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Concepto, naturaleza y contenido del Covenio

El convenio puede definirse como aquel negocio jurídico fundado en el acuerdo de voluntades entre el deudor concursado y la colectividad de sus acreedores y sancionado por el juez del concurso que tiene por objeto la satisfacción de los acreedores mediante las correspondientes quitas o reducciones de los créditos y/o a través de las esperas o aplazamientos en los pagos. Se trata de una operación compleja, en la que es necesario distinguir entre la tramitación y la ejecución del convenio. La tramitación del convenio, que puede producirse de forma ordinaria o de forma anticipada , incluye la conclusión del acuerdo entre el deudor y la colectividad de los acreedores (como en cualquier contrato, propuesta y aceptación), pero también la necesaria aprobación judicial (STS 25 de octubre de 2011). La ejecución del convenio comprende tanto la determinación de sus efectos como el régimen de su cumplimiento o de su incumplimiento.

Se explica así que, a la hora de determinar la naturaleza jurídica del convenio, se contrapongan tradicionalmente las teorías contractualistas y las teorías procesalistas, y que la solución sea intermedia: el convenio comprende tanto un contrato entre el deudor y sus acreedores como un acto procesal de aprobación judicial.

El contenido del convenio queda sometido a normas imperativas (art. 100 LC).

A) En primer lugar, debe contener necesariamente quitas y/o esperas de los créditos. En este sentido, hay que señalar que, si bien no se establecen límites para el alcance de las quitas y la extensión de las esperas, por un lado, se prohíben las propuestas que alteren la cuantía de los créditos, y, por otro, el contenido de las proposiciones de quita y/o espera tiene importantes consecuencias: En relación con las mayorías necesarias para la aprobación de la propuesta de convenio, habrá que diferenciar: si las quitas son iguales o inferiores a la mitad del importe del crédito y las esperas no superan los cinco años, para que la propuesta de convenio se considere aceptada por la junta será necesario que vote a favor de la misma, al menos, un cincuenta por ciento del pasivo ordinario. Si las quitas son superiores a la mitad del importe del crédito y las esperas superan los cinco años, pero en ningún caso son superiores a diez, será necesario el voto favorable del sesenta y cinco por ciento del pasivo ordinario. Y, en el caso de que la propuesta consista en el pago íntegro de los créditos ordinarios en plazo no superior a tres años o en el pago inmediato de los créditos ordinarios vencidos con quita inferior al veinte por ciento, será suficiente que vote a su favor una porción del pasivo superior a la que vote en contra (art. 124 LC).

Además, en el supuesto de un convenio no gravoso, es decir, un convenio en el que se establezca, para todos los acreedores o para los de una o varias clases, una quita inferior a un tercio del importe de los créditos o una espera inferior a tres años, no procederá la formación de la sección de calificación del concurso (art. 167 LC).

B) En segundo lugar, se prohíben los convenios de liquidación global y de cesión de bienes y derechos en pago o para pago de deudas, salvo que se trate de cesiones en pago (no para pago) de bienes o derechos no necesarios para la continuación de la actividad profesional o empresarial, o de bienes afectos a créditos con privilegio especial (art. 155.4 LC), y sin perjuicio de que el convenio pueda incluir tanto la fusión, la escisión o la cesión global de activo y pasivo de la persona jurídica concursada (art. 100.3 LC) como enajenaciones de bienes concretos y determinados (art. 100.4 LC). Se admiten, además, los convenios de enajenación total o parcial de la empresa en los que el adquirente asuma la continuidad de la actividad empresarial o profesional, los cuales se sujetan a una regulación especial, de modo que, por regla general, la transmisión no llevará aparejada la obligación de pago de los créditos no satisfechos por el concursado antes de la transmisión (art. 100.2-III y IV en relación con el 146 bis. 4).

C) En tercer lugar, se prohíben aquellos convenios que alteren la clasificación de créditos legalmente prevista (art. 100.3 LC), es decir, que modifiquen la consideración de un crédito como privilegiado, ordinario o subordinado. Esa prohibición no impide que se ofrezca, como proposición alternativa, a todos los acreedores o a los de una clase, la posibilidad de la conversión de su crédito en acciones, participaciones, o cuotas sociales, o en obligaciones convertibles, créditos subordinados, créditos participativos, en préstamos con intereses capitalizables o en cualquier otro instrumento financiero de rango, vencimiento o características distintas de la deuda original (arts. 100.2-I, 102 y 134.1.II in fine LC). Cuando se ofrezca esa facultad, el convenio deberá establecer la alternativa aplicable en caso de falta de ejercicio de la facultad de elección (art. 102.1 LC) y la facultad de elección habrá de ejercitarse por cada acreedor (art. 102.2 LC; v. STS de 25 de octubre de 2011).

