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Efectos sobre las acciones declarativas

Los efectos de la declaración de concurso sobre los acreedores se centran en el principio de igualdad o de la par condicio creditorum, que se traduce en una modificación del ejercicio de las acciones individuales declarativas y en una paralización de las ejecuciones, sustituidas por la agresión colectiva del patrimonio del deudor, y en la formación de la masa de acreedores o masa pasiva, en la que se integran de derecho todos los acreedores del deudor anteriores a la declaración de concurso, cualquiera que sea su nacionalidad y domicilio (art. 49.1 LC). En caso de concurso de persona casada en régimen de gananciales o cualquier otro de comunidad de bienes, la masa pasiva se integrará también con los créditos contra el cónyuge del concursado que sean, además, créditos de responsabilidad de la sociedad o comunidad conyugal (art. 49.2 LC).

Una vez declarado el concurso, los acreedores podrán ejercitar acciones declarativas individuales con trascendencia patrimonial frente al concursado, pero deberán hacerlo ante el juez del concurso (arts. 50 y 8.1 LC y 86 ter.1.1 LOPJ, v. ATS de 24 de enero de 2012). Por tanto, el efecto que la declaración de concurso produce en las acciones civiles declarativas con trascendencia patrimonial que se interpongan frente al concursado radica en la modificación del órgano competente, que pasa a ser el juez del concurso. Y los jueces del orden civil ante quienes se interpongan demandas de las que deba conocer el juez del concurso tienen el deber legal de abstención .

No obstante, no se admitirán a trámite las demandas en las que se ejerciten acciones de reclamación de obligaciones sociales contra los administradores de las sociedades de capital concursadas que hubieran incumplido los deberes impuestos en caso de concurrencia de causa de disolución o la acción que se reconoce a los que pusieren su trabajo y materiales en una obra ajustada alzadamente contra el dueño de la obra en los términos previstos en el artículo 1597 del Código Civil (art. 50.2 y 3 LC: v. SSTS de 20 de junio de 2013 y 18 y 26 de marzo de 2014). Aunque se trate de procedimientos que no se dirigen contra el concursado sino contra sus administradores o contra el dueño de la obra en la que el concursado es contratista, el concurso de la sociedad y del contratista tiene repercusión sobre el ejercicio de esas acciones, que no podrán iniciarse.

Por su parte, los jueces y tribunales de los órdenes contencioso-administrativo y penal continúan siendo competentes.

Finalmente, deberán ejercitarse ante el juez del concurso las acciones colectivas de extinción, modificación y suspensión de contratos de trabajo, así como las acciones individuales sobre suspensión o extinción de contratos de alta dirección, mientras que para el conocimiento de todas las demás acciones de carácter social continuarán siendo competentes los jueces del orden jurisdiccional social.

Si en el momento de la declaración de concurso estuvieran entabladas frente al concursado acciones declarativas, como regla general continuarán sustanciándose ante el mismo tribunal hasta la firmeza de la sentencia, la cual vinculará al juez del concurso, que le dará el tratamiento concursal que corresponda (art. 53 LC). No obstante, excepcionalmente , los juicios por reclamación de daños y perjuicios a la persona jurídica concursada contra sus administradores o liquidadores, de hecho o de derecho, y contra los auditores, se acumularán de oficio al concurso , cuando se encuentren en primera instancia y aún no haya finalizado el acto de juicio o la vista. Tal acumulación supone que continuarán su tramitación ante el juez del concurso, pero por los trámites del procedimiento por el que ya vinieran sustanciándose (art. 51.1 LC). Por excepción, se establece tabmbién la suspensión de dos grupos de procedimientos declarativos pendientes: aquellos en los que se hubieran ejercitado acciones de reclamación de obligaciones sociales contra los administradores de las sociedades de capital concursadas que hubieran incumplido los deberes que les incumben en caso de concurrencia de causa de disolución (art. 51 bis.1 LC en relación con el art. 367 LSC), y aquellos en los que se hubiera ejercido la acción correspondiente al subcontratista contra el dueño de la obra (art. 51 bis.2 LC en relación con el art. 1597 CC: v. STS de 21 de mayo de 2013). En estos casos excepcionales, el procedimiento no se dirige contra el patrimonio del concursado, sino contra el de los administradores de la sociedad concursada o contra el dueño de la obra, quienes, a su vez, pueden ser responsables con la sociedad concursada o frente al contratista en concurso. Por tanto, la regulación se dirige a evitar que determinados acreedores del concursado puedan hacerse con bienes y derechos de terceros responsables -administradores, dueño de la obra- que, de esta manera, no llegarían a integrar la masa activa del concurso y no se destinarían a la satisfacción de los acreedores concursales.

