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Comunicación y reconocimiento de créditos

La masa pasiva del concurso se integra por los créditos contra el concursado existentes en la fecha de la declaración de concurso. Esos créditos reciben el nombre de créditos concúrsales, que se convertirán en concurrentes cuando sean reconocidos. Una vez verificados los créditos, habrán de ser clasificados en algunas de las categorías legalmente previstas -privilegiados, ordinarios o subordinados-, para ser satisfechos de acuerdo con el convenio judicialmente aprobado o con lo que se obtenga de la liquidación de la masa activa. La comunicación, el reconocimiento y la clasificación de los créditos constituyen, por tanto, las operaciones concúrsales relativas a la masa pasiva.

La LC pone el acento en la universalidad del concurso al incluir expresamente en la masa pasiva a todos los acreedores del deudor, cualesquiera que sean la clase del crédito que detenten y su nacionalidad o domicilio (art. 49 LC). Por excepción al principio de universalidad del concurso, no integran la masa pasiva: los titulares de créditos con privilegios sobre los buques y las aeronaves en los términos previstos en la norma (art. 76.3 LC) y los titulares de créditos que puedan continuar o iniciar ejecución separada sobre bienes o derechos que no resulten necesarios para el ejercicio de la actividad profesional o empresarial del deudor con arreglo a lo dispuesto en la ley (art. 55.1-II y 56 LC). Además, frente a los acreedores concursales se encuentran los titulares de créditos contra la masa (art. 84.1 LC), que son por su propia naturaleza créditos extraconcursales y no se someten a los efectos del concurso ni formal ni sustancialmente, de modo que no se integran en la masa pasiva.

Por regla general, para que los créditos sean reconocidos es preciso que sean puestos de manifiesto en el procedimiento. La comunicación de créditos es la solicitud de los acreedores del reconocimiento de sus derechos, que deberá realizarse, dentro del plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial del Estado del auto de declaración de concurso (art. 21.1-5 en relación con el art. 23.1-II LC), con las formalidades legalmente establecidas. Dicha solicitud se produce, mediante un escrito dirigido a la administración concursal donde se expresarán los datos de identidad del acreedor y los relativos al crédito, y se indicará un domicilio o una dirección electrónica para que se practiquen las oportunas comunicaciones. El escrito podrá presentarse en el domicilio designado al efecto o por medios electrónicos (art. 85 LC). La ley regula el supuesto particular de concursos simultáneos de deudores solidarios, en los que el acreedor podrá comunicar el crédito en todos los concursos, si bien como la suma de lo percibido en los diferentes concursos no puede superar el importe total del crédito (art. 161.1 LC), se exige al acreedor que exprese en cada escrito de comunicación si se ha efectuado o se va a efectuar la comunicación en los demás concursos (art. 85.5 LC).

No obstante la necesidad de comunicación del crédito en ese plazo inicial, la Ley Concursal contempla también la posibilidad de que se presenten comunicaciones de nuevos créditos con posterioridad, una vez concluido el plazo de impugnación de la lista de acreedores y hasta la presentación de los textos definitivos (art. 96 bis LC). Ahora bien, salvo que se trate de créditos que deban ser necesariamente reconocidos por la administración concursal (art. 86.2 LC), el acreedor que no comunique su crédito no será considerado acreedor en el concurso y aquel que lo comunique tardíamente o por una comunicación posterior al plazo de impugnación verá subordinado su crédito (art. 92-1 LC y STS de 13 de mayo de 2011), a no ser que, en este último caso, el acreedor justifique que no tuvo noticia antes de la existencia del crédito, clasificándose entonces según su naturaleza (art. 96 bis.1 LC).

Corresponderá a la administración concursal el reconocimiento de los créditos, que determinará la inclusión o exclusión de la lista de acreedores de los créditos puestos de manifiesto en el procedimiento. En este sentido, el administrador concursal debe tener en cuenta, no sólo las comunicaciones de créditos expresamente realizadas (art. 86.1 LC), sino también los créditos que resulten de los libros y documentos del deudor o, por cualquier otra razón, consten en el concurso.

Así, se incluirán forzosamente en la lista de acreedores -y por tanto no precisarán de comunicación- los créditos que hayan sido reconocidos por laudo o por resolución procesal, aunque no fueran firmes, los que consten en documento con fuerza ejecutiva, los reconocidos por certificación administrativa, los que disfruten de garantía real inscrita y los créditos de los trabajadores cuya existencia y cuantía resulten del concurso (art. 86.2 LC).

La LC regula unos supuestos especiales de reconocimiento, entre los que destacan los créditos condicionales -tanto con condición suspensiva como con condición resolutoria-, algunos créditos públicos y los créditos con garantía personal (art. 87 LC). En todos los casos, si antes de la presentación de la lista de acreedores definitiva se hubiera cumplido la contingencia, condición o supuesto especial previsto en la norma, la administración concursal procederá, de oficio o a solicitud de interesado, a incluir las modificaciones que procedan en la misma (art. 87.8 LC; SSTS de 22 de mayo y 8 de julio de 2014 y 18 de febrero de 2015).