Como enseguida veremos, la tramitación del convenio puede producirse de forma ordinaria o de forma anticipada, pero, en todo caso, la propuesta de convenio deberá formularse por escrito, que deberá ir firmado por los proponentes (el deudor o todos los acreedores que la presenten) y también, en su caso, por aquellos terceros que presten garantías o financiación, realicen pagos o asuman cualquier otra obligación (art. 99.1 LC). Además, deberá ir acompañada siempre de un plan de pagos y, en caso de continuación de la actividad profesional o empresarial por el propio concursado, se acompañará también de un plan de viabilidad , en el que se especificarán los recursos necesarios, las condiciones de su obtención y los eventuales compromisos de terceros. Los créditos que se concedan al concursado para financiar el plan de viabilidad se satisfarán en los términos fijados en el convenio (art. 100.4 y 5 LC).

La propuesta no podrá ser condicionada, de modo que cuando su eficacia se someta a condición, se tendrá por no presentada, salvo en el caso de concursos conexos, en los que la propuesta que presente uno de los concursados podrá condicionarse a la aprobación judicial del convenio en otro u otros de los concursos acumulados (art. 101.2 LC).

Tramitación ordinaria del Convenio

A. La presentación y tramitación de la propuesta

En el modelo ordinario del concurso de acreedores, a la fase primera o fase común sucede la fase de convenio o la fase de liquidación. Si el concursado no hubiera optado antes por la liquidación ni se hubiese aprobado un convenio anticipado, el juez dictará necesariamente auto poniendo fin a la fase común del concurso y abriendo la fase de convenio, auto en el que, además, se ordenará la convocatoria de junta de acreedores (art. 111 LC). Durante la tramitación del convenio, seguirán siendo aplicables las normas establecidas para la fase común en el título III de la Ley como efectos de la declaración de concurso (art. 112 LC).

La propuesta ordinaria de convenio podrá ser presentada tanto por el deudor como por acreedores que superen el veinte por ciento del total pasivo, en dos períodos distintos (art. 113 LC). El primer período se extiende desde la finalización del plazo de comunicación de créditos hasta la finalización del plazo de impugnación del inventario y de la lista de acreedores cuando no se hayan presentado impugnaciones, y habiéndose presentado impugnaciones, hasta la fecha en que se pongan de manifiesto en la Oficina judicial los textos definitivos de esos documentos. El segundo período tiene carácter subsidiario: si no se hubiera presentado ninguna propuesta de convenio con anterioridad ni tampoco hubiera el deudor solicitado la apertura de la fase de liquidación, el juez abrirá la fase de convenio y podrán presentarse propuestas desde el momento de la convocatoria de la junta hasta cuarenta días antes de la fecha señalada para su celebración. Si tampoco se presentase propuesta, el juez abrirá de oficio la fase de liquidación (arts. 114.3 y 143.1-1 LC).

El juez deberá analizar si la propuesta o propuestas presentadas cumplen las condiciones de tiempo, de forma y de contenido legalmente exigidas, determinando, en consecuencia, la admisión a trámite o el rechazo de la propuesta (art. 114 LC), y la administración concursal evaluará su contenido, en relación con el plan de pagos y el plan de viabilidad (art. 115 LC). Si el juez negara la admisión a trámite de la propuesta, declarará de oficio la apertura de la fase de liquidación (arts. 114.3 y 143.1- 1 LC).

B. La aceptación por la colectividad de acreedores

La propuesta de convenio debe ser aceptada por la colectividad de los acreedores. La regla general es que la aceptación tenga lugar en una junta, que será presidida por el juez -o, excepcionalmente, por la administración concursal- y que se entenderá constituida con la concurrencia de acreedores titulares de, al menos, la mitad del pasivo ordinario del concurso (art. 116 LC). Se tendrán por presentes a efectos de quórum de constitución tanto los acreedores firmantes de alguna de las propuestas como los que se hubieran adherido en tiempo y forma a cualquiera de ellas, aunque no asistan a la junta (art. 118.3 LC). Tienen derecho de asistencia todos los acreedores que figuren en la lista definitiva, quienes podrán hacerse representar por cualquier persona, acreedor o no, que no sea el concursado o persona especialmente relacionada (art. 118 LC). Deben asistir a la junta tanto el concursado como los administradores concursales, bajo amenaza de perder su retribución, aunque su incomparecencia no determinará la suspensión de la junta, salvo que el juez así lo acordase (art. 117 LC).