Por otra parte, el hecho de que el procedimiento en tramitación continúe de forma independiente ante el mismo Tribunal hasta la firmeza de la sentencia, no significa que el concurso no produzca efecto alguno. Tales efectos se producirán en función de las consecuencias que el concurso origine sobre las facultades patrimoniales del deudor, según se haya decretado la suspensión y sustitución del concursado por la administración concursal o la mera intervención (arts. 51.2 y 40 LC). Cuando el deudor simplemente sea intervenido, conservará su capacidad para actuar en juicio, aunque necesitará la autorización de la administración concursal, para desistir, allanarse y transigir. En caso de suspensión, la administración concursal sustituirá al concursado en los procedimientos judiciales en trámite, si bien necesitará la autorización del juez del concurso para desistir, allanarse y transigir.

La sustitución no impedirá que el deudor mantenga su propia representación y defensa separadas.

Por último, se establece una norma especial aplicable a los procedimientos arbitrales : ni los pactos de mediación ni los convenios arbitrales suscritos por el concursado se verán afectados por la declaración de concurso, si bien cuando el juez considere que dichos pactos o convenios pueden suponer un perjuicio para la tramitación del procedimiento, podrá acordar la suspensión de sus efectos. En cuanto a los procedimientos arbitrales que se encontraran en tramitación en el momento de la declaración de concurso, continuarán hasta la firmeza del laudo y de acuerdo con las medidas de suspensión o intervención del deudor decretadas por el juez (art. 52 LC). El laudo firme dictado antes o después de la apertura del procedimiento vinculará al juez del concurso, el cual le dará el tratamiento concursal que corresponda (art. 53 LC). En consecuencia, los créditos de terceros frente al concursado reconocidos en resolución arbitral deben considerarse incontrovertidos en el concurso, de modo que la administración concursal ha de incluirlos necesariamente en la lista de acreedores y calificarlos según su naturaleza (art. 86.2 LC).

Hay que destacar, en fin, que la declaración de concurso no afecta a los créditos que disfruten de garantía personal , cuyos titulares podrán, en consecuencia, ejercitar su acción contra los fiadores y contra los obligados solidarios. Esos derechos subsistirán plenamente incluso en caso de convenio cuando los acreedores no votaran a favor de la propuesta que resultare aprobada, sometiéndose en otro caso al régimen común (art. 135 LC).

Efectos sobre las ejecuciones

Declarado el concurso de acreedores, y de acuerdo con su propia naturaleza, no podrán iniciarse ejecuciones singulares ni seguirse apremios contra el patrimonio del deudor y quedarán en suspenso las que se hallaren en tramitación (art. 55.1-I y II LC). Así, con arreglo a esta disposición, el juez, a petición de la administración concursal y previa audiencia de los acreedores afectados, podrá acordar el levantamiento y cancelación de los embargos -que no sean administrativos- cuando su mantenimiento dificultara gravemente la continuidad de la actividad profesional o empresarial del concursado(art. 55.3 LC).

No obstante, hay que tener presente que la suspensión ySin embargo, esa paralización de ejecuciones judiciales o extrajudiciales de bienes o derechos puede producirse desde que se presente al juzgado competente para la declaración de concurso la comunicación de negociaciones encaminadas a alcanzar un acuerdo de refinanciación, un convenio anticipado o un acuerdo extrajudicial de pagos (art. 5 bis.4 LC). Esta medida, dirigida a facilitar la conclusión del acuerdo o del convenio, se mantendrá durante el periodo máximo de 4 meses previsto para la negociación y, por tanto, hasta que se formalice el acuerdo de refinanciación, se dicte providencia admitiendo a trámite la solicitud de homologación judicial del acuerdo de refinanciación, se adopte el acuerdo extrajudicial de pagos, se hayan obtenido las adhesiones necesarias para la admisión a trámite de la propuesta anticipada de convenio o tenga lugar la declaración de concurso. En todo caso, no se verán afectados por esta medida los procedimientos de ejecución que tengan por objeto hacer efectivos créditos de Derecho público.

