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Concepto y apertura de la liquidación

La liquidación es aquella fase del concurso de acreedores dirigida a convertir en dinero los bienes y derechos que integran la masa activa para el pago a los acreedores por el orden legalmente establecido. La liquidación del concurso se divide, a su vez, en dos etapas, la de realización de las operaciones de la liquidación , conforme al correspondiente plan o conforme a las reglas legales supletorias, y la de pago a los acreedores, si bien el pago podrá comenzar aunque no estén terminadas las operaciones de liquidación, en función de la liquidez de la masa activa y con las debidas garantías (art. 157.3 LC). A pesar de la denominación empleada, en caso de que el concursado ejercitase actividad profesional o empresarial, la opción legal preferida es la transmisión de la empresa, que deberá realizarse siempre que sea posible, y con independencia de que se apruebe o no un plan de liquidación (arts. 146.bis, 148 y 149 LC).

La liquidación puede ser voluntaria o necesaria. Como se establece gráficamente, «el deudor podrá solicitar la liquidación en cualquier momento» (art. 142.1-I LC), siempre -claro está- que no hubiera presentado una propuesta -anticipada u ordinaria- de convenio, y la apertura de la fase de liquidación habrá de producirse dentro de los diez días siguientes (art. 142.1-II LC). Se iniciarán inmediatamente las operaciones de liquidación, de modo simultáneo a la determinación de las masas activa y pasiva del concurso, y, en su caso, podrá pagarse a los acreedores antes incluso de que las masas estén definitivamente formadas, adoptándose las medidas que resulten necesarias (arts. 156.2 y 157.1-III LC). Excepcionalmente, la apertura de la fase de liquidación podrá ser solicitada también por la administración concursal, pero solo cuando hubiera cesado la actividad profesional o empresarial del concursado (arts. 44 y 142.3 LC).

La apertura de la liquidación habrá de producirse necesariamente siempre que no llegue a aprobarse un convenio y siempre que se constate el fracaso del convenio aprobado. Se habla entonces de liquidación necesaria o, más exactamente, de apertura necesaria de la fase de liquidación. A tal efecto, la liquidación se abre en unos casos a solicitud de parte (art. 142.2 LC) y en otros de oficio por el juez (art. 143.1 LC). La liquidación deberá abrirse de oficio por el juez siempre que fracase la solución convenida, sea porque no llegare a presentarse o a admitirse a trámite ninguna propuesta de convenio, porque no llegare a concluirse con la mayoría de acreedores o no llegare a aprobarse por el juez o porque se declarase la nulidad o el incumplimiento del convenio (art. 143.1 LC). Para evitar esa resolución y anticipar en el tiempo la conversión, la Ley impone al concursado que hubiera alcanzado un convenio con sus acreedores el deber de solicitar la liquidación cuando conozca la imposibilidad de cumplir los pagos comprometidos y las obligaciones contraídas con posterioridad a la aprobación judicial del convenio (art. 142.2-I) y concede a los acreedores la facultad de solicitar la liquidación cuando acrediten la existencia durante la ejecución del convenio de alguno de los hechos que permiten la solicitud de concurso (art. 142.2-II). Con esas dos medidas se persigue un tránsito rápido desde la fase de convenio a la fase de liquidación, como consecuencia de la imposibilidad de cumplimiento del convenio concluido con los acreedores y aprobado por el juez y de las nuevas obligaciones contraídas, que se traduce, en definitiva, en una conversión directa de la fase de convenio en fase de liquidación, sin necesidad, pues, de tener que solicitar la (nulidad o la) resolución judicial del convenio que llegase a ser incumplido.

En todo caso, a la resolución judicial por la que se declare la apertura de la fase de liquidación se le dará la publicidad prevista para la declaración de concurso (arts. 144, 23 y 24 LC).

Efectos de la liquidación

Durante la liquidación, y como consecuencia del principio de unidad del procedimiento, se mantendrán los efectos de la declaración de concurso contenidos en el título III de la Ley (art. 147), al igual que continuarán aplicándose las normas sobre la administración concursal, sobre conclusión y reapertura del concurso, las normas procesales generales y sistemas de recursos y las de derecho internacional privado.

La situación del concursado durante la fase de liquidación será necesariamente la de suspensión del ejercicio de las facultades de administración y disposición, que se producirá automáticamente con su apertura. El procedimiento se orienta de modo inevitable a la realización de los bienes y derechos integrantes de la masa activa para repartir el producto entre los acreedores, y esa tarea se reserva a la administración concursal. Además, si la apertura de la liquidación tuviera lugar tras la aprobación judicial de un convenio, será necesaria la reposición en el cargo de los mismos administradores concursales o el nombramiento de otros nuevos para que se encarguen de la liquidación (art. 145.1-II LC).