Excepcionalmente, sin embargo, cuando el número de acreedores sea superior a trescientos, el juez del concurso podrá acordar la tramitación escrita del convenio (arts. 111.2-II y 115 bis LC). En tal caso, el plazo para las adhesiones -o los votos en contra-, que se realizarán de acuerdo con las normas generales sobre adhesiones (art. 103 LC), será de noventa días.

La atribución del derecho de adhesión y de voto es un reflejo de la clasificación de créditos. Tienen derecho de adhesión y de voto los acreedores concursales. Carecen de ese derecho, por tanto, los créditos contra la masa, que deberán ser satisfechos a sus respectivos vencimientos en cualquier estado del concurso (art. 84.3 LC). Pero no todos los acreedores concursales tienen derecho de voto.

Carecen de él (art. 122 LC) dos categorías de acreedores: en primer lugar, a pesar de que el convenio sea también obligatorio para ellos, los titulares de créditos subordinados. En segundo lugar, las personas especialmente relacionadas con el deudor (art. 93 LC) que hubieran adquirido su crédito por actos entre vivos después de la declaración de concurso. Finalmente, los acreedores privilegiados tienen una posición especial, que tradicionalmente se denomina derecho de abstención y que refleja, precisamente, el privilegio de que gozan: no quedan afectados por el convenio y podrán, pues, exigir inmediatamente su crédito a menos que decidan involucrarse en él mediante el voto favorable a la propuesta de convenio (sin que basten la asistencia a la junta de acreedores y la intervención en las deliberaciones) (art. 123 LC).

Para el cálculo de las mayorías exigidas, se computarán como votos favorables a una propuesta los de los acreedores firmantes o adheridos que, no asistiendo a la junta, hayan sido tenidos por presentes (art. 121.4.II LC). Con carácter general, para que una propuesta de convenio se considere aceptada, dependiendo de su contenido serán necesarias las siguientes mayorías: el voto favorable del cincuenta por ciento del pasivo ordinario si se trata de quitas iguales o inferiores a la mitad del importe del crédito o de esperas no superiores a cinco años, o de la conversión de deuda en préstamos participativos durante el mismo plazo cuando se trate de acreedores distintos de los públicos o los laborales. El voto favorable del sesenta y cinco por ciento del pasivo ordinario, cuando las esperas sean superiores a cinco años, pero en ningún caso superiores a diez, y las quitas superiores a la mitad del importe del crédito, y, en el caso de acreedores distintos de los públicos y los laborales, incluya la conversión de deuda en préstamos participativos en el mismo plazo o recoja cualquiera de los demás contenidos posibles del convenio con arreglo a la normativa (art. 100 LC). Por último, bastará que vote a favor del convenio una porción de pasivo superior de la que vote en contra, cuando la propuesta consista en el pago íntegro de los créditos ordinarios en plazo no superior a tres años o en el pago inmediato de los créditos ordinarios vencidos con quita inferior al veinte por ciento (art. 124.1 LC).

Ahora bien, la normativa establece la posibilidad de que los acreedores privilegiados se vean «arrastrados» por el convenio, de modo que sus efectos se extenderán a los acreedores privilegiados disidentes cuando concurran determinadas mayorías adicionales. Tales mayorías habrán de computarse dentro de la misma clase de acreedores privilegiados, ya sean laborales, públicos, financieros o resto de privilegiados (art. 134.3 en relación con el art. 94.2 LC), y exigen el sesenta por ciento, cuando se trate de una propuesta de convenio que contenga quitas iguales o inferiores a la mitad del importe del crédito y esperas, ya sean de principal, de intereses o de cualquier otra cantidad adeudada, con un plazo no superior a cinco años, o incluya, en el caso de acreedores 159distintos de los públicos o los laborales, la conversión de deuda en préstamos participativos durante el mismo plazo; o bien el setenta y cinco por ciento, cuando se trate de una propuesta de convenio que contenga quitas y esperas superiores y, en caso de acreedores distintos de los públicos o los laborales, la conversión de deuda en préstamos participativos por el mismo plazo, o incluya cualquiera de las demás medidas previstas en la regulación del contenido de la propuesta de convenio (art. 100 LC).