Ahora bien, la a paralización de ejecuciones prevista una vez declarado el concurso no es completa, ya que va acompañada de importantes excepciones, dictadas en función de la persona del acreedor y del carácter real de la garantía.

En primer lugar, podrán continuar , ante el mismo tribunal que venía conociendo de la ejecución y hasta la aprobación del plan de liquidación, las ejecuciones administrativas en las que se hubiera dictado diligencia de embargo, y las laborales, en las que se hubieran embargado bienes del concursado, iniciadas antes de la declaración de concurso, siempre que, además, los bienes afectados no resultasen necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del concursado (art. 55.1-II; v. STCJ de 18 de octubre de 2010 y SSTS de 27 de marzo de 2012 y de 25 de febrero de 2013). Transcurrido el límite temporal, con la aprobación del plan de liquidación, la ejecución se someterá al concurso y no podrá mantenerse separada.

En cambio, si la garantía recae sobre bienes necesarios, la facultad de iniciar la ejecución queda paralizada y la ejecución iniciada con anterioridad se suspende hasta que se apruebe un convenio cuyo contenido no afecte al ejercicio del derecho de ejecución o transcurra un año desde la declaración de concurso sin que se hubiera producido la apertura de la fase de liquidación (art. 56.1-I y 2 LC).

La delimitación del carácter necesario de los bienes para la continuidad de la actividad empresarial o profesional del deudor es esencial a la hora de considerar los efectos del concurso sobre las acciones ejecutivas. En este sentido, la norma precisa que corresponderá al juez del concurso determinar si un bien del concursado resulta necesario para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor (art. 56.5 LC; v. STC de 12 de diciembre de 2011).

La paralización de la ejecución también podrá afectar a tres tipos de acciones asimiladas a estos efectos a las derivadas de las garantías reales: las acciones dirigidas a recuperar los bienes vendidos a plazos o financiados con reserva de dominio mediante contratos inscritos en el Registro de Bienes Muebles; las resolutorias de ventas de inmuebles por falta de pago del precio aplazado, aunque 122deriven de condiciones explícitas inscritas en el Registro de la propiedad; y las acciones tendentes a recuperar los bienes cedidos en arrendamiento financiero mediante contratos inscritos en los Registros de la Propiedad o de Bienes Muebles o formalizados en documento que lleve aparejada ejecución (art. 56.1-II LC).

El periodo de suspensión o paralización se inicia desde que exista constancia en el correspondiente procedimiento de la declaración de concurso, aunque ya se hubieran publicado los anuncios de subasta del bien o derecho, y solo se alzará cuando se incorpore al mismo testimonio de la resolución del juez del concurso que declare que los bienes o derechos no son necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor (art. 56.2 LC).

Durante el período de paralización o de suspensión de las ejecuciones, la administración concursal podrá optar por satisfacer a dichos acreedores con cargo a la masa, evitando así la posterior realización de los bienes y derechos afectos (art. 155.2 LC). Transcurrido el período de paralización o de suspensión, el acreedor podrá iniciar o continuar la ejecución ante el juez del concurso, quien acordará su tramitación en pieza separada y por las normas propias del procedimiento judicial o extrajudicial que corresponda siempre que no se hubiera abierto la fase de liquidación, ya que, en ese caso, el bien afecto quedará sometido a la ejecución colectiva (art. 57 LC). Finalmente, cuando haya de procederse a la enajenación de bienes y derechos objeto de la garantía real, el juez podrá autorizar la enajenación con subsistencia del gravamen y con subrogación del adquirente en la obligación del deudor, de modo que ese crédito quedará excluido de la masa pasiva (art. 155.3).

La especialidad es aún mayor en relación con los titulares de créditos privilegiados sobre los buques y aeronaves (arts. 76.3 LC y 122 a 125 LNM), quienes podrán separar esos bienes de la masa activa del concurso mediante el ejercicio, por el procedimiento correspondiente (extraconcursal), de las acciones que tengan reconocidas en su legislación específica. Si de la ejecución extraconcursal resultare remanente a favor del concursado, se integrará en la masa activa. No obstante, si la ejecución separada no se hubiera iniciado en el plazo de un año desde la fecha de la declaración de concurso, ya no podrá efectuarse y la clasificación de los créditos se hará conforme a lo dispuesto en la Ley Concursal.