Cuando el concursado sea una persona natural, la apertura de la liquidación producirá la extinción del derecho a alimentos con cargo a la masa activa, salvo cuando fuera imprescindible para atender a las necesidades mínimas del concursado y de su cónyuge o pareja de hecho (art. 145.2 LC). Cuando sea una persona jurídica, la resolución judicial de apertura de la fase de liquidación contendrá la declaración de disolución, si no se hubiera producido con anterioridad, así como la sustitución del órgano de administración y representación por la administración concursal a los efectos de realizar las operaciones de liquidación (art. 145.3 LC). La liquidación de la persona jurídica disuelta por apertura de la fase de liquidación concursal se realizará conforme a lo establecido en la propia LC (arts. 227 CCom, 372 LSC, 59.3 LSGR y 18.2 LAIE).

La apertura de la fase de liquidación trae consigo dos efectos específicos sobre los créditos (art. 146 LC): el vencimiento anticipado de los que estuvieran aplazados y la conversión en dinero de los que consistan en otras prestaciones.

De otro lado, como ya sabemos, en caso de liquidación deberá formarse -o reabrirse- la sección de calificación del concurso (art. 167 LC), constituyendo la liquidación presupuesto necesario para que se imponga, en los supuestos de concurso culpable, la eventual condena a la cobertura, total o parcial, del déficit a los administradores y liquidadores, de derecho o de hecho, a los apoderados generales, e incluso, en determinadas condiciones, a los socios de la persona jurídica (art. 172 bis LC).

Operaciones de liquidación

La realización de las operaciones de liquidación se encomienda, como es lógico, a la administración concursal, que actuará bajo la vigilancia del juez del concurso. Las operaciones de liquidación giran en torno al denominado plan de liquidación, o de realización de los bienes y derechos integrados en la masa activa, que habrá de ser elaborado por la administración concursal, sometido a la consideración del deudor, de los acreedores y, en su caso, de los representantes de los trabajadores y aprobado por el juez (art. 148 LC). Si, por cualquier razón, el plan no fuera aprobado, se aplicarán las reglas legales supletorias (art. 149 LC). Puede hablarse, pues, de dos formas de liquidación: la que sigue un plan de liquidación y la que sigue las reglas legales supletorias. Pero, cualquiera que sea la forma seguida, en el caso de que el concursado sea titular de una empresa y cuente con trabajadores a su cargo existe un principio general de conservación de la empresa, de modo que se fomenta su transmisión global y la conservación de los puestos de trabajo. De otro lado, cualquiera que sea la forma de la liquidación, se establecen varias normas imperativas: la sucesión procesal de pleno derecho en caso de enajenación de bienes litigiosos (art. 150 LC), el deber de la administración concursal de emitir informes trimestrales sobre la marcha de la liquidación (art. 152 LC) y la posibilidad de separación de los administradores concursales cuando las operaciones de liquidación se prolonguen excesivamente en el tiempo (art. 153 LC).

Si el plan de liquidación no fuera aprobado, las operaciones de liquidación deberán ajustarse a las reglas legales supletorias, que se aplicarán igualmente en todo aquello que no hubiera previsto el plan de liquidación (art. 149.1 LC). La primera regla legal hace referencia a la liquidación de las empresas o explotaciones que integren la masa activa y es, en realidad, un conjunto de disposiciones dispersas: a) La empresa se enajenará como un todo , salvo que el juez estime más conveniente para los intereses del concurso lo contrario, y mediante subasta. Cuando la enajenación se lleve a cabo mediante subasta se fijará un plazo para la presentación de ofertas de compra de la empresa, que deberán incluir un contenido mínimo exigido por la normativa (art. 149.3 LC). b) No obstante, el juez podrá acordar la realización mediante enajenación directa o a través de persona o entidad especializada cuando la subasta quede desierta o cuando considere que es la forma más idónea en atención al interés del concurso y a la vista del informe de la administración concursal. La retribución de la entidad especializada correrá a cargo de la administración concursal (art. 149.1-1 a ). En caso de ofertas cuyo precio no difiera en más del quince por ciento de la inferior, podrá el juez acordar la adjudicación a esta cuando considere que garantiza en mayor medida la continuidad de la empresa y de los puestos de trabajo, y permite una mejor satisfacción de los acreedores (art. 149.1-3a). Cuando se opte por la transmisión global, se considerará, a los efectos laborales (art. 44 ET) y de la Seguridad Social, que existe sucesión de empresa (art. 149.4 LC).

