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1.1. La función de Abogado en la sociedad

En una sociedad basada en el respeto al Estado de Derecho, el Abogado cumple un papel esencial. Sus obligaciones no se limitan al fiel cumplimiento de lo encomendado por su cliente. En un Estado de Derecho, el Abogado debe servir los intereses de la Justicia así como los derechos y libertades que se le han confiado para defenderlos y hacerlos valer. Su deber no consiste únicamente en abogar por la causa de su cliente sino igualmente, en ser su asesor. El respeto de la función del Abogado es una condición esencial del Estado de Derecho y de una sociedad democrática.

Por tanto, la función de Abogado impone múltiples obligaciones y deberes, legales y éticos, en ocasiones contradictorios en apariencia, que eventualmente podrían entrar en conflicto con:

  • El cliente,
  • Los tribunales y otras autoridades ante las cuales el Abogado asiste o representa al cliente,
  • Su profesión en general y cada compañero en particular,
  • El público, para el cual una profesión liberal e independiente, regida por el respeto a unas reglas que se ha impuesto a sí misma, es un medio esencial para la salvaguarda de los Derechos Humanos frente al Estado y a otros poderes e intereses.

1.2. La naturaleza de las normas deontológicas

Las normas deontológicas están destinadas a garantizar, la correcta ejecución por parte del Abogado de su indispensable función, reconocida como esencial en todas las sociedades civilizadas. La inobservancia de estas normas por el Abogado puede tener como consecuencia sanciones disciplinarias.

Las normas específicas de cada Colegio de Abogados nacen de su propia tradición. Estas normas se adaptan a la organización y al ámbito de actuación de la profesión de Abogado en cada Estado miembro; así como a los procedimientos judiciales y administrativos y a la legislación nacional. No es posible, ni aconsejable, sacarlas fuera de contexto, ni intentar extrapolar unas normas que, por su naturaleza, no son susceptibles de generalización.

A pesar de ello, las normas específicas de cada Colegio de Abogados se refieren a los mismos valores y revelan, en la mayoría de los casos, fundamentos comunes.

1.3. Los objetivos del Código

La progresiva integración de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo y la intensificación de la actividad transfronteriza del Abogado en el interior de estas áreas han hecho necesario que, en función del interés general, se definan unas normas comunes aplicables a todo Abogado de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo en su actividad transfronteriza, cualquiera que sea el Colegio
de Abogados al que pertenezca. Una de las funciones de estas normas consiste en atenuar las dificultades resultantes de la aplicación de una “doble Deontología”, como establecen, en particular, los artículos 4 y 7.2 de la Directiva 77/249/CEE y los artículos 6 y 7 de la Directiva 98/5/CE.

Las organizaciones representativas de la Abogacía, reunidas en el marco del CCBE. proponen que las siguientes normas codificadas:

  • sean reconocidas, desde ahora, como la expresión de un consenso de todos los Colegios de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo,
  • sean de aplicación con fuerza ejecutiva, en el plazo más breve posible, de acuerdo con los procedimientos nacionales o del Espacio Económico Europeo, a la actividad transfronteriza del Abogado en la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo,
  • sean tenidas en cuenta cuando se lleve a cabo cualquier revisión de las normas deontologicas internas con vistas a su progresiva armonización.

Además, los Colegios y Consejos de Abogados expresan el deseo de que, en la medida de lo posible, sus normas deontológicas internas sean interpretadas y aplicadas de conformidad con las del presente Código.

Una vez aprobada su aplicabilidad a la actividad transfronteriza, las normas del presente Código obligarán al Abogado, quedando sometido a las normas del Colegio de Abogados del que dependa en la medida en que estas concuerden con las previstas por el presente Código.

1.4. Ámbito de aplicación Ratione Personae

El presente Código se aplicará a los Abogados tal y como se encuentran definidos en la Directiva 77/249/CEE y la Directiva 98/5/CE y a los Abogados de los miembros observadores del CCBE.

1.5. Ámbito de aplicación Ratione Materiae

Sin perjuicio de la búsqueda de una armonización progresiva de las normas deontológicas internas, las presentes se aplicarán a las actividades transfronterizas del Abogado en el interior de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo. Por actividad transfronteriza se entenderá:

  1. toda relación profesional con un Abogado de otro Estado miembro.
  2. las actividades profesionales del Abogado en otro Estado miembro incluso si el Abogado no llega a trasladarse a dicho Estado.

1.6. Definiciones

En el presente Código, se entenderá:

Por “Estado miembro”, un Estado miembro de la Unión Europea o cualquier otro Estado con una profesión de Abogado en el sentido del punto 1.4.

Por “Estado miembro de origen”, el Estado miembro en el cual el Abogado adquirió el derecho a ejercer con su título profesional.

Por “Estado miembro de acogida”, cualquier otro Estado miembro en el cual el Abogado realice una actividad transfronteriza.

Por «Autoridad Competente», las organizaciones profesionales o autoridades competentes de cada Estado Miembro para determinar las normas deontológicas y para ejercer el control disciplinario de los Abogados.

Por “Directiva 77/249/CEE”, la Directiva 77/249/CEE del Consejo, de 22 de marzo de 1977 dirigida a facilitar el ejercicio efectivo de la libre prestación de servicios por los abogados.

Por “Directiva 98/5/CE”, la Directiva 98/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de febrero de 1998 destinada a facilitar el ejercicio permanente de la profesión de abogado en un Estado miembro distinto de aquel en el que se haya obtenido el título.