Efectos sobre los créditos en particular

La declaración de concurso produce también efectos específicos sobre los créditos contra el concursado. Por una parte, deja de operar la compensación, de modo que el crédito concursal no podrá compensarse durante el concurso con el crédito que, a su vez, pueda tener el propio concursado contra el acreedor. Además, dejan de devengarse intereses, con el fin de estabilizar el pasivo del concursado y facilitar la tramitación del concurso; y se suspende el ejercicio del derecho de retención sobre bienes y derechos integrados en la masa activa. Por otra parte, se interrumpe la prescripción de las acciones contra el deudor por créditos concursales y se hace preciso establecer reglas especiales de tratamiento de determinados créditos.

Se considera clásica la cuestión relativa a si los créditos contra el concursado se compensan o no con los créditos que pueda tener éste contra sus acreedores; tema en el que existen importantes diferencias de criterio entre los sistemas jurídicos, en función de que prevalezca la consideración de la compensación como un medio de pago (sistema latino) o, por el contrario, como una garantía del acreedor-deudor (sistema germánico y anglosajón). En el primer ámbito, por regla general, no se admite la operatividad de la compensación en el concurso. En el segundo, en cambio, se permite que la compensación despliegue sus efectos dentro del procedimiento concursal. Desde esta perspectiva, la Ley española se integra en el sistema latino y dispone (art. 58 LC) que, declarado el concurso, no procederá la compensación de los créditos y deudas del concursado, pero producirá sus efectos la compensación cuyos requisitos hubieran existido con anterioridad a la declaración, sin perjuicio de lo 123que resulte en los concursos internacionales, de acuerdo con la norma que rija el crédito recíproco del concursado (art. 205 LC). A estos efectos, y teniendo en cuenta la experiencia procedente de la práctica forense, la Ley aclara que cuando se den los requisitos de compensabilidad antes de la declaración de concurso procederá la compensación, aunque la resolución judicial o el acto administrativo que la declare se haya dictado con posterioridad a ese momento (v. SSTS de 18 de febrero de 2013, 15 de abril de 2014 y 2 de marzo de 2015). De este modo se constata que la prohibición de compensación no es absoluta y cuenta con importantes excepciones.

Inicialmente, y dado que la prohibición de compensación en el concurso, que se basa en la necesidad de mantener el principio de la indisponibilidad de los bienes de la masa activa, en el respeto al principio de igualdad de trato y en la propia regulación general de la compensación (art. 1196.5 CC), cobra todo su sentido cuando el crédito y la deuda procedan de relaciones jurídicas distintas. Por el contrario, cuando se trate de créditos y deudas nacidos de una misma relación jurídica, ha de admitirse la compensación, de modo que la parte in bonis (no concursada) no estará obligada a realizar su prestación a favor de la masa (v. SSTS de 21 de junio de 2013, 30 de mayo y 24 de julio de 2014). Quedan en todo caso fuera de ese régimen prohibitivo los acuerdos de compensación concluidos en los mercados financieros con arreglo al Decreto-Ley 5/2005, de 11 de marzo, así como los sistemas de pagos y liquidación de valores , conforme a su Ley reguladora de 12 de noviembre de 1999 (DA 2a LC; v. STS de 20 de junio de 2012). Y, por su propia naturaleza, los créditos contra la masa, que no se someten a los efectos del concurso. En definitiva, como efecto propio del concurso, la prohibición de compensación tampoco se extiende más allá de la conclusión del procedimiento y el acreedor podrá extinguir el crédito por compensación en la cantidad concurrente.