La segunda regla legal, que constituye una simple reiteración normativa, es la de que la extinción o suspensión de contratos laborales o la modificación en las condiciones de trabajo se someterá a lo dispuesto en la propia Ley (art. 149.1-2 en relación con los arts. 64 y 147 LC).

La tercera regla se refiere a las enajenaciones individuales de todos los demás bienes de la masa activa, incluidos los que integren las empresas o explotaciones cuando no fuere posible la transmisión global, que se realizarán conforme a las disposiciones establecidas en la LEC para el procedimiento de apremio , si bien habrá de tenerse en cuenta que en la ejecución concursal no existe acreedor ejecutante (art. 149.2 LC).

Se prevé, en fin, que el auto de aprobación del remate o de la transmisión de los bienes o derechos realizados ya sea de forma separada, por lotes o formando parte de una empresa o unidad productiva, acordará la cancelación de todas las cargas anteriores al concurso constituidas a favor de créditos concursales, salvo las que gocen de privilegio especial y se hayan transmitido al adquirente con subsistencia del gravamen (arts. 149.5 y 90 LC).

Pago de los créditos

A. Las reglas generales para el pago

La fase de liquidación del concurso de acreedores tiene como finalidad específica la satisfacción de los créditos previamente reconocidos. A falta de normas especiales, habrán de considerarse aplicables a los pagos concursales las reglas generales: podrá utilizarse cualquiera de los medios habituales (transferencias, cheques, etc.), deberá exigirse recibo y, en su caso, hacer constar el pago en el título; las cantidades correspondientes a los acreedores que no reciban el pago deberán ser consignadas (arts. 1176 y ss. CC), etc. Evidentemente, el pago producirá la extinción del crédito (art. 1156 CC), sea total o parcial (art. 1157 CC). Cuando el pago de un crédito se realizare antes del vencimiento que tuviere a la fecha de apertura de la liquidación, se hará con el descuento correspondiente, calculado al tipo de interés legal (art. 159 LC).

Atención especial merece el pago de los créditos con garantía personal. De un lado, el garante (titular del crédito de regreso contra el concursado) no podrá ser satisfecho en la liquidación, mientras no hubiera pagado íntegramente el crédito garantizado, en cuyo caso sustituirá al acreedor principal.

Cuando se produzca la concurrencia del crédito principal y del crédito de regreso, porque el garante hubiera satisfecho sólo parcialmente el crédito garantizado con anterioridad a la declaración de concurso, el acreedor tendrá derecho a obtener en el concurso del deudor también los pagos correspondientes al garante hasta que, sumados a los que perciba por su crédito, cubran el importe total (art. 160 LC). De otro lado, en caso de crédito que hubiera sido reconocido en dos o más concursos de deudores solidarios, el acreedor no podrá obtener, sumando lo percibido en todos los concursos, una cantidad superior al importe del crédito y el codeudor concursado que haya efectuado un pago parcial no podrá reintegrarse del pago realizado en los concursos de sus codeudores mientras el acreedor no haya sido íntegramente satisfecho. Para hacer posible la aplicación de esas reglas y coordinar los concursos, la administración concursal podrá retener el pago hasta que el acreedor presente certificación acreditativa de lo percibido en los concursos de los demás deudores solidarios y habrá de poner en conocimiento de las administraciones concursales de los demás concursos los pagos realizados (art. 161 LC).

Cuando a la liquidación hubiese precedido el cumplimiento parcial de un convenio, se presumirán legítimos los pagos realizados, salvo que se probara la existencia de fraude, contravención al convenio o alteración de la igualdad de trato a los acreedores. Los acreedores retendrán los pagos en su poder, pero no podrán participar en los cobros de las operaciones de liquidación hasta que el resto de los acreedores de su misma clasificación hubiera recibido pagos en un porcentaje equivalente (art. 162 LC).

