de uso de los títulos de crédito en el tráfico mercantil ha experimentado un importante cambio, de suerte que el empleo del pagaré pasa a estar generalizado, mientras que la letra de cambio pasa a ocupar una posición marginal. Esta tendencia es reflejo de la influencia anglosajona, en cuyo tráfico el uso del pagaré (promissory note) ha sido siempre superior al de la letra (bill of exchange).

Ello no obstante no debe hacer pensar que la regulación que la normativa dispensa al pagaré sea escasa o deficiente pues, como se afirma, el régimen jurídico que le resulta de aplicación es el de la mayor parte de la disciplina de la letra de cambio, por tanto, sólo se precisa un cambio en la óptica interpretativa para considerar de forma sistemática el régimen del pagaré. Según el art. 96 LCCh serán de aplicación al pagaré las normas aplicables a la letra de cambio por lo que respecta al endoso, al vencimiento, al pago, a las acciones por falta de pago, al pago por intervención, a las copias, al extravío, sustracción o destrucción, a la prescripción, al cómputo de los plazos y a la prohibición de los días de gracia, al lugar y domicilio, a las alteraciones, así como los arts. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 y 32.