Además, se diferencia el cómputo de las mayorías según se trate de acreedores con privilegio especial o general. En el primer caso, el cómputo se hará en función de la proporción de las garantías aceptantes sobre el valor total de las garantías otorgadas dentro de cada clase. En el segundo caso, el cómputo se realizará en función del pasivo aceptante sobre el total del pasivo que se beneficie de privilegio general dentro de cada clase.

Por otro lado, para que se considere aceptada una propuesta de convenio que atribuya un trato singular a algunos acreedores, se exigirá, además, el voto favorable, según los casos, de la mitad del pasivo no afectado por el trato singular o de una porción de ese pasivo superior a la que vote en contra (art. 125 LC).

C. La aprobación judicial

Si la colectividad de acreedores no aceptara ninguna propuesta de convenio, el juez abrirá de oficio la fase de liquidación (art. 143.1-2 LC). Aceptada una propuesta por los acreedores, no produce todavía efectos, sino que se somete a la aprobación judicial. A tal fin, se establece, en primer lugar, que el juez, de oficio, rechazará el convenio aceptado si apreciare infracción legal en el contenido del convenio, en la forma o en el contenido de las adhesiones o en la tramitación, sea escrita o en junta de acreedores (art. 131.1 LC).

En segundo lugar, en el plazo de diez días, a contar, según los casos, desde la fecha de conclusión de la junta o desde el día en que el Secretario judicial hubiera verificado que las adhesiones presentadas alcanzan la mayoría legal, puede presentarse oposición a la aprobación del convenio (art. 128 LC; v. SSTS de 16 de abril y 10 de mayo de 2012). La oposición puede fundarse tanto en la infracción legal, sea del contenido del convenio, sea de la forma o del contenido de las adhesiones, sea de la constitución o de la celebración de la junta, como en la inviabilidad objetiva del cumplimiento del convenio. En caso de infracción legal, se atribuye legitimación a la administración concursal, a los acreedores no asistentes, a los que hubieran sido privados ilegítimamente del voto y a los que hubiesen votado en contra de la propuesta aceptada, y, en caso de tramitación escrita, a los que no se hubiesen adherido a la propuesta, mientras que en caso de inviabilidad la legitimación se restringe a la administración concursal y a los acreedores que, encontrándose en las situaciones antes referidas, sean titulares de, al menos, el cinco por ciento de los créditos ordinarios.

En fin, dentro del mismo plazo, el concursado que no hubiere formulado la propuesta de convenio aceptada ni le hubiere prestado su conformidad podrá oponerse a la aprobación judicial del convenio por infracción legal de contenido o de forma o solicitar la apertura de la fase de liquidación. Si no presentara oposición ni solicitara la apertura de la fase de liquidación, quedará sujeto al convenio que resultare aprobado (art. 128.3 LC).

Cuando el juez, en cualquiera de esos casos, rechace el convenio aceptado por la colectividad de acreedores sin que proceda acordar nueva convocatoria de la junta o nueva tramitación escrita, declarará de oficio la apertura de la fase de liquidación (arts. 129.3, 131.1 y 143.1-3 LC).

Tramitación anticipada del Convenio

Con la finalidad de reducir el coste del concurso de acreedores y de ofrecer a determinados deudores una solución rápida a su insolvencia, se permite, en determinadas condiciones, que el convenio se 160tramite de forma simultánea a la fase común y, por tanto, de una manera anticipada (arts. 104 a 110 LC). La propuesta anticipada de convenio deberá presentarse antes de la finalización del plazo de comunicación de créditos (art. 104.1 LC).

El convenio anticipado constituye una especialidad que se configura con un carácter muy restrictivo.

En primer lugar, se concibe como un beneficio del deudor: la propuesta anticipada de convenio sólo puede proceder del deudor, y no de los acreedores; y, además, la facultad de presentar esa propuesta no se concede a cualquier deudor, sino únicamente a aquellos que se consideran merecedores del beneficio. Se establecen, al efecto, dos prohibiciones (art. 105 LC), de modo que no podrá presentar propuesta anticipada de convenio el concursado que hubiera sido condenado en sentencia firme por determinados delitos económicos, extendiéndose la prohibición al supuesto en que la condena haya recaído en cualquiera de las personas que ocuparan el cargo de administrador o de liquidador o lo hubieran ocupado en los tres años anteriores, o que hubiera incumplido en alguno de los tres últimos ejercicios el deber de depósito de las cuentas anuales.