Otra problemática clásica del Derecho concursal, es la que se origina en torno a la necesidad de suspensión del devengo de los intereses de los créditos durante el concurso, que la Ley española regula con detalle (art. 59 LC). La regla general es que, desde la declaración de concurso, quedará suspendido el devengo de los intereses , legales o convencionales. Esta regla se aplica sólo a los créditos concursales y no a los créditos que ostente el concursado frente a terceros ni a los créditos contra la masa. Y únicamente a los intereses que habrán de devengarse con posterioridad a la declaración de concurso. Los intereses devengados con anterioridad tienen la consideración de créditos concursales subordinados (art. 92.3 LC). En este sentido, cuando en el crédito comunicado en el procedimiento concursal estuvieran incluidos capital e intereses habrá de deducirse del crédito la parte correspondiente a los intereses no vencidos. Además, la regla limita su eficacia al concurso de acreedores, de modo que, por un lado, cuando exista una pluralidad de deudores, solo se verá afectado el codeudor declarado en concurso, y por otro, cuando el crédito se encuentre garantizado por una garantía personal, la suspensión del devengo de intereses beneficiará al deudor principal concursado, pero no al garante.

Existen dos importantes excepciones a la regla de la suspensión del devengo de intereses: la suspensión no afecta a los créditos con garantía real, que seguirán devengando intereses aunque sólo hasta donde alcance la respectiva garantía, ni tampoco a los créditos salariales, que devengarán intereses conforme al interés legal del dinero, si bien esos intereses tendrán la consideración de créditos subordinados. Además, debe reseñarse que la suspensión del devengo de intereses de los restantes créditos concursales no tiene carácter definitivo, porque deudor y acreedores podrán pactar su pago total o parcial en un convenio que no implique quita de los créditos, y porque, en caso de liquidación, si resultare remanente después del pago de la totalidad de los créditos concursales, habrán de satisfacerse los intereses suspendidos.

En cuanto aDe tradicional y clásica puede calificarse, en fin, la controvertida cuestión del ejercicio problemática del derecho de retención en el concurso, la ley contiene una previsión específica (si bien hasta la Ley de Reforma 38/2011, no existía la Ley Concursal no contenía mención alguna a este 124derecho: v., art. 59 bis), que establece la suspensión del ejercicio del derecho de retención sobre bienes y derechos integrados en la masa activa.

Esta facultad, otorgada por la ley al obligado a la entrega o restitución de una cosa, va dirigida a retardar el cumplimiento de la obligación de entrega hasta que sea satisfecho el derecho de crédito que tiene el retentor frente al acreedor a la entrega. Por regla general, y no obstante la diversidad de manifestaciones legislativas del derecho de retención, la atribución de esta facultad no confiere a su titular preferencia alguna, de modo que el obligado a la restitución o entrega del bien habrá de concurrir con los demás acreedores del deudor concursado para la satisfacción de su crédito. En este sentido, la Ley Concursal somete el derecho de retención al concurso y supedita los intereses del retentor a los intereses del procedimiento (salvo, obviamente, que los bienes y derechos objeto de retención no formen parte de la masa activa, en cuyo caso el derecho de retención podrá ejercerse sin limitación alguna).

Durante el procedimiento concursal se suspende el ejercicio del derecho de retención, a menos que se trate de retenciones impuestas por la legislación administrativa, tributaria, laboral y de seguridad social. La suspensión se traducirá en pérdida definitiva del derecho de retención si el bien o derecho correspondiente fuera enajenado dentro del procedimiento concursal o si el retentor hubiera sido íntegramente satisfecho dentro del concurso. En cambio, si, en el momento de la conclusión del concurso, tales bienes y derechos no se hubieran enajenado y permanecieran en poder del deudor, deberán ser restituidos al titular del derecho de retención cuyo crédito no haya sido íntegramente satisfecho.

Como consecuencia de los efectos del concurso sobre las acciones declarativas y debido a la exigencia de que no se inicien contra el concursado ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, la ley dispone que, desde la declaración de concurso y hasta su conclusión, quedará interrumpida la prescripción de las acciones contra el deudor por los créditos anteriores a la declaración (art. 60.1 LC). Ahora bien, se precisa que la interrupción de la prescripción respecto del deudor no perjudicará a los demás deudores solidarios, así como tampoco a sus fiadores y avalistas (art. 60.2 LC), de modo que, la medida beneficia sólo a la acción que el acreedor pudiera ejercitar contra el deudor concursado, pero no a las acciones que ostente contra otros coobligados, dado que su fundamento no se encuentra en el ejercicio de la acción sino que constituye un efecto de la declaración de concurso.

Por esa razón, tampoco se benefician de la interrupción de la prescripción los créditos contra la masa, que pueden ejercitar sus acciones contra el patrimonio concursal (art. 84.4 LC).