B. El orden de pago

El pago de los créditos se realizará por el orden legalmente establecido. De este modo, es preciso distinguir entre los créditos con privilegio especial y los créditos contra la masa, que se satisfacen de una forma especial, fuera de la graduación, y los restantes créditos (con privilegio general, ordinarios y subordinados), que se satisfarán con el remanente de la masa activa del concurso que resulte de la liquidación, de acuerdo con las normas de graduación de los créditos.

a) El pago de los créditos con privilegio especial será siempre preferente con cargo a los bienes y derechos afectos (art. 155.1 LC), preferencia que se ejerce tanto sobre los demás créditos concursales como incluso sobre los créditos contra la masa (art. 154-II LC). En caso de concurrencia de privilegios especiales sobre un mismo bien o derecho, se aplicará el principio de prioridad temporal. En cuanto al procedimiento para el pago de dichos créditos, no debe olvidarse que esos créditos podrán haber sido satisfechos antes de la apertura de la fase de liquidación si la administración concursal hubiera hecho uso de la facultad de rescate del bien (arts. 56.3 y 155.2 LC) o si los acreedores hubieran iniciado o continuado la ejecución de su garantía porque la garantía real recayese sobre un bien no afecto a la actividad empresarial o profesional del concursado; porque se hubiera aprobado previamente un convenio que no afectase a su derecho, o porque hubiera transcurrido más de un año desde la declaración de concurso sin que la liquidación se hubiera abierto (art. 56.1 y 2 LC). En otro caso, abierta la liquidación, los acreedores perderán el derecho de ejecución en procedimiento separado (art. 57.3 LC), porque ello podría perjudicar la satisfacción de los restantes acreedores en todos aquellos casos en los que el bien gravado formara parte de un conjunto de bienes.

Por lo tanto, durante la liquidación podrá realizarse la venta de un conjunto de bienes o derechos, aun cuando alguno de ellos estuviera sujeto a privilegio especial, de conformidad con el plan de liquidación (art. 148.1 LC) o de acuerdo con las reglas legales supletorias (art. 149.1 LC), asignándose en tal caso a los acreedores privilegiados, con cargo al producto de la venta, las cantidades que les correspondan en función del valor de su crédito, del valor de los bienes o derechos sobre los que recaen sus privilegios y del conjunto de bienes ejecutado.

Como modalidad especial de ejecución concursal, se permite la enajenación de los bienes y derechos afectos a créditos con privilegio especial con subsistencia del gravamen y con subrogación del adquirente en la obligación del deudor, que quedará excluida de la masa pasiva (art. 155.3 LC). Con esa posibilidad se trata, de nuevo, de conciliar el interés del concurso con el del acreedor privilegiado en aquellos casos en que el valor del bien o derecho objeto del privilegio especial sea superior al del crédito privilegiado. Esta modalidad de enajenación presenta la peculiaridad de que, de forma simultánea, se liquida un bien de la masa activa y se suprime un crédito de la masa pasiva.

Cuando el crédito con privilegio especial sea íntegramente satisfecho con el producto de su ejecución, separada o colectiva, el remanente se integrará en la masa activa del concurso para la satisfacción de los demás créditos (arts. 155.3-I in fine y 156 LC). Si, por el contrario, el producto de la ejecución del bien fuera insuficiente para la satisfacción íntegra del crédito con privilegio especial, en la parte no satisfecha el crédito compartirá posición con los créditos ordinarios (art. 157.2 LC), teniendo en cuenta que el privilegio especial se extenderá no sólo al principal del crédito, sino también a los intereses (art. 59.1 LC).

b) Como vimos, los créditos contra la masa gozan de prioridad sobre los créditos concursales que no disfruten de privilegio especial, lo que se reconoce estableciendo que serán satisfechos antes de proceder al pago de los créditos concursales (art. 154 LC; v. STS de 12 de diciembre de 2014). Si la masa activa fuese insuficiente para satisfacer todos los créditos contra la masa, se pagarán por el orden legalmente establecido al efecto (art. 176 bis.2 LC).

c) Una vez satisfechos los créditos con privilegio especial y deducidos de la masa activa los bienes y derechos necesarios para satisfacer los créditos contra la masa, comienza propiamente la graduación de créditos . En primer lugar, se atenderá al pago de los créditos con privilegio general , por el orden legalmente establecido y, en su caso, a prorrata dentro de cada número (arts. 91 y 156 LC). A continuación, se realizará, en su caso, el pago de los créditos ordinarios , si bien se permite excepcionalmente adelantar el pago, siempre que estén debidamente cubiertos los créditos contra la 167masa y los privilegiados (art. 157 LC), y, finalmente, se procederá, en su caso, y una vez satisfechos en su integridad los restantes créditos, al pago de los créditos subordinados , por el orden legalmente establecido y a prorrata dentro de cada número (arts. 92 y 158 LC).