Los créditos que tengan una garantía personal se reconocerán por su importe, sin perjuicio de la sustitución del acreedor por el garante que realizara el pago y teniendo en cuenta que, en caso de pago por el fiador, el crédito se calificará de la forma que resulte menos gravosa para el concurso entre las que correspondan al acreedor y al fiador (art. 87.6 LC; v. SSTS de 22 de diciembre de 2011 y 25 de mayo de 2012). Cuando el garante hubiese realizado un pago parcial, el acreedor tendrá derecho a que se incluya en la lista de acreedores tanto la parte del crédito garantizado que todavía no haya sido satisfecha como el crédito de reembolso del garante (art. 87.7 LC; v. STS de 17 de abril de 2012). En cuanto a las comunicaciones posteriores, la administración concursal deberá resolver sobre las mismas en la lista de acreedores definitiva (art. 96 bis.2).

Por último, como ya sabemos, la normativa contempla la necesidad de que los créditos se incluyan en la lista de acreedores en dinero y se expresen en moneda de curso legal (art. 88 LC). Se trata de un simple cómputo de los créditos en dinero, que se produce a los solos efectos de la cuantificación del pasivo y sin que ello suponga la conversión ni la modificación del crédito. Los créditos que tuvieran por objeto prestaciones no dinerarias se computarán por el valor del bien en la fecha de la declaración de concurso, y los que tuvieran por objeto prestaciones dinerarias futuras se computarán por su valor a la misma fecha, efectuándose la actualización conforme al tipo de interés legal vigente en ese momento (art. 88.3 y 4 LC).

Todas las cuestiones que se susciten en materia de reconocimiento de créditos serán tramitadas y resueltas por medio de incidente concursal.

Lista de acreedores

A. La estructura y el contenido de la lista de acreedores

Junto con el informe y el inventario de bienes, la administración concursal debe presentar una lista de acreedores, que constituye la expresión documental de la masa pasiva y el resultado de la tarea de reconocimiento de créditos en el concurso, consecuencia, a su vez, de la comunicación de créditos o de la constancia del crédito en el procedimiento por cualquier otra vía.

La lista comprenderá dos relaciones ordenadas de acreedores, los incluidos (art. 94.2 LC) y los excluidos (art. 94.3 LC). La primera relación expresará: la identidad de cada acreedor, la causa, cuantía -por principal e intereses-, las fechas de origen y vencimiento de los créditos reconocidos de que fuere titular, las garantías personales o reales y la calificación jurídica del crédito, indicándose su carácter de litigioso, condicional o pendiente de la previa excusión del patrimonio del deudor principal.

Cuando se trate de acreedores con privilegio especial o general deberán clasificarse además como: privilegiados laborales, entendiéndose por tales los acreedores de Derecho laboral; privilegiados públicos, entendiéndose por tales los acreedores de Derecho público; privilegiados financieros, entendiéndose por tales los titulares de cualquier endeudamiento financiero con independencia de que estén o no sometidos a supervisión financiera; y resto de privilegiados, entre los que se incluirán los acreedores por operaciones comerciales y los demás acreedores privilegiados no incluidos en las categorías anteriores. Esta clasificación será relevante en orden a la apertura de la sección de calificación, con el fin de establecer el contenido no gravoso del convenio (art. 167.1-II LC) y, muy especialmente, a la hora de determinar la posible vinculación de los acreedores privilegiados al convenio (art. 134.3 LC). La segunda relación de acreedores excluidos deberá expresar la identidad de cada acreedor y los motivos de la exclusión. Hay que tener en cuenta que, una vez concluido el concurso, los acreedores podrán iniciar ejecuciones singulares y, a estos efectos, la inclusión del crédito en la lista definitiva de acreedores se equipara a una sentencia de condena firme (art. 178.2 LC).

B. La cuantificación del crédito con garantía

La lista de acreedores habrá de contener una valoración de las garantías constituidas en aseguramiento de los créditos que gocen de privilegio especial conforme a las directrices establecidas en la normativa (art. 94.5 LC). En líneas generales, para determinar la cuantía de un determinado crédito con garantía hay que atender a dos parámetros: el valor del bien o derecho y la cuantía de los créditos garantizados preferentes.

En primer lugar, habrá que valorar el bien para comprobar si el crédito o los créditos garantizados son superiores o no al valor del bien, y, por tanto, si el valor del bien cubre o no la responsabilidad garantizada. En este sentido, la norma parte del concepto de «valor razonable», que es distinto del valor de tasación que consta en la inscripción de la garantía, y cuyos parámetros establece expresamente (art. 94.5-II); valor razonable que, una vez calculado, habrá de reducirse en un diez por ciento en concepto de gastos de ejecución (la norma establece que el valor de la garantía se determina sobre los nueve décimos del valor razonable del bien).