En segundo lugar, la propuesta anticipada tiene que ir acompañada de adhesiones de acreedores cuyos créditos superen la quinta parte del pasivo presentado por el deudor, o la décima parte en caso en que la propuesta se presente simultáneamente con la solicitud de concurso (art. 106.1 LC). Así pues, se trata de una propuesta que debe estar parcialmente aceptada por los acreedores.

Ahora bien, como ya sabemos, en caso de que el deudor insolvente notificara al juez competente que se encuentra negociando con sus acreedores un convenio anticipado, se amplía en hasta cuatro meses el plazo para el cumplimiento del deber legal de instar el propio concurso (art. 5 bis LC).

Corresponde a la administración concursal y al juez del concurso el control de la tramitación anticipada del convenio. Así, el juez rechazará la admisión a trámite de la propuesta de convenio cuando las adhesiones de los acreedores no alcancen la cuantía exigida, cuando aprecie infracción legal en el contenido de la propuesta o cuando el concursado estuviere incurso en alguna de las prohibiciones (art. 106.3 LC). Admitida a trámite la propuesta, corresponderá a la administración concursal emitir un informe en el que evalúe el contenido de la propuesta, atendiendo al plan de pagos y, en su caso, al plan de viabilidad, a resultas del cual el juez acordará la continuación de la tramitación o dejar sin efecto su admisión a trámite (art. 107 LC).

En la tramitación anticipada de convenio, la aceptación de los acreedores tiene lugar necesariamente por escrito, a través de adhesiones (art. 108 LC), que deberán ser puras y simples (art. 103.2 LC) y prestarse ante el secretario del juzgado en el que se tramite el concurso o en instrumento público (art. 103.3 LC).

Alcanzadas las adhesiones legalmente exigidas, deberá todavía someterse a la aprobación judicial en términos similares a los que vimos para la tramitación ordinaria.

Sin embargo, en este caso, la falta de aprobación judicial del convenio no conduce necesariamente a la fase de liquidación, porque el concursado puede optar también por mantener la propuesta para su tramitación por la vía ordinaria o incluso por presentar una nueva propuesta (art. 110.1 LC).

Efectos del Convenio

Los efectos del convenio se producen desde la fecha de la sentencia de aprobación, salvo que el juez, por razón del contenido del convenio, acuerde retrasar, total o parcialmente, la eficacia hasta la fecha en que la aprobación adquiera firmeza (art. 133.1 LC).

A partir de ese momento, las facultades de actuación del deudor y los derechos de los acreedores vendrán determinados por el propio convenio, si bien el concurso no finalizará hasta el cumplimiento íntegro del convenio (arts. 141 y 176.1.2 LC). El convenio será obligatorio para el concursado y para los acreedores a quienes afecta, aun cuando, por cualquier causa, no hubieran sido reconocidos en el concurso (art. 134.1.I LC).

Por lo que se refiere al concursado , cesarán los efectos de la declaración de concurso, que podrán ser sustituidos por las medidas prohibitivas o limitativas del ejercicio de las facultades de administración y disposición que pueda fijar el convenio, y sin perjuicio de los deberes generales de comparecencia, colaboración e información (arts. 133.2-I, 137.1 y 42 LC).

Del mismo modo, cesará en su cargo la administración concursal, que deberá rendir cuentas (art. 133.2-II LC), pese a lo cual conservará la legitimación para continuar con los incidentes en curso y para actuar en la sección de calificación que hubiera de formarse (art. 133.3 LC). Además, el propio convenio podrá encomendar a la administración concursal el ejercicio de cualesquiera funciones, fijando la remuneración que se considere oportuna (art. 133.4 LC).