También quedará interrumpida la prescripción de las acciones contra socios, administradores, liquidadores y auditores de la persona jurídica deudora (art. 60.3), lo que no siempre tiene razón de ser, y, de forma especial, la prescripción de las acciones cuyo ejercicio queda legalmente suspendido durante el concurso -como vimos, las ejercidas contra los administradores de la sociedad por incumplimiento de los deberes que les son impuestos en el supuesto de concurrencia de causa de disolución, y contra el dueño de la obra por parte del subcontratista- (v. STS de 22 de diciembre de 2014). En todo caso, el cómputo del plazo de prescripción volverá a iniciarse nuevamente en el momento de la conclusión del concurso (art. 60.4 LC).

Reglas especiales de tratamiento de determinados créditos concursales

La declaración de concurso obliga a fijar algunas reglas de tratamiento de los créditos en diferentes supuestos. En primer lugar, en el concurso de acreedores todos los créditos se computarán en dinero y se expresarán en moneda de curso legal (art. 88 LC). El cómputo de los créditos en dinero dentro del concurso permite determinar el volumen total de la masa pasiva y la importancia de cada crédito, así como fijar los quorum y las mayorías en las juntas de acreedores en caso de convenio y establecer las respectivas cuotas de satisfacción si se produce la liquidación. Esta valoración dineraria, como efecto propio del concurso, sólo alcanza a los créditos concursales, cualquiera que sea su clase, pero no a los créditos contra la masa. Se trata únicamente de una cuantificación del pasivo, de modo que los créditos ni se convierten en dinero ni se modifican. La conversión de los créditos en dinero y el vencimiento anticipado sólo se producirán en el caso de que se abra la fase de liquidación (art. 146 LC), pero las consecuencias de la regla del cómputo dinerario son importantes como medida de los derechos de los acreedores en el concurso: los créditos expresados en otra moneda se computarán en la de curso legal según el tipo de cambio oficial a la fecha de la declaración de concurso; los créditos que tuvieran por objeto prestaciones no dinerarias o prestaciones dinerarias determinadas por referencia a un bien distinto del dinero se computarán por el valor de las prestaciones o del bien en la fecha de la declaración de concurso, y los créditos que tuvieran por objeto prestaciones dinerarias futuras se computarán por su valor a la fecha de la declaración de concurso, efectuándose la actualización conforme al tipo de interés legal vigente en ese momento.

En segundo lugar, se fijan normas especiales para el tratamiento en el concurso de los créditos sometidos a condición, que no constituyen más que una aplicación de las normas comunes. Los créditos sometidos a condición resolutoria serán tratados en el concurso como créditos puros o no condicionados, de modo que disfrutarán de los derechos concursales que correspondan a su cuantía y calificación en tanto no se cumpla la condición (art. 87.1 LC). Esos créditos tienen, pues, derecho a participar en el concurso y, en consecuencia, habrán de ser satisfechos, a menos que se produzca con anterioridad el cumplimiento de la condición. Si la condición resolutoria se verificara después del pago, el acreedor deberá devolver a la masa las cantidades cobradas, sin perjuicio, además, de la responsabilidad en que dicho acreedor hubiere podido incurrir frente a la masa o frente a los acreedores (art. 87.1 in fine LC). Para asegurar la devolución de las cantidades percibidas, cuando el juez del concurso estime probable el cumplimiento de la condición, podrá, a petición de parte, acordar la constitución de una garantía (art. 87.4 LC).

Los créditos sometidos a condición suspensiva , a los que se equiparan los créditos litigiosos , serán reconocidos en el concurso como créditos contingentes sin cuantía propia y con la calificación que corresponda, admitiéndose a sus titulares como acreedores en el concurso, pero con los derechos concursales de adhesión, de voto y de cobro en suspenso (art. 87.3 LC). Por tanto, dichos créditos no deberán ser pagados, a menos que se verificara la condición. Cuando el juez del concurso estime probable ese cumplimiento, podrá, a petición del acreedor, ordenar que se constituyan provisiones con cargo a la masa activa del concurso (art. 87.4 LC). Si el crédito contingente no llegara a confirmarse, esas provisiones se utilizarán para pagar a los restantes acreedores.