En segundo lugar, será necesario deducir del valor del bien los créditos que gozan de garantía sobre el mismo bien. Esta segunda operación hay que hacerla en todos los casos en los que existan dos o más garantías que graven un mismo bien, con independencia de que el valor del bien cubra o no los créditos garantizados, ya que, en última instancia, el valor del bien determina la extensión de la garantía. Además, los créditos con garantía de mejor rango reducen el valor de los créditos con garantía de peor rango, de modo que para obtener el verdadero valor de la garantía es necesario deducir del valor razonable del bien sobre el que ésta recae el importe de los créditos pendientes que gocen de garantía preferente sobre el mismo bien. Un ejemplo podría ilustrar lo que decimos: cuando un inmueble esté gravado con dos hipotecas, una primera de 100 y una segunda de 50, y una vez valorado «a efectos concursales», resulta que su valor es de 75; el primer crédito hipotecario quedará reducido, en cuanto crédito hipotecario dentro del concurso, a 75, y por los 25 restantes, pasará a ser crédito ordinario; y el segundo crédito hipotecario pasará a ser crédito ordinario. En cambio, si ese mismo inmueble, gravado con dos hipotecas, una primera por 100 y otra segunda por 50, una vez valorado «a efectos concursales», resulta que vale 125, el primer crédito hipotecario seguirá siendo crédito hipotecario en su integridad, mientras que el segundo crédito hipotecario quedará reducido, en cuanto crédito hipotecario, a 25, y por los 25 restantes, pasará a ser crédito ordinario.

En definitiva, por la vía de la cuantificación del crédito con garantía, el acreedor, sin perder la garantía, podría perder su condición privilegiada dentro del procedimiento concursal. Ahora bien, hay que tener presente que la valoración de las garantías en el seno del concurso de acreedores solo tiene 141efectividad en relación con el procedimiento, de modo que no se altera la naturaleza y alcance de las garantías registradas ni las reglas establecidas para la ejecución de la garantías fuera del concurso.

C. La impugnación de la lista de acreedores

La lista de acreedores, como el inventario de bienes, puede ser impugnada por cualquier interesado dentro del plazo legalmente previsto (art. 96 LC), razón por la cual se establecen la notificación y las medidas de publicidad de estos documentos (art. 95.2 y 3 LC; v. STC de 21 de julio de 2014). Las impugnaciones, que podrá referirse a la inclusión o a la exclusión de créditos de la lista, así como a la cuantía o a la clasificación de los reconocidos (art. 96.3 LC), se sustanciarán por el trámite del incidente concursal, y, como ocurría con las impugnaciones al inventario, podrán ser acumuladas de oficio por el juez para resolverse conjuntamente (art. 96.5 LC), además, deberán hacerse constar, inmediatamente después de su presentación, en el Registro Público Concursal (art. 96.6 LC). Cuando las impugnaciones afecten a menos del veinte por ciento del pasivo del concurso el juez podrá ordenar la finalización de la fase común y la apertura de la fase de convenio o de liquidación, sin perjuicio del reflejo que las impugnaciones puedan tener en la lista de acreedores definitiva y las medidas cautelares que pueda adoptar para su efectividad (art. 96.4 LC). En todo caso, dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la última sentencia resolutoria de las impugnaciones, la administración concursal deberá introducir en la lista de acreedores las modificaciones que procedan y presentará al juez el texto definitivo (art. 96.5 LC).

No obstante, dado que existe la posibilidad de realizar comunicaciones posteriores de créditos una vez concluido el plazo de impugnación de la lista de acreedores y hasta la presentación de los textos definitivos, la administración concursal resolverá sobre ellas en la lista de acreedores definitiva; resolución que podrá ser objeto de impugnación por la vía del incidente concursal (art. 96 bis LC).

Finalmente, y como vimos para el inventario de bienes, por regla general, quienes no impugnaren en tiempo y forma la lista de acreedores no podrán ya plantear pretensiones de modificación de su contenido, aunque sí podrán recurrir las modificaciones introducidas como consecuencia de otras impugnaciones (art. 97.1 LC).

Ahora bien, en el supuesto de la lista de acreedores, el texto definitivo podrá modificarse no solo cuando se resuelva la impugnación de las modificaciones introducidas en la lista como consecuencia de las comunicaciones posteriores (art. 96 bis), sino también como consecuencia de un procedimiento administrativo de comprobación o inspección del que puedan resultar créditos públicos, un proceso penal o laboral que pueda suponer el reconocimiento de un crédito concursal; o bien ante el cumplimiento de la condición o contingencia prevista o el reconocimiento o confirmación de un crédito por acto administrativo, laudo o resolución procesal firme o susceptible de ejecución provisional. En todos estos casos, el crédito resultante habrá de tener la clasificación que le corresponda según su naturaleza y la modificación del texto definitivo de la lista de acreedores se sustanciará conforme al procedimiento previsto en la norma (art. 97 y 97 bis LC). La tramitación de ese procedimiento de modificación no impedirá la continuación de la fase de convenio o de liquidación, aunque el juez podrá adoptar las medidas cautelares que considere oportunas en cada caso para asegurar la efectividad de la modificación que se acuerde (art. 97 ter LC).