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Impugnación del informe

La Ley no establece la posibilidad de impugnar el informe de la administración concursal en cuanto tal, sino de los dos documentos que lo acompañan, el inventario y la lista de acreedores (art. 96 LC). La impugnación de esos documentos puede venir dada por la inclusión o la exclusión de bienes o derechos, o el aumento o disminución del avalúo de los incluidos, o bien podrá referirse a la inclusión o exclusión de créditos o a la clasificación de los reconocidos. El plazo de impugnación, según vimos, será de diez días a contar, en el caso de las partes personadas, desde la notificación personal de la presentación del informe en el domicilio señalado a efectos de notificaciones; y, para el resto de interesados, desde la última de las publicaciones previstas, ya sea en el Registro Público Concursal o bien en el tablón de anuncios del juzgado. Las impugnaciones del inventario y de la lista de acreedores se sustanciarán por los cauces del incidente concursal y el juez podrá acumularlas de oficio para resolverlas conjuntamente. Y cuando afecten a menos del veinte por ciento del activo o del pasivo del concurso el juez podrá ordenar la finalización de la fase común y la apertura de la fase de convenio o de liquidación, sin perjuicio del reflejo que las impugnaciones puedan tener en los textos definitivos del inventario y de la lista, y de las medidas cautelares que el juez del concurso pueda adoptar para su efectividad.

En los 5 días siguientes a la notificación de la última sentencia resolutoria de las impugnaciones, la administración concursal deberá introducir en el inventario, en la lista de acreedores, y en la exposición motivada del informe las modificaciones que procedan, y presentará al juez los textos definitivos. Ahora bien, debe hacer constar expresamente las diferencias entre el inventario y la lista inicialmente presentados y los textos definitivos, así como una relación de las comunicaciones presentadas con posterioridad al plazo de impugnación y hasta la presentación de los textos definitivos, comunicaciones posteriores de créditos que, como vimos, resolverá en la lista de acreedores definitiva a presentar (art. 96 bis).

En cuanto a la impugnación del inventario, hay que tener en cuenta que, ejercidas las acciones de separación o de reintegración de la masa activa, la administración concursal habrá de modificar el inventario de acuerdo con la sentencia correspondiente. Y, con respecto a la lista de acreedores, no debemos olvidar que el reconocimiento del crédito es requisito imprescindible para participar de la solución convenida o liquidatoria y, en caso de conclusión del concurso por liquidación o insuficiencia de masa activa, el deudor persona natural queda responsable del pago de los créditos no satisfechos (art. 1911 CC), de modo que los acreedores podrán iniciar ejecuciones singulares, en tanto no se acuerde la reapertura del concurso o no se declare un nuevo concurso; ejecuciones para las que la inclusión del crédito en la lista definitiva de acreedores se equipara a una sentencia de condena firme (art. 178.2 LC).

Control judicial

El juez del concurso habrá de supervisar la actuación de la administración concursal tanto en relación con su actividad general cuanto en actuaciones concretas, como es la elaboración del informe principal del procedimiento. Esta supervisión se funda en la necesidad de comprobar que la administración concursal actúa en todo momento procurando el «interés del concurso».

Para la supervisión general el órgano judicial contará con la información que le suministre la administración concursal en los informes que debe presentar durante el concurso (informe de la administración concursal -art. 75 LC-, los informes trimestrales sobre el estado de las operaciones de liquidación -art. 152.1 LC-, informe final de las operaciones realizadas en la liquidación -art. 152.2 LC-, informe previo a la conclusión del concurso -arts. 176.2 y 176 bis.3 LC-), si bien podrá requerir información extraordinaria en cualquier momento del concurso (art. 35.4 LC). Como consecuencia de la supervisión, el juez del concurso podrá dirigir advertencias a la administración concursal, exigir su presencia cuando sea necesario para el desarrollo del concurso y, en los casos más graves, separar del cargo al administrador que incumpliera los deberes que se le imponen en la Ley (art. 37 LC). En lo que respecta al control individualizado, el juez debe autorizar determinadas actuaciones de la administración concursal, generalmente enmarcadas en la administración de la masa activa y antes de la fase de liquidación (art. 43 LC). La autorización se recabará siempre que lo exija la Ley y también cuando la administración concursal lo considere conveniente. Para ello, se prevé un trámite concreto, en el que las partes tienen la posibilidad de opinar (art. 188 LC).

La extensión temporal de las funciones de la administración concursal y, por tanto, el control judicial, estará en función de la solución del concurso. En principio, la administración concursal cesará con la aprobación judicial del convenio, sin perjuicio de las funciones que el propio convenio pueda encomendarle y conservando plena legitimación para continuar los incidentes en curso, pudiendo solicitar la ejecución de las sentencias y autos que se dicten en ellos, hasta que sean firmes, así como para actuar en la sección de calificación hasta que recaiga sentencia firme (art. 133.2 y 3 LC). En cambio, en caso de liquidación continuará al frente del procedimiento y, en tal sentido, le corresponde no sólo elaborar el plan de liquidación -o, simplemente, evaluarlo, en caso de presentación por el deudor con la solicitud de concurso-, sino llevar a cabo sus operaciones y proceder al pago de los créditos, de tal modo que se mantendrán en el cargo hasta la conclusión del concurso.

Ahora bien, la función de la administración concursal puede terminar anticipadamente por separación judicial. La administración concursal puede ser separada del cargo por el juez (art. 37 LC). La separación se encuentra íntimamente ligada a la labor de supervisión del juez y a la existencia de numerosas prohibiciones legales establecidas para ser administrador (art. 28 LC), y, en consecuencia, a la facultad de recusación (art. 32 LC), ya que con frecuencia la concurrencia de una prohibición legal sólo se conocerá tras el nombramiento. Para que se produzca la válida separación de un administrador concursal es necesaria la concurrencia de una justa causa. No cabe una separación ad nutum, sino que el administrador concursal tiene derecho a no ser removido del cargo sin motivo.

Existirá justa causa de separación siempre que el administrador concursal no esté en disposición de cumplir adecuadamente con la función asignada: por que carezca de las condiciones subjetivas para el nombramiento, concurra una prohibición legal, concurra causa de recusación, una enfermedad física o psíquica que impida o dificulte el ejercicio de su función, incumpla con los deberes que tiene establecidos, no presente los informes trimestrales y el informe final de la liquidación, prolongue indebidamente la liquidación, ocasione daños a la masa o a terceros, etc. La Ley Concursal considera que, en todo caso, será causa de separación del administrador, salvo que el juez, atendiendo a circunstancias objetivas, resuelva lo contrario, el incumplimiento grave de las funciones de administrador y la resolución de impugnaciones sobre el inventario o la lista de acreedores en favor de los demandantes por una cuantía igual o superior al veinte por ciento del valor de la masa activa o de la lista de acreedores presentada por la administración concursal en su informe. Producida la separación, el juez procederá de inmediato a un nuevo nombramiento.

El administrador cesado deberá rendir cuentas de su actuación (art. 38.4 LC). El régimen jurídico de la rendición de cuentas del órgano será el previsto para la conclusión del concurso (art. 181 LC).