El convenio no afecta a los créditos contra la masa, que son posteriores a la apertura del concurso, y deberán ser satisfechos a su vencimiento (art. 84.3 LC; v. STS 12 de diciembre de 2014), aunque sí quedan sujetos al mismo los créditos que se concedan al concursado para financiar el plan de viabilidad (art. 100.5-II LC). Respecto a los acreedores concursales, es preciso atender de nuevo a la clasificación de créditos. Así, el convenio vinculará a todos los créditos ordinarios . Vinculará también a los créditos subordinados , que quedan afectados por las mismas quitas y esperas establecidas para los ordinarios, si bien los plazos de espera se computarán a partir del íntegro cumplimiento del convenio respecto de los créditos ordinarios, y sin perjuicio de su facultad de aceptar propuestas alternativas de conversión de sus créditos en acciones, participaciones o cuotas sociales o en créditos participativos (art. 134.1.II LC). En cuanto a los créditos privilegiados , con privilegio especial o con privilegio general, sólo quedarán vinculados al contenido del convenio si hubieran votado a favor de la propuesta, si su firma o adhesión a esa propuesta se hubiera computado como voto favorable o si se adhieren con posterioridad a un convenio ya aceptado (art. 134.2 LC). Todo ello sin perjuicio de que los acreedores privilegiados puedan verse vinculados por el convenio cuando, dentro de cada clase de acreedores privilegiados (art. 94.2 LC), concurran determinadas mayorías previstas por la norma (art. 134.3 LC).

Los acreedores con garantía real que no se vean afectados por el contenido del convenio podrán iniciar o continuar la ejecución o realización forzosa de sus créditos desde el momento de la aprobación del convenio (art. 56.1 y 2 LC). Un tratamiento especial reciben también los acreedores con garantía personal , que se aproximan a los privilegiados, en el sentido de que si no votan a favor del convenio que fuera aprobado mantendrán íntegros sus derechos frente a obligados solidarios, fiadores y avalistas del concursado (art. 135.1 LC; v. STS de 23 de julio de 2015). De este modo, los obligados solidarios, fiadores y avalistas no podrán oponer el convenio a los acreedores que no hubieran votado a favor. En cambio, frente a los acreedores con garantía personal que hubieran votado a favor del convenio, la responsabilidad de los obligados solidarios, fiadores o avalistas del concursado se regirá por las normas aplicables a la obligación que hubieran contraído o por los acuerdos alcanzados sobre el particular (art. 135.2 LC).

Como efecto específico y propio del convenio, los créditos de los acreedores afectados por el convenio (es decir, privilegiados que hubiesen votado a favor o se hubieran visto «arrastrados» por el convenio, ordinarios y subordinados) quedarán extinguidos en la parte a que alcance la quita y aplazados en su exigibilidad por el tiempo de espera (art. 136 LC). Tal modificación del crédito quedará sin efecto en caso de declaración de incumplimiento del convenio y consiguiente resolución (art. 140.4 LC).

Ejecución del Convenio

Para la ejecución del convenio alcanzado entre el concursado y la colectividad de acreedores y aprobado por el juez, el propio convenio podrá establecer medidas prohibitivas o limitativas del ejercicio de las facultades de administración y disposición del deudor (arts. 133.2 y 137.1 LC), que serán inscribibles -aunque con efectos limitados- en los correspondientes registros públicos (art. 137.2 LC). La infracción de tales medidas constituirá incumplimiento del convenio cuya declaración podrá ser solicitada por cualquier acreedor (art. 137.1, segundo inciso LC).

El deudor deberá informar semestralmente al juez del grado de cumplimiento del convenio (art. 138 LC). Y cuando lo considere íntegramente cumplido le presentará un completo informe y le solicitará la declaración de cumplimiento, que el juez realizará mediante el auto de cumplimiento (art. 140 LC). Sin embargo, el correspondiente auto de conclusión del concurso sólo se dictará cuando concurran dos requisitos: que sea firme el auto de declaración de cumplimiento del convenio y que haya transcurrido el plazo de caducidad de las acciones de declaración de incumplimiento o se hayan rechazado por resolución firme las acciones presentadas (arts. 141 y 176.1-2 LC). En efecto, cualquier acreedor que estime incumplido el convenio en lo que le afecte podrá solicitar del juez del concurso la declaración de incumplimiento (art. 140.1 LC; v. SSTS de 4 de septiembre de 2014 y 26 de marzo de 2015). La declaración de incumplimiento supondrá la resolución del convenio y la desaparición de los efectos de los créditos (art. 140.4 LC) y constituye, además, causa de apertura de oficio de la fase de liquidación (art. 143.1-5 LC). Lo mismo sucederá cuando el juez declare la nulidad del convenio (art. 143.1-